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Presentan propuesta de reparación en salud integral a personas, familias y comunidades afectadas por la violencia estatal en Chile desde octubre de 2019 a la fecha

Propuesta que la Coordinadora de DD.HH. de colegios profesionales elaboró y fue presentada en agosto en la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional. 
Esta propuesta se trabajó durante 8 meses apoyándose en la experiencia del Prais y realizando grupos focales con las coordinaciones de presos políticos de la revuelta, víctimas de trauma ocular y otras coordinaciones. Luego se expuso ante todas ellas y otras organizaciones quienes la definieron como “la mejor propuesta presentada”. 
La subcomisión encargada decidió darla a conocer no solo a las organizaciones sino también a la clase política y el mundo social, entendiendo que es allí donde depende su aprobación (Ejecutivo y Legislativo). 
La factibilidad de esta propuesta reposa en que se cumpla la norma 88 que debió cumplir la Subsecretaría de Salud Pública cuando se mandató al Minsal dar reparación a todas las víctimas y familiares de la dictadura. La Coordinadora exige que esa Norma se cumpla pero abriéndola desde octubre del 2019 sin poner fecha de término en cuanto a brindar la reparación integral a todas las víctimas , familiares y comunidades.
 
Conozca la propuesta íntegra:

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Servel dispuso la disolución de 12 Partidos Políticos de conformidad a la Ley

Servel ha dispuesto la disolución de 12 Partidos políticos, basándose en el artículo 57 de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que dispone que los partidos políticos se disolverán por no alcanzar el 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados y diputadas, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas.

La normativa añade que la disolución del partido político, para todos los efectos legales, se formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el registro de partidos políticos, la que será efectuada por el Director del Servicio Electoral, previa resolución del Consejo Directivo del Servicio Electoral que así lo disponga.

El 18 de enero de 2022 el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel comunicó al Servicio Electoral los resultados definitivos de la elección de diputados de 2021. Los partidos que no alcanzaron el umbral antes citado fueron:

PARTIDOS:
PARTIDO HUMANISTA
PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
CIUDADANOS
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE DEMÓCRATA
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
IGUALDAD
NUEVO TIEMPO
UNIÓN PATRIÓTICA
PARTIDO NACIONAL CIUDADANO
PARTIDO CONSERVADOR CRISTIANO
CENTRO UNIDO
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En la Comisión de Sistema Político: Pueblo Afrodescendiente presentó su iniciativa de norma popular para ser reconocidos constitucionalmente

Tras haber superado el número de patrocinios para su Iniciativa Popular de Norma, hoy la MesaTécnica Política Tribal Afrodescendiente expuso en la Comisión N°1 Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención Constitucional con el fin de avanzar en el reconocimiento constitucional del pueblo afrodescendiente chileno.

En la oportunidad, la abogada Camila Rivera de la Mesa Política Tribal Afrodescendiente, expuso los argumentos históricos y de legislación internacional que respaldarían este reconocimiento, además de dar a conocer la propuesta del articulado. “El pueblo afrodescendiente hizo un esfuerzo para poder exponer de manera presencial y entregar los argumentos tanto de derechos históricos, como antropológicos y del porqué debieran aprobar la iniciativa popular constituyente que presentó el pueblo y la mesa técnica política. La recepción fue muy muy buena, todos agradecieron la instancia de poder dialogar de manera presencial y contar nuestra historia y cuales fueron las motivaciones de esta iniciativa”, indicó Camila Rivera, quien agregó que en la oportunidad los convencionales hicieron preguntas relativas a la institucionalidad, a la autoidentificación,  a las cifras que podrían permitir dar el reconocimiento constitucional, “apoyando por supuesto esta inclusión del pueblo afrodescendiente porque entienden que es una situación de derechos que responde a los instrumentos internacionales de protección y  la ley que está vigente en nuestro país”.

Por su parte, Marcos Llerena, integrante de la Mesa Tribal, señaló “hemos debido entregar argumentos a las y los constituyentes donde hemos estado exponiendo, identificando y mostrando nuestra existencia y nuestra necesidad de tener un espacio en la futura constitución, donde podamos tener el derecho de existir como comunidad”.

