El académico UOH Patricio Saavedra indica que la percepción pública, los hechos de violencia recientes y la muerte de una policía en Quilpué fueron parte de los detonantes de una maratón parlamentaria –en las últimas horas- que busca mejorar el panorama y hacer frente al crimen organizado.

La muerte de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, fue un punto de inflexión para la política local esta semana. El parlamento decidió dedicarse a trabajar en leyes que permanecían estancadas y el gobierno hizo un cambio en el tono de las declaraciones, trastocando la agenda programada a la fecha.

Para el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Patricio Saavedra, lo del frenesí por legislar no es algo tan inesperado ni tan descabellado. “Existe un hecho grave. La muerte de una carabinera. Pero además tiene que ver con que esto es parte de una seguidilla de ataques a la policía por parte de delincuentes o personas que pueden estar involucradas en el crimen organizado. Entonces, se da en una lógica de que estamos frente a una crisis de seguridad importante y este apuro por legislar penas más altas se da dentro de este contexto”, puntualizó el Doctor en Psicología.

Para Saavedra no se trata de un arrebato irracional que no responda al interés de las personas, “es un cuadro mucho más amplio y tiene que ver con la crisis de seguridad pública en la que se encuentra el país. Es una crisis bastante importante, que afecta el diario vivir de la mayoría de las personas, así como también los proyectos a mediano y largo plazo que tengamos como sociedad en términos políticos y económicos”, añade.

“Lo irreflexivo podría estar en qué hay medidas o propuestas que son desmesuradas y, en ese sentido, el gran problema no es que se busquen medidas para resguardar a Carabineros y apoyar su gestión, sino que hasta qué punto estamos dispuestos a dar atribuciones a los funcionarios del orden, las condiciones para ello, y qué mecanismos de control se establecen para asegurar la efectividad y legitimidad de esos procedimientos”, explica el académico.

Para el Dr. Saavedra esta situación permite que figuras de los extremos políticos “adquieran tribuna en los medios de comunicación para instrumentalizar la situación y obtener réditos políticos de ella. Personas que, en este contexto donde prima una alta polarización política, se muestran como paladines o justicieros que, a través de medidas de alta exposición pública, pero de poco impacto efectivo, o declaraciones incendiarias pretenden hacer creer a la ciudadanía que solucionar los problemas de seguridad que nos aquejan es un mero asunto de voluntad”, indica.

El académico también señala que la acción de este tipo de figuras sería contraproducente, “ya que en vez de ayudar a solucionar la grave situación que atraviesa el país, solo logran dividir aún más a la ciudadanía y desacreditar la imagen de las instituciones que efectivamente podrían combatir el crimen”, puntualiza.

El experto añade que estos extremos, -“especialmente en la derecha más tradicional”- tienden a proponer penas más duras, “muchas veces para buscar réditos políticos sin vislumbrar cuál es el posible impacto a mediano y largo plazo de las medidas. ¿Penas más duras para qué? ¿Para meter más gente a la cárcel? Es sabido que nuestro sistema carcelario no asegura una reinserción social efectiva y muchas veces la situación de quiénes son recluidos empeora. Entonces, hay que tener cuidado cuando se propone aquello”, aclara.

Lo mismo pasa con dar más atribuciones a Carabineros. “Si se le da una atribución que después no se puede controlar, hay que tener mucho cuidado con que termine en una escalada de violencia, considerando que hay organizaciones que tienen un alto poder de fuego. El Estado debe hacerse responsable de que las medidas que emplea o que se proponen no lleguen a generar un daño mayor”, indicó el investigador UOH.

“En el otro lado político, la izquierda tiene un tradicional tabú con el tema de la seguridad y el orden público. En los elementos más extremos se puede presentar una inercia ante el tema y no proponer nada o seguir con un tema a más largo plazo, como la reforma a Carabineros, pero que no solucionen el problema directo”, explica el experto.

Y entonces, ¿nos estaríamos acercando a un populismo parecido al de El Salvador? Para Patricio Saavedra no está a ese nivel, “pero sí se están dando las condiciones para entrar en una escalada populista, donde compitan por quién propone las medidas más fuertes y duras sin importar las consecuencias”, puntualiza.

Para el académico, es crítico que cuando se generen propuestas para endurecer penas o dar más atribuciones, “eso debe venir aparejado, necesariamente, de mecanismos de control. Y sobre eso no se ha dado una discusión seria por el momento. Por ejemplo, si a la policía se le permite usar un mayor poder de fuego, es requisito establecer protocolos claros sobre cómo después los funcionarios pueden reportar de por qué se realizó ese procedimiento y cómo la ciudadanía o el Estado puede supervigilar aquello”.

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