• La ministra Jeannette Jara destacó que la aprobación es un avance para el país, porque “quienes estamos en política, logramos ponernos de acuerdo en los temas que a la ciudadanía más le interesan”.
• El ministro Mario Marcel indicó que es una “señal poderosa al país de que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una reforma sustantiva”.

Valparaíso, 27 de enero de 2025.- El Senado aprobó la noche de este lunes el proyecto de ley de reforma previsional presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Con 40 votos a favor y 7 en contra, esa Corporación despachó la iniciativa a la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que citó este miércoles para analizar la iniciativa en su tercer trámite constitucional.

Adicionalmente, la Sala votó en particular 14 temas, como la nueva cotización del empleador, la creación del Seguro Social y sus beneficios, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), la licitación del stock de afiliados, entre otros. Todos fueron aprobados por amplia mayoría.

Junto con agradecer la aprobación tras casi un año de trámite en la Cámara Alta, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo que “estamos concentrados en honrar este acuerdo, que es un paso significativo. Como hemos señalado en otras ocasiones, es un avance importante para el país. Y no solo por el tema de pensiones, sino porque quienes estamos en política logramos ponernos de acuerdo en los temas que a la ciudadanía más le interesan”.

“Estamos conscientes de que todos los sectores políticos hemos tenido que construir este puente que se construye entre todos por el bien de nuestro país. Por eso, como el mismo presidente de la República lo ha señalado, esta es una reforma que le hace bien a Chile. No es la reforma de un gobierno, es la reforma de un país”, agregó la secretaria de Estado.

Durante la discusión del proyecto de ley, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “habiendo llegado más lejos que ningún otro proyecto que se haya discutido sobre esta materia en los últimos años, creo que este es el momento de darle una señal poderosa al país de que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una reforma sustantiva que compartimos los objetivos de esa reforma, fuimos capaces de innovar y crear nuevos mecanismos para responder a esas necesidades. Y que finalmente, con todo ese trabajo le podemos decir a los pensionados de hoy y también a los de mañana que hay una respuesta del Estado, hay una respuesta del sistema político, hay una respuesta de Chile a sus necesidades”.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado comenzó en marzo de 2024 el estudio de la iniciativa, posterior a que la Cámara de Diputados la despachara dos meses antes en primer trámite. Aunque el avance en la instancia fue lento en su inicio, en agosto el Ejecutivo y los senadores de esa Comisión acordaron, con el respaldo de la Sala, un protocolo de tramitación que estableció temas prioritarios a analizar y la metodología de trabajo. Además, comprometieron el despacho del proyecto desde el Senado este mes de enero.

Luego de meses de trabajo técnico y político, el 15 de enero el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones que recogieron los acuerdos alcanzados con parlamentarios de oficialismo y parte mayoritaria de la oposición.

En definitiva, las enmiendas crean un Seguro Social que mejorará las pensiones actuales y las de mujeres. También, incrementa el ahorro individual para fortalecer las pensiones futuras; introduce modificaciones a la regulación de la industria de las AFP, las que beneficiarán a los afiliados a través de más transparencia, más competencia y menores precios; e incrementa la PGU a $250.000, incorporando a esta a los beneficiarios de leyes reparatorias y montepiados.

Posteriormente, la iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, que aprobó los 50 artículos de implicancia fiscal que le correspondía analizar. Entre ellos, el Seguro Social, el funcionamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), los fondos generacionales, encaje, premios y castigos, sistema de cobranza previsional y la licitación de stock.

Además, se llegó a nuevos acuerdos respecto al pago de la cotización adicional durante las licencias médicas, donde el empleador quedará obligado al pago del 2,5% y los prestadores de salud al 6% y el funcionamiento del FAPP en supuestos deficitario y superavitario, entre otros.

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La reforma previsional propone la creación de un Seguro Social que entregará dos prestaciones, el Beneficio por Año Cotizado y la Compensación a Mujeres por las mayores expectativas de vida.

También considera una nueva cotización de cargo del empleador de 7% de la renta imponible. Esta se sumará al 1,5% que ya aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), con lo que los empleadores totalizarán una cotización de 8,5% en beneficio del trabajador.

Ese total se distribuirá en 4,5% para capitalización individual, con el objetivo de fortalecer las pensiones futuras. El 4% restante será administrado por el Seguro Social y tendrá la siguiente composición: con 2,5% se cubrirá las contingencias del SIS —invalidez y sobrevivencia— y la Compensación a Mujeres por mayores expectativas de vida. Con la diferencia de 1,5% se financiará el Beneficio por Año Cotizado, instrumento que mejorará las pensiones actuales y que será transitorio.

En cuanto a las características de los beneficios, la Compensación a Mujeres por la mayor sobrevida resultará en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales).

Al Beneficio por Año Cotizado accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados, umbral que permanecerá durante la primera década de vigencia de la prestación. Luego, ese requisito de acceso aumentará a 15 años cotizados. En el caso de los hombres, se beneficiarán aquellos con un mínimo de 20 años cotizados.

El alza de la nueva cotización de 7%, para alcanzar un 8,5%, se implementará con una gradualidad de 9 años. Esto podría extenderse en dos años en la medida que una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario, que se efectuará al tercer año, dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, conforme a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.

La reforma, además, considera un aumento de la PGU a $250.000. La implementación será gradual. A los seis meses de publicada la ley, el nuevo monto lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más; a los 18 meses de publicada la ley, lo recibirán los beneficiarios de 75 años o más; a los 30 meses de publicada la ley, el nuevo monto llegará a las personas de 65 años o más. Con igual gradualidad y cortes etarios accederán los beneficiarios de leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados).

Por otro lado, la iniciativa incluye cambios regulatorios a la industria previsional, que derivarán en más transparencia y competencia, con menores costos para las personas. Por ejemplo, se establece la licitación del stock de afiliados, proceso que se efectuará cada dos años y en los cuales se licitará, aleatoriamente, al 10% de los afiliados actuales.  El proceso será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años. Los afiliados podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento.

Las AFP tendrán la posibilidad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá actuar el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, deberán reportar separadamente las funciones de soporte y administración de cuentas.

Asimismo, la reforma considera diversas medidas para incrementar la densidad de cotizaciones. Entre otras, la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, modelo que busca maximizar la rentabilidad y acotar riesgos. También, un sistema de cobranza previsional centralizado, que permitirá una recuperación más eficiente de las cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República.

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