CONSTITUYENTES

En tanto, Carolina Videla, convencional del Distrito 1, quien ha acompañado esta visibilización de la afrodescendencia dentro de la convención destacó que, “hoy se abren los caminos para el reconocimiento constitucional del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y que además va a establecer los mecanismos para que gocen de todos los derechos como pueblo tribal y también puedan tener los mecanismos para su libre determinación. Para nosotros y nosotras los constituyentes que hemos estado acompañando y siendo la voz también al cual le ha sido negado su derecho de estar con un escaño reservado al interior de la convención, es un acto también de justicia, así que estamos muy satisfechas. Fue una jornada muy emotiva”.

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Gobierno saliente despide equipos de salud, desmantela hospitales de campaña y quita recursos para enfrentar la pandemia abandonando al país a su suerte

No resulta raro que los casos de Coronavirus se encuentren en ascenso y que los centros asistenciales empiecen a levantar la voz para denunciar la falta de recursos, para enfrentar la preocupante situación.
Los trabajadores de Fenats Nacional, denuncian el abandono de deberes del Estado frente a la pandemia, a pocos días de dejar el poder. Emplazan al ministro de la cartera, Enrique Paris y a los equipos directivos, a cumplir su deber hasta el último día.
Denuncian el despido masivo de los equipos médicos de refuerzo que se contrataron para enfrentar la crisis sanitaria, sin considerar el cansancio físico y mental de los funcionarios, que no han cesado de trabajar durante los dos últimos años, ni las observaciones de los organismos especializados. A ello se suma el desmantelamiento de los hospitales de campaña que funcionaron en regiones, volcándo aún más la sobrecarga laboral hacia los centros hospitalarios de la Región Metropolitana.
Además, acusan el despido masivo de los equipos encargados de la trazabilidad; hace un par de semanas se desvinculó a cientos de trabajadores que llevaban control telefónico de los contagios.
Los dirigentes de Fenats Nacional critican el absurdo recorte de presupuesto destinado a elementos de protección básicos, como las mascarillas quirúrgicas, entre otros, y el relajo de las medidas de seguridad contra la propagación del virus.
“Hoy sumamos 35.197 nuevos casos positivos y lamentamos la muerte de 82 personas a causa de la pandemia. Llamamos a la población a no subestimar la gravedad de la enfermedad, ni de la variante  Omicron, a no descuidar las medidas de protección, para no colapsar la red asistencial. Emplazamos a las autoridades a no ababandonar el barco antes de tiempo, porque la salud de la población es deber del Estado, más allá de los procesos políticos”, señaló Karen Palma, nueva presidenta de Fenats Nacional.
“Las autoridades no están respondiendo a la contingencia. Están actuando con total desinterés ante la crisis sanitaria”, concluyó.
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Derecho a la identidad de origen en la nueva Constitución: La norma que podría reunir a miles de familias que les robaron sus hijos/as

(Por Ana María Olivares, Periodista). Se presentó la iniciativa de norma constitucional que, de ser aprobada, consagraría el derecho a la identidad de origen en la nueva Constitución. La convencional por la región de Atacama y militante del Partido Comunista (PC), Ericka Portilla, junto a sus pares María Magdalena Rivera, Wilfredo Bacian, Isabel Godoy, Lissete Vergara, Natividad Llanquileo, Tania Madriaga y Victorino Antilef, patrocinaron la propuesta que podría ser el avance más importante en este período para miles de familias que esperan reencontrarse con sus hijos robados y especialmente por aquellos que fueron dados en “adopción” en forma irregular en Chile y el extranjero. Estos últimos cuentan con muy pocos o ningún dato para encontrar a sus familias de origen y como miles de familias han acudido a la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS) para poder encontrar a sus familiares.

