Como agrupación de voluntarios dedicada a ayudar a las víctimas de secuestro de niños y niñas, reuniendo ya a más de 260 familias en nuestro país, venimos a denunciar que en un rato más se llevará a cabo la firma de un contrato para ejecutar un proyecto piloto el que rechazamos rotundamente.
Las razones para nuestro rechazo son las siguientes:
Es un contrato que va a otorgar fondos a una ONG para comprar kits de ADN international que nosotros hemos usado pero que no tiene los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019.
Los bancos de ADN internacionales son muy valiosos para entidades como las nuestras, pero generan dificultades ya que reciben test de miles de personas de todo el mundo, pero no necesariamente ingresan sus nombres reales o permiten la búsqueda de familiares a través de estas cuentas. (Tenemos experiencias muy frustrantes a raíz de ello).
Además, el banco internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad.
En marzo de 2020, el SML realizó una toma de muestras de ADN a 58 personas de nuestra agrupación de forma gratuita. Sin embargo, fue la única convocatoria y no se realizaron toma de muestras posteriormente a más personas que estaban en búsqueda y que son miles, ni tampoco se realizó una campaña de difusión que llegara a cada pueblo, a cada localidad y a cada rincón de nuestro país.
La promesa de hacer una banca de huella genética nacional, de la misma forma que se hizo la banca de ADN para los detenidos desaparecidos, fue desechada por el Ministerio de Justicia al poco tiempo de realizar la primera toma de muestras de sangre, por tener POCAS MUESTRAS. Evidentemente, el camino era seguir con la toma de muestras en todo el país, para robustecer la base de este banco y no terminar el trabajo que apenas había comenzado.
El viernes pasado nos sorprendimos con la noticia de que hoy se firmará un contrato con una de las dos organizaciones que hemos trabajado por las víctimas de tráfico de niños y niñas para adopciones ilegales o irregulares en nuestro país.
Nuestra organización no fue consultada en todo este tiempo y señalan que fue porque no tenemos personalidad jurídica. Ministro: para hacer la labor que el Estado debería hacer no hemos necesitado ni personalidad jurídica, ni dinero, ni apoyo de ningún tipo. Solo con cariño y voluntad hemos acogido a miles de familias en Chile y el extranjero y ya hemos resuelto más de 260 casos, todos comprobadamente reales, publicados en nuestro fanpage y sin cobro de ningún tipo. Para dar nuestro parecer a lo que estaban proponiendo no era necesario tener personalidad jurídica señor Larraín.
Sin embargo, se privilegió el trabajo con una ONG que ya ha recibido
$181.680.000, primero 100 millones de pesos en el primer gobierno de Piñera y diversas subvenciones de municipios y subsecretaría de Hacienda que suman $81.680.000.
Sin embargo, esa ONG tiene reclamos de organizaciones de chilenos adoptados en Suecia como Chileadoption. (entregaremos carta de esa agrupación a la prensa) También diversas personas que fueron orientadas por la ONG, han reclamado que debieron entregar dinero en circunstancias que para estas búsquedas había financiamiento y depositarlos en cuentas distintas a la de Nos Buscamos. Esta ONG empaña el espíritu solidario que tenemos con las víctimas de aberraciones tan terribles como el secuestro de niñas y niños. Exigimos de parte del ministerio de Justicia una investigación exhaustiva y una auditoría a esta ONG y avisamos que presentaremos solicitud en Contraloría para revisar de qué manera se ha gastado el dinero de todos y todas las chilenas.
Hoy señalamos lo siguiente: los recursos que pueda entregar el gobierno debe ir a fortalecer el trabajo judicial que realiza el Ministro Jaime Balmaceda y a los jueces que llevan causas de derechos humanos. Asimismo, se debe pagar un software especial para facilitar el cruce de datos y aumentar la dotación de detectives que integran el equipo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
El Ministro ha actuado en forma arbitraria y poco transparente al no haber considerado a nuestra agrupación, una de las más importantes en esta área, pues sabe que no estamos de acuerdo con que no se cerrará el banco de
huellas genética nacional. Esta actitud, de querer delegar en una ong la responsabilidad del Estado, nos parece una decisión irresponsable y facilista.
Solicitamos detener esta firma de contrato poco transparente y que el Estado se haga cargo de esta grave violación a los Derechos Humanos de miles de familias en nuestro país.
Para ello solicitamos: restitución y difusión del banco de huella genética nacional; el otorgamiento de mayores recursos al poder judicial para el avance de las causas vinculadas a ésto y, lo más importante, la creación de la Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación que actúe en forma similar a la Comisión Rettig, para poder cuantificar y cualificar las de víctimas de adopciones ilegales.
Solicitamos no dejar amarrados, al final de un gobierno, formas de trabajo que no consideramos sean las más adecuadas y pedimos al nuevo Gobierno involucrarse en el tema planteado y asegurar vías transparentes para ejecutar las políticas adecuadas en beneficio de las víctimas.
Hijos y Madres del Silencio
