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Presidenta del CPLT valoró reconocimiento de la libertad de expresión como derecho fundamental en borrador de nuevo texto constitucional

La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental, acorde a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacado su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones.

“La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia”, afirmó. “Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla”, dijo. Asimismo, enfatizó: “como sociedad (se debe) ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor”.

Sobre la redacción propuesta planteó que “dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio”. “A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, lo que “se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos”.

De la Fuente afirmó además que “los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten”.

También se refirió a la aprobación del “pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, asegurando de esta forma la diversidad de la información”.

“Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional”, finalizó.

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Avanza el perdonazo DICOM: Proyecto que elimina registros de deudores fue declarado admisible

Proyecto contempla duras sanciones para los bancos que mantengan registros históricos de información de deudas, y suma apoyos transversales. 5 millones de chilenos serían los beneficiados.

Sorteó su primera barrera el proyecto de Ley que elimina y prohíbe el uso de datos sobre deudas impagas al 30 de abril de 2022 y que establece duras sanciones al uso malicioso de estos datos, al ser declarado admisible por la Cámara de Diputados.

“El endeudamiento es un drama que golpea a trabajadores, trabajadoras, empresarios, y emprendedoras. Los registros de deudas son una barrera para salir adelante, buscar trabajo y emprender. Con este proyecto de ley queremos ayudar a 5 millones de personas. Así reactivamos la economía, dándoles nuevas oportunidades a la gente”. señaló el diputado Daniel Manouchehri, quien es autor del proyecto. Ahora corresponderá poner en tabla la iniciativa para que sea discutido en la comisión de Economía, lo que podrá acontecer por cuanto el diputado Manouchehri es presidente de dicha Comisión.

El proyecto ha reunido apoyos transversales para su presentación, siendo firmado por las diputadas María Luisa Cordero (Independiente Chile Vamos), Sofia Cid (RN), Ana María Bravo (PS), Danisa Astudillo (PS) y los diputados Miguel Mellado (RN), Daniel Melo (PS), Boris Barrera (PC), Miguel Ángel Calisto (DC) y Alejandro Bernales (PL).

Al respecto el diputado Daniel Melo señaló: “Este proyecto de ley permitirá salir adelante a miles de vecinas y vecinos, eliminándose sus registros de deudas en Dicom, porque sé que son muchas las puertas que se cierran y muchas las posibilidades que se pierden por estar moroso en el sistema”.

El proyecto de ley señala en su articulado que “los responsables de los registros no podrán comunicar, desde la vigencia de esta ley, los datos relativos a obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 30 de abril de 2022 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta ley sea inferior a $2.500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro”.

Asimismo, “no podrán proporcionar información al titular de los datos, ni comunicar el hecho de que éste haya sido beneficiado con esta disposición. La misma prohibición será aplicable a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Para estos efectos, se considera distribuidores a las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente”.

En segundo lugar, el proyecto de ley indica que “para los efectos del artículo anterior, los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere la regla precedente, deberán eliminar todos los datos relacionados con éstas, en el plazo antes indicado”.

DURAS SANCIONES SI MANTIENEN HISTORICO

El proyecto de ley contempla duras sanciones a las entidades que conserven y utilicen registros históricos para eludir la eliminación de datos. La iniciativa apunta que “las infracciones a las reglas establecidas en la presente ley serán sancionadas con una multa a beneficio fiscal de 1.000 hasta 2.500 UTM, previo requerimiento del titular de los datos de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 16 de la ley Nº19.628. Para estos efectos, son infracciones las siguientes:

  1. a) La omisión del deber de eliminación de los datos a que se refiere el artículo segundo; y
  1. b) La utilización indebida de los datos cuya prohibición de comunicación establece el artículo primero, como asimismo, las que se encuentren en poder de organismos públicos, por parte de entidades en el proceso de crédito, y aquellas entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial.”
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Tramitación de quinto retiro se inicia la próxima semana

Una de las demandas sociales más controversiales en el inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, comenzará su proceso legislativo la próxima semana. 

En conversación con Carolina Espinoza, vocera de la Coordinadora No +AFP CONFUSAM, se analizan diversas aristas del debate y de la coyuntura previsional tanto en el parlamento, como en el gobierno y al interior de la Convención.

 

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Corte Suprema posterga fallo sobre nulidad de juicio de los Presos Mapuche de Elicura

 

 

A inicios de esta semana se aplazó la resolución acerca del recurso de Nulidad presentado por la defensa de los presos de Elicura, Contulmo. Familiares y comunidades exigen juicio justo dentro de las próximas semanas en los tribunales de justicia de Santiago.

Junto a Carla Leviqueo  integrante de las comunidades en recuperación del Lof Elicura, se ahonda en las razones que acusan de un juicio indebido, entre ellas, el recurrir a testigos protegidos por la parte acusatoria, acto por el que años anteriores la Corte Internacional declaró como contrario al derecho a la defensa por los imputados.