La convencional Ericka Portilla señaló que “es vital establecer el derecho a la identidad de origen porque es la manera que tienen centenares de familias de recuperar a esos hijos/as que les arrebataron y que hoy no tienen cómo recuperar. Es por ello que esta es una manera de reparar lo que las mismas instituciones del Estado vulneraron”.  Según proyecciones del poder judicial, que ha designado al juez Jaime Balmaceda como ministro en visita para esta causa, los casos podrían superar a las 20 mil familias en el período que va entre 1965 y 2004, con una fuerte alza en el período de la dictadura de Pinochet, donde se coludieron jueces de menores, asistentes sociales, médicos, matronas y abogados, entre otros, que trabajaban en distintas instituciones del Estado y cuya venta de niños y niñas -muchos recién nacidos- les valió obtener importantes ganancias.

Para la agrupación HMS, que colaboró con la propuesta, esta iniciativa es de tremenda relevancia porque “abre una puerta para exigir que diversas instituciones públicas y privadas colaboren efectivamente en la entrega de información a estas personas que no saben de donde provienen. Hablamos de hospitales, archivos del registro civil, clínicas, hospitales de las FFAA y hogares de menores, entre muchos otros” señala Marisol Rodríguez, vocera de esta agrupación de voluntarios que buscan reunir familias y generar antecedentes para obligar al Estado a reconocer estas graves violaciones a los DDHH.

“Yo soy mapuche y quiero tener los mismos derechos”

Junto con ello, esta iniciativa podría ayudar a miles de niños y niñas, hoy adultos, a recuperar su identidad étnica, pues una proporción importante de ellos y que se encuentran en al menos 19 países, tienen orígenes en los diferentes pueblos originarios de nuestro país.

María Diemar es chilena y fue adoptada en Suecia. Su certificado de nacimiento chileno señala que no tiene padres y su nombre y apellidos son los que le dieron sus padres suecos. Ella es vocera de la agrupación de chilenos adoptados en Suecia Chileadoption y descubrió que su origen es casi un 98% mapuche gracias a pruebas de ADN internacional. María encontró a su familia hace algunos años y se reconoce cada día como una mapuche. “Ser indígena significa mucho para mí como persona, y por supuesto quiero tener los mismos derechos como hubiera tenido si no me hubiesen robado de mi mama. Quisiera ser mapuche en los registros porque yo soy mapuche, mis hijos y sus hijos también son mapuches. Quisiera ser parte de mi mundo y acceder a cursos para aprender el idioma y la cosmovisión…” De hecho, formaron un grupo liderado por Alina, una adoptada mapuche en Alemania, quien aprendió su idioma originario y hoy vive en el Wallmapu, y les enseña a María y otros adoptados mapuches el idioma, la cultura, sus costumbres.

“La necesidad de reconocerse en los ojos de otros es de una importancia vital. Cuando llegan los adoptados chilenos desde el extranjero muchos no quieren volver a su país, sienten que reconocen hasta los olores, se sienten en paz y en casa. Imagina cuando conocen el Wallmapu, es algo que no se puede explicar” comenta Marisol.

Para el presidente de la Comisión Chilena de DDHH, Carlos Margota, señala que “lo que debe hacerse con estas normas, es que deben ingresarse y mejorar su redacción en la discusión de la Convención (porque) el objetivo de esta norma es muy relevante”.

Artículo propuesto a la Convención:

Toda persona tiene derecho a la identidad de origen y biológica, accediendo a información sobre su progenitora y progenitor, incluyendo antecedentes médicos, y el Estado debe llevar adelante las medidas necesarias para consagrar este derecho.

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Indefensión y vergüenza: Algunas razones de las víctimas de acoso sexual para no denunciar

Según la Encuesta STOP Acoso, realizada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, un 87.6% de las víctimas decide no dar a conocer los hechos. La mayoría de las personas encuestadas siente que denunciar trae más problemas que beneficios.

