Andrés Solimano y las claves de la reunión en París que busca plantear una nueva arquitectura financiera internacional
Este 22 y 23 de junio de este año, en París, Francia, se realizará una reunión sobre nueva arquitectura financiera internacional, al que asistirán diversos mandatarios de gobiernos y representantes de entidades financieras y de la sociedad civil.
El doctor en economía del MIT, ex director del Banco Mundial, Andrés Solimano, comentó en detalle los alcances de esta importante reunión, en la que se discutirá, en 2 días, el planteamiento sobre una nueva arquitectura financiera internacional. Son 100 mandatarios de gobiernos y más de 40 representantes de organizaciones financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La idea de esta reunión, según el economista Andrés Solimano, es discutir cómo debiera ser un nuevo sistema financiero internacional, con problemas pendientes como la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, la protección de las diversidades y el uso de combustibles fósiles, entre otros, intentando cumplir los objetivos del acuerdo del desarrollo sustentable 2030, aprobado en la ONU el año 2017.
Otra de las principales preocupaciones de esta reunión, precisa Solimano, es la vulnerabilidad al endeudamiento de los países en vías de desarrollo. Andrés Solimano, destacó la situación de algunos países, como Egipto, Pakistán, Sri Lanka y Argentina, como ejemplos de un alto endeudamiento externo, sumado a una elevada inflación que no han podido ser remediadas tras la pandemia del Covid-19.
El ex director del Banco Mundial y consultor internacional, desglosó las causas por la que en la coyuntura internacional es especialmente difícil para los países del tercer mundo. Dado al aumento del precio de alimentos y energía, las altas tasas de interés de los bancos centrales, y la redolarización, que son elementos que justamente se discutirán en esta reunión.
Para concluir, Andrés Solimano, nos comenta que las cifras muestran una desaceleración de la economía mundial y un crecimiento global estancado en la última década, en los países en vías de desarrollo si se excluye a China.
Corporación 3 y 4 álamos cumple más de 10 años solicitando convertir este sitio de memoria en un parque por la paz
Los ex prisioneros del ex campo de concentración conocido como Tres y Cuatro Álamos han solicitado por más de 10 años a los gobiernos de turno que les concedan el comodato del lugar y así convertirlo en un parque por la paz y la memoria.
En conversación con los sobrevivientes, Shaira Sepúlveda y Carlos González, se profundiza en la labor que ha levantado en demanda por el espacio que hoy es administrado principalmente por Gendarmería y el ex Sename, y de la actividades que próximamente anunciarán en sus redes en conmemoración de los 50 años del Golpe y donde convocarán al Presidente de la República, Gabriel Boric a cumplir con su apoyo por el comodato del recinto.
Alihuen Antileo: “Es el Consejo quien debe solicitar, coordinar y ofrecer una modalidad para realizar la consulta”
A una semana de iniciar las sesiones del Consejo Constitucional, el candidato Mapuche Alihuen Antileo se refiere a la responsabilidad del organismo y su mesa directiva en la implementación de la Consulta, así como al articulado clave para los intereses de los pueblos originarios en este nuevo escenario constituyente.
Consciente de lo acotado de los plazos, el representante de los pueblos originarios indicó que el primer día ingresaron una solicitud a la Mesa Directiva del Consejo para que oficiara al Ministerio de Desarrollo Social, y se proceda en la implementación de una consulta, “toda vez que se van a discutir y adoptar decisiones con implicancia constitucionales y legales y que van afectar la vida de los pueblos indígenas”.
Acorde a lo contenido en el Convenio 169 de la OIT, Alihuen Antileo señaló que en su artículo N° 6 se señala que “cada vez que un organismo adopta decisiones administrativas o legislativas que afecta a los pueblos indígenas, debe realizarse una consulta” .
Sobre el cómo se implementará la instancia y con qué recursos es algo que se deberá coordinar con las entidades gubernamentales, pero es el Consejo quien deba solicitar, coordinar y ofrecer una modalidad para realizar la consulta, señaló.