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Especial libros que hablan de libros y la lectura: “Cuentas pendientes” de Vivian Gornick

Con todas las mejores novedades culturales para este mes del libro y una revisión a la contingencia nacional, Jorge Salas -Koke Lector-, comparte una nueva entrega literaria que esta vez trae a la escritora y periodista estadounidense para hablar del increíble acto de leer.

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Diputados forman bancada transversal por la salud mental escolar

En conversación con el Diputado Juan Santana y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, se comenta sobre el trabajo que buscan emprender varios legisladores en pos de constituir un espacio de coordinación para promover iniciativas hacia el MINEDUC que tengan que ver con salud mental y emocional de los escolares y de la comunidad escolar en general.

Al respecto, señala el Diputado que el aislamientos social producto de las medidas de confinamiento de los últimos años han exacerbado distintas patologías en la salud mental. En esa línea expresó que han existido eventos de violencia y de convivencia escolar, para lo cual el MINEDUC ha respondido con diversos programas equipados por múltiples profesionales, por lo cual el trabajo de la Bancada podrían significar una oportunidad de robustecimiento mutuo entre las ambas iniciativas.

Acerca del espectro presupuestario el representante del Distrito N ° 4 indicó que la salud mental ha sido postergada a nivel educativo durante mucho tiempo, más aún en un sistema de enseñanza en donde los recursos están supeditados a la evaluación del desempeño de los docentes y de los centros educativos, señaló.

Respecto de la jornada escolar completa, Juan Santana indicó que hay una posibilidad de repensar estos espacios para cumplir con el rol de los establecimientos de abrirse a la comunidad escolar y territorial, logrando una mirada educativa más integral de lo que hoy se observa.

Por otro lado se refirió a la demanda por aumentar el monto de las becas de alimentación aduciendo que tras las reuniones con dirigentes y dirigentas de Confech, el planteamiento ha sido compartido con los diputados de la Comisión de Educación.

También recalcó que está la propuesta de poder utilizar la tarjeta BAES en las ferias libre con el fin promover el acceso a una alimentación sana cumpliendo así con los estándares de las exigencias alimentarias de los jóvenes y la población del país, indicó.

 

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No están los votos: Senadora Rincón no votará a favor de la Ley de Amnistía

En entrevista Verónica Verdugo, ex vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta y vocera de Mujeres por la Justicia y Contra la Impunidad, se refiere a la dilación de la tramitación de la ley de Amnistía que ya no contaría con los votos necesarios para su aprobación.

La representante aludió a una reciente reunión sostenida con la Senadora Rincón quien indicó no votar a favor el proyecto de ley, indicando que la resolución sobre la libertad de los presos de la revuelta debiese haber sido tramitada por vía judicial por jueces y fiscales.

Verónica señaló que es sumamente frustrante ver que se han sostenido reuniones con personeros del actual gobierno, puntualmente con representantes del Ministerio de justicia y si bien se ha percibido una buena disposición para reunirse con los familiares no hay soluciones concretas, precisó.

De esta manera, informó que no han existido reuniones con Interior, instancia que trata las querellas interpuestas por el anterior gobierno. Por otro lado, la vocera indicó que desde la subsecretaría de DDHH, se está anunciando una reunión en materia de reparación, siendo que la prioridad es la libertad de las y los presos por medio de una solución política, explicó.

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Amnistía Internacional señala que el Estado de Chile debe saldar deudas en materia de DDHH tras la revuelta social

En el informe anual de DD.HH. de Amnistía Internacional y dentro del capítulo de Chile, se destacó que no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación desde el estallido social, así como también entre sus recomendaciones se apuntó a una reforma estructural de Carabineros.

En entrevista con el Director Ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, se refirió a lo dicho por el general Ricardo Yáñez sobre la alineación de la institución a los derechos humanos, en la cual indicó que después de la revuelta no son suficientes la capacitaciones aludidas por el máximo representante, sino que se requiere la modificación de su doctrina para establecer mayor subordinación al poder civil, mecanismos de rendición de cuentas y una ley que regule el uso de la fuerza la que no se puede sustentar meramente en protocolos, especificó.

Sobre el gobierno indicó que el estado tiene el deber de saldar deudas como ocurrió con el retiro de de las querellas por Ley de Seguridad del Estado o con la firma del acuerdo de Escazú. Respecto al uso de la fuerza y Carabineros tiene que trabajar con la policía acorde a su rol en un estado democrático de derecho.

También señaló que en materia de reparación el estado está al debe y que programas como el PIRO (Programa Integral de Reparación Ocular) para la gente que fue vulnerada con lesiones oculares, de abuso sexual , o de familiares de personas asesinadas, se requieren planes integrales acorde a las obligaciones que el país ha suscrito.

En el sistema de justicia la situación es similar en donde abunda la no formalización en casi 11 mil causas por violaciones a los DDHH, y en donde solo hay 9 sentencias condenatorias Y ninguna con pena efectiva de cárcel. “Eso en nuestro país como en cualquier otro se llama impuridad”, sentenció Bustos por lo cual se espera que hayan medidas relacionadas con esta instancia para que sea posible avanzar en las obligaciones internacionales, concluyó.

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