Durante el año 2021, el Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad de O’Higgins llevó a cabo la Encuesta STOP Acoso, un esfuerzo por conocer la realidad del acoso sexual en la región. Los resultados evidenciaron que se trata de una acción muy frecuente y peligrosamente normalizada, que se da en múltiples contextos: espacios públicos y virtuales, educacionales, laborales y familiares. Un 94% de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de acoso en algún punto de su vida. Sin embargo, otra cifra resalta dentro del estudio:  el 87.6% decidió no denunciar.

Estos resultados sugieren que muchas víctimas, muy mayoritariamente mujeres, no llegan a considerarlo como un tipo de violencia sexual, y con bastante frecuencia la denuncia se considera inútil o una fuente de problemas adicionales.

Rocío Angulo, doctora en psicología y directora del ICSO, explicó que para este estudio se definió el acoso como cualquier acto de significación sexual que afecta a una persona que no haya consentido en éste. En esta categoría se encuentran los comentarios sobre el cuerpo, las tocaciones, captación de imágenes de partes íntimas o requerimientos de actos para la satisfacción de otras personas que resulten humillantes o intimidantes.

Las razones que esgrimen quienes participaron del estudio para no llevar adelante alguna denuncia son múltiples. La más común se relaciona con sentimientos de vergüenza (53.24%), seguida por la interpretación de que el evento no fue lo suficientemente grave (47.65%), las dudas de poder demostrar el hecho (42.73%), no querer que otras personas se enteren (40.49%) y tener la certeza de que la denuncia les traería más problemas (35.57%).

Aún más desalentador resulta que aquellas personas que se atrevieron a realizar la denuncia formal no tuvieron buenos resultados.  Sólo el 9.8% llegaron a término y menos del 6% reportaron estar satisfechas o satisfechos con el tratamiento de la denuncia.

“Se trata de datos dramáticos que reflejan una situación compleja respecto del acoso sexual, que a veces es considerado la forma menos grave de violencia sexual y que, como hemos visto, en realidad no es menos inocua”, sostuvo Rocío Angulo. “No es algo que pueda ser considerado cultural o legalmente como poco importante o grave puesto que se constatan cambios notables en el comportamiento de las víctimas, principalmente de evitación, presumiblemente derivados de la ansiedad y/o miedo que produce este tipo de experiencias”, detalló.

Vergüenza y culpabilidad: dos caras de una misma moneda

La doctora Rocío Angulo comentó que “hay una diferencia entre sentirse avergonzada y culpable. Una puede sentirse avergonzada en una situación de acoso por el grado de exposición pública en la que queda como víctima, y a la vez sentir que no ha sido culpa suya en absoluto. En cualquier caso, creo que es importante destacar que en ambos casos estas emociones se presentan por la concepción cultural que aún tenemos del acoso sexual”.

En su análisis resalta que los datos evidencian que “seguimos poniendo el foco en la apariencia y la conducta de las mujeres como factores explicativos del acoso. En simple, si has sido acosada es porque vas vestida de forma provocativa, porque ibas sola de noche, o por haber tomado alcohol. Esto hace que los sentimientos de las mujeres como víctimas se vuelvan hacia si mismas, cuando es muy evidente que es otra persona, generalmente un hombre según nuestra encuesta, quien exhibe un comportamiento inaceptable”.

Desesperanza ante la denuncia

Si ya es difícil para las victimas denunciar, quienes se atreven a dar a conocer su experiencia no obtienen los mejores resultados. “Aparentemente denunciar formalmente no sirve de mucho en la actualidad, y además, según las respuestas de las encuestadas, creen que pueden suponer un problema adicional. Desde luego, no es el mejor escenario para que el acoso sexual se erradique de nuestra sociedad, pues deja la acción sin consecuencias para el agresor que entonces difícilmente tenderá a corregirla”, comentó la Dra. Angulo.

La académica de la Universidad de O’Higgins piensa que el abordaje legal es difícil pues incluso a veces la definición de las conductas que definen acoso es compleja: “Por ejemplo, ¿usted consideraría que un comentario fuera de tono e intimidador en la micro, debiera llevar a una sanción penal? ¿Y si la hace un menor de edad por ejemplo? Es una conversación compleja. Pero en cualquier caso este tipo de conductas tienen un impacto en la víctima”.

“En nuestra encuesta las mujeres reportan que después de haber sido víctimas de acoso, cambian su ruta, su forma de vestir, piden que les acompañen para moverse por el espacio público, entre otras cosas. Son conductas básicamente de tipo evitativo que aparecen normalmente por miedo y ansiedad y que suponen una restricción notable de nuestra libertad de movimiento. Por lo tanto, no son sucesos inocuos y deben desaparecer”, destacó.

Intervención temprana

A pesar de que los datos en torno al acoso son bastante negativos, la doctora Rocío Angulo indicó que el estudio arrojó una cifra que, a pesar de ser preocupante, abre una ventana para la intervención temprana.

“Según los datos de nuestra encuesta, un porcentaje notable de mujeres, cerca del 70%, confirmó haber sufrido algún tipo de acoso sexual durante la educación media, y casi en el 80 % de los casos ésta fue ejercida principalmente por sus compañeros. En este escenario, creemos que la educación media ofrece un excelente contexto para desarrollar programas de educación sexual integral que prevengan el acoso sexual mientras promueven formas de relación más saludables”, comentó.

La encuesta se llevó a cabo de manera online entre junio y septiembre del presente año. Participaron 844 personas, la mayoría mujeres, llegando al 85.19% del total. El promedio de edad fue de 33 años, un 35.95% de las personas encuestadas tienen educación superior completa, mientras que un 55.46% estaban trabajando al momento de responder.

Los resultados del estudio se pueden revisar en el siguiente link: https://drive.google.com/folderview?id=1iNaDJOKXFpp1nvuoUkQY9OgcaE7pJXZA

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Corte de Apelaciones de Santiago ratifica orden del CPLT de entregar correos electrónicos de autoridades de salud en pandemia

La Subsecretaría de Salud tiene 5 días hábiles para cumplir con la decisión de la novena sala fechada este lunes 31, y permitir el acceso a mails enviados y recibidos de cuentas institucionales del ministro Paris, el ex ministro Mañalich, la ex subsecretaria Daza y otras autoridades del MINSAL durante la emergencia sanitaria.

La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Ministerio de Salud en contra de la decisión (rol amparo C-7827-20) del Consejo para la Transparencia, ratificando así la orden que dicho organismo dio a la institución de salud para hacer entrega de copias de los correos electrónicos de cuentas institucionales del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, su sucesor, Enrique Paris, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entre otras autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL), en el marco de la gestión de la emergencia por Covid-19.

La solicitud de los correos entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020, fue realizada por un profesional de la prensa y acorde a lo establecido por éste ante el CPLT al presentar su caso, no habría sido respondida por la Subsecretariá de Salud Pública en los tiempos y forma establecidos por la normativa vigente en materia de acceso a la información pública.

Esto último fue ratificado por el tribunal de alzada, el que plantea en su fallo que la Subsecretaria de Salud no habría evacuado sus descargos de la forma que exige la Ley de Transparencia. Con respecto a ello indica que los descargos del Ministerio de Salud fueron enviados al Consejo para la Transparencia el 14 de junio de 2020, cuando éste ya había dictado la decisión.

En este pronunciamiento, la Corte además se refiere a algunos de los descargos tanto por la Subsecretaría como planteados por el ministro Paris, quienes alegaron reserva de esta información por afectación a la seguridad de la nación o interés nacional. En este sentido, los integrantes de la novena sala del tribunal ponen de manifiesto, en la misma forma que lo hace el Consejo, que para justificar la reserva no sólo vale presumirla, sino que debe demostrarse, y al no haber realizado su presentación ante el Consejo acorde a la ley éste no habría podido pronunciarse sobre dichos descargos de fondo.

Tras la decisión, la Subsecretaría tiene 5 días hábiles para cumplir con la entrega de los correos electrónico a la persona que las solicitó, contados desde la fecha en que la sentencia quede firme.

El requerimiento incluye las comunicaciones enviadas y recibidas desde su cuenta institucional de Carlos Sans, ex director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el ex jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos, y de la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, y Johanna Acevedo.

Razones del Minsal para denegar el acceso

En el fallo del tribunal se registran los alegatos del ministro de Salud, Enrique Paris (vía Ord. A/102 N° 1814 del 14 de mayo de 2021) quien –como tercero involucrado- manifestó diversas razones para negar el acceso a los correos. Entre otras: que el contenido de la información refiere al estado de salud de personas y que está protegida actualmente por Ley Nº 19.628 y la Ley Nº 20.584; y “que si se entendiera que los correos electrónicos no fueran privados, no se requeriría de una orden judicial para entregarlos, y que la Corte Suprema restringió el acceso de los mismos a aquellos que solo fueran necesarios para esclarecer la causa, lo que evidencia su calidad”.

Los representantes del Minsal apuntaron además a la cantidad de correos y al tiempo que deberían destinar funcionarios de la cartera a la búsqueda, clasificación, sistematización y procesamiento de más de150.000 correos electrónicos, que incluye el tarjado de datos personales y sensibles, aludiendo a que la preocupación principal del personal de salud es el manejo de la pandemia por COVID-19.

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Presidente electo completó su equipo de gobierno con nominación de subsecretarios/as. Est@s son ministros/as y subsecretarias/os:

El Presidente electo Gabriel Boric hizo oficial el nombramiento de sus subsecretarías de Gobierno. De esta forma el gabinete ministerial ya está completo y confirmado para el próximo período presidencial que comienza el 11 de marzo de este año.

Una nómina que cuenta con 20 hombres y 19 mujeres -respondiendo a la lógica de la paridad– y que tiene una fuerte presencia de Apruebo Dignidad, la coalición del Presidente electo. De hecho, son 24 militantes de partidos o movimientos del bloque que liderarán una subsecretaría.

En detalle, la nómina se divide en ocho militantes de Revolución Democráticaseis del Partido Comunistaseis de Convergencia Social y una subsecretaría para el Frente Regionalista Verde SocialFuerza ComúnAcción Humanista y Comunes. Además, a diferencia de los ministerios, la designación cuenta con la presencia de una representante del pueblo mapuche: Verónica Figueroa Huencho, quien asumirá la subsecretaría de Educación Superior.

Para el bloque socialdemócrata (es decir, partidos de la exconcertación, a excepción de la DC), dos subsecretarías quedaron en manos del Partido por la Democracia (PPD) y dos en las del Partido Socialista (PS). En tanto, hay once independientes.

Respecto al comité político, la independiente Luz Vidal, trabajadora de casa particular y dirigente social estará al mando de la subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. La antropóloga social y militante de Fuerza Común, Valeska Navarro, liderará la subsecretaría General de Gobierno.

La subsecretaría General de la Presidencia queda en manos de Lobos y Hacienda estará a cargo de Sanhueza.

Ministerio de Interior y Seguridad Pública: Izkia Siches

Ministerio de Relaciones Exteriores: Antonia Urrejola

Ministerio de Defensa Nacional: Maya Fernández

Ministerio de Haciencia: Mario Marcel

Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Kenneth Giorgio Jackson

Ministerio Secretaría General de Gobierno: Camila Vallejo

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: Nicolás Grau

Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Jeanette Vega

Ministerio de Educación: Marco Ávila

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Marcela Ríos

Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Jeannette Jara 

Ministerio de Obras Públicas: Juan Carlos García

Ministerio de Salud: María Begoña Yarza

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Carlos Montes

Ministerio de Agricultura: Esteban Valenzuela 

Ministerio de Minería: Marcela Hernando

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Juan Carlos Muñoz

Ministerio de Bienes Nacionales: Javiera Toro

Ministerio de Medio Ambiente: Maisa Rojas

Ministerio del Deporte: Alexandra Benado

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: Antonia Orellana

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conociendo e Innovación: Flavio Salazar

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Julieta Brodsky

Ministerio de Energía: Claudio Huepe

Dirección de Presupuestos: Javiera Martínez Fariña

Subsecretaría del Interior: Manuel Monsalve Benavides

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: Miguel Crispi Serrano

Subsecretaría de Prevención del Delito:  Eduardo Vergara Bolbaran

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Ximena Carolina Fuentes Torrijo

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: José Miguel Ahumada Muga

Subsecretaría de Defensa: Fernando Ayala González

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: Galo Eildestein Silber

Subsecretaría de Hacienda: Claudia Sanhueza Riveros

Subsecretaría General de la Presidencia: Macarena Lobos Palacio

Subsecretaría General de Gobierno: Valeska Naranjo Dawson

Subsecretaría de Economía: Javiera Petersen

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Julio Salas Gutiérrez

Subsecretaría de Turismo: Verónica Ilse Kunze Neubauer

Subsecretaría de Evaluación Social: Paula Poblete Maureira

Subsecretaría de Servicios Sociales: Francisca Perales Flores

Subsecretaría de la Niñez: Rocío Faúndez García

Subsecretaría de Educación: Nicolás Cataldo Astorga 

Subsecretaría de Educación Superior: Verónica Figueroa Huencho 

Subsecretaria de Educación Parvularia: María Isabel Díaz Pérez

Subsecretaría de Justicia: Jaime Gajardo Falcón

Subsecretaría de Derechos Humanos: Haydee Oberreuter Umazabal

Subsecretaría del Trabajo: Giorgio Boccardo Bosoni

Subsecretaría de Previsión Social: Christian Larraín Pizarro

Subsecretaría de Obras Públicas: Alfredo Gutiérrez Vera

Subsecretaría de Salud Pública: Cristóbal Cuadrado Nahum

Subsecretaría de Redes Asistenciales: Fernando Araos Dattoli

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Tatiana Rojas Leiva

Subsecretaría de Agricultura: José Guajardo Reyes

Subsecretaría de Minería: Willy Kracht Gajardo

Subsecretaría de Transportes: Cristobal Felipe Pineda Andradez

Subsecretaría de Telecomunicaciones: Claudio Araya San Martín 

Subsecretaría Bienes Nacionales: Marilen Cabrera Olmos

Subsecretaría de Energía: Julio Maturana Franca

Subsecretaría del Medio Ambiente: Maximiliano Proaño Ugalde

Subsecretaría de las Culturas y de las Artes: Andréa Gutiérrez Vásquez

Subsecretaría del Patrimonio Cultural: María Paulina Soto Labbé

Subsecretaría de Deportes: Antonia Illanes Riquelme

Subsecretaria Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Luz Vidal Huiriqueo

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Carolina Gainza Cortés 

Subsecretarías - Equipo de Gobierno

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Transparencia oficia a Transportes por “Pasaje QR” solicitando antecedentes para conocer las condiciones de tratamiento y resguardo de datos personales

Como lo ha hecho en casos anteriores y en orden a un eventual tratamiento masivo de información personal y sensible por parte de esta entidad pública y otras instituciones, el Consejo para la Transparencia envió comunicación a la cartera para requerir antecedentes que permitan evaluar si ésta cuenta con la base legal para pedir y tratar dicha información y para determinar cuáles son las condiciones de resguardo bajo las cuales se implementará este servicio.

Con el fin de solicitar una serie de antecedentes que permitan determinar las condiciones de resguardo bajo las cuales el Ministerio de Transportes cumpliría con la normativa vigente en materia de protección y tratamiento de datos personales al implementar sistemas de pago y recargas automáticas con código QR para el Transantiago, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició a la cartera este lunes 31 de enero (Nº 9).

A través del documento se solicita información sobre 11 puntos vinculados, entre otras cuestiones a: competencias legales del MTT, con indicación a la normativa, para solicitar y tratar datos personales para implementar el sistema de pago; la forma en que el organismo cumple con una serie de principios establecidos en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada; detalles vinculados al cumplimiento de la ley de protección de datos personales en lo relativo a la obligación de informar a los titulares sobre los usos de sus datos, incluyendo la eventual comunicación, así como a quiénes se les otorgará acceso a su información personal.

El objetivo del oficio es, acorde al texto solicitar la colaboración del MTT con el objeto de que proporcione los antecedentes para “observar la forma en que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones otorga, respecto del sistema de pago referido, cumplimiento a la LVPV –Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada- en el contexto del derecho fundamental a la protección de los datos personales” consagrado en la Carta Fundamental (artículo 19, numeral 4 de la Constitución)”.

¿Por qué se piden estos antecedentes?

En los puntos 4 y 5 del citado oficio se hace referencia a las facultades que el Consejo para la Transparencia tiene en este ámbito (a partir de los literales k y m del artículo 33 de la Ley de Transparencia Nº 20.285) y las recomendaciones que envió dicha entidad a los órganos de la administración central del Estado con la finalidad de “otorgar criterios jurídicos orientadores” para el debido resguardo de los datos personales que se encuentran en su poder (resolución exenta Nº 394, del 30 de noviembre de 2020), y que fueron publicadas en el Diario Oficial (7 de diciembre de ese mismo año).

“Es a partir de una serie de recomendaciones y regulaciones, incluyendo la facultad que se establece en la ley de protección de datos personales Nº 19.628, y del reconocimiento constitucional de su resguardo, que hemos solicitado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones información sobre el nuevo sistema de pago con código QR recientemente anunciado”, detalló la titular de Transparencia, Gloria de la Fuente.

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Ingresan Iniciativa de Norma para garantizar los principios de verdad y justicia ante violaciones de derechos humanos

Constituyentes de diversos colectivos en conjunto con organizaciones de DDHH, presentaron la iniciativa de norma que reconoce el derecho de toda persona a no ser víctima de desaparición forzada, víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, junto con normas dirigidas a establecer el deber del Estado de buscar a las personas desaparecidas, además de prevenir, investigar y sancionar estas graves violaciones a los DDHH y otros crímenes de lesa humanidad, además de consagrar el derecho a la memoria desde un abordaje integral que considere su relación con los derechos a la verdad y a la justicia.

La norma fue presentada hoy, por la convencional del Distrito N°1 Carolina Videla, acompañada de los convencionales Marcos Barraza, Manuel Woldarsky y Nicolás Núñez y de representantes de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Red Sitios de Memoria, Agrupación de Ex Presos Políticos, PRAIS Recoleta, y destacados luchadores sociales como Laura Atencio  (hija del ejecutado político regidor y diputado Vicente Atencio Cortés) Leila Nash (hermana Michel Nash) y  el abogado Francisco Bustos.

“La norma constituyente que hemos ingresado hoy viene a reflejar la urgencia de establecer desde la nueva constitución la obligatoriedad del Estado de poder establecer el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral, y también establecer las garantías de no repetición y el derecho a la memoria para poder resignificar desde el pasado y construir culturas de paz”, señaló la Convencional Constituyente Carolina Videla Osorio, autora de la norma.

Videla agregó que la norma “busca garantizar a las nuevas generaciones que en Chile nunca más se van a violar los derechos humanos. Y también establecer el fin a la impunidad y lo que este país tiene pendiente en materia de verdad y justicia. Esto busca que en nuestro país nunca más se dictamine justicia en la medida de lo posible, ni reparación simbólica”.

La  propuesta de norma que consta de 6 articulados con los siguientes títulos: Prohibición de la desaparición forzada; Prohibición de la tortura y de toda pena y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; Deberes de prevención, investigación y sanción; Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos; Derecho a la verdad y El derecho a la memoria,  fue firmada por los convencionales  Carolina Videla, Nicolás Núñez, Bárbara Sepúlveda, Constanza San Juan, Manuel Woldarsky, Manuela Royo, Roberto Celedón, Valentina Miranda, Hugo Gutiérrez, Ivanna Olivares, Mario Vargas, María Rivera, Lidia González, Cristina Dorador , Alejandra Pérez y Alejandra Flores.

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