Si contrariamente no se realiza la consulta, observó que el órgano estaría contradiciendo la ley, incumpliendo los bordes y el principio de legalidad, y de esa manera, es probable que actores indígenas recurran a los tribunales exigiendo que se realice la consulta o soliciten la cautela de organismos como la ONU.
“Al regularse el proceso debió haberse planteado este escenario y no se hizo; vino el trabajo de la comisión y tampoco se planteó en ninguna instancia; esta serie de omisiones nos llevan a esta situación. Los plazos son muy breves, pero no es responsabilidad nuestra”, indicó.
Valorando el rol del Convenio en evitar la adopción de medidas y políticas asimilacionistas, Alihuen Antileo, indicó que parte de los artículos merecen ser debatidos al interior del Consejo y en la consulta, entre ellos, los que no reconocen la existencia de los pueblos -o bien no señalan la manera-, como tampoco especifican su representación particular en escaños.
Otro aspecto se refiere a la interculturalidad donde debe indicarse la prioridad de los pueblos originarios, para que se impartan sus lenguas, historia y cultura en la educación, pero principalmente en zonas con alta concentración indígena.
Organismos de Derechos Humanos presentan informe sobre reparación a víctimas de la violencia estatal durante el estallido social
En conversación con Pietro Sferrazza, investigador participante del Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quien en junto a Amnistía Internacional Chile, presentaron el informe “Reparación integral de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social”, se conoce parte del análisis y las conclusiones del estudio.
El abogado y especialista en derecho internacional, señaló que la reparación no ha sido adecuadamente diagnosticada y críticamente valorada.
Recalcando que la reparación es un derecho fundamental, Pietro Sferrazza indicó que su implementación no ha sido clara como ha ocurrido, por ejemplo, con las pensiones de gracia que se han regulado con una normativa sin foco de derecho y sin mayor difusión: “se ha publicitado poco, las víctimas no conocen de qué trata la medida. En un primer momento se determinaron montos y fueron cambiados sobre la marcha; se aumentaron pero no hay un procedimiento claro para solicitar el aumento”, detalló.
También se refirió al primer programa de integración ocular que frente a las cientos de personas que fueron lesionadas en sus ojos por agentes policiales, ofreció una atención centrada en la rehabilitación y no en otros focos necesarios como la salud mental. También apuntó a la falta de personal suficiente y capacitado, a las actitudes de algunos funcionarios que fueron revictimizantes, a la ejecución de su presupuesto, y a su centralismo que afectó a las víctimas de regiones.
En relación a las garantías de no repetición observó que en ese ámbito más que un avance ha habido un retroceso, en tanto no existe una regulación adecuada al derecho de la reunión pública, ni al uso de la fuerza las policial en el contexto de manifestación, como tampoco el uso de armas, o los refuerzo en las funciones del Servicio Médico Legal.
“En materia de garantías y no repetición el panorama es bastante desolador”, expresó indicando que en la reciente cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric mencionó otras, pero no la reparación de las víctimas del estallido dentro de las políticas públicas de derechos humanos. “Rescato y valoro el plan de búsqueda de las personas desaparecidas, pero en materia a la violación a los derechos humanos del estallido social no se dijo ninguna palabra”, precisó.
En las recomendaciones del informe resaltó la importancia de levantar una política pública debidamente regulada en una normativa permanente, especificando el tipo de violaciones que son objeto de reparación; que todo el proceso cuente con la participación de las víctimas en la toma de decisiones y que se identifique con claridad el procedimiento de calificación, al igual los órganos competentes de la manera más transparente; “porque esto no es una cuestión de política es una cuestión de derechos”, expresó.
Grandes producciones anuncian que retrasarán sus estrenos
Conversando de cine junto a Jose Parra, esta semana se comenta el próximo estreno nacional del documental “La memoria infinita”, fechado para el mes de agosto y que ya cuenta con su trailer disponible
La cinta narra la historia de la actriz Paulina Urrutia junto al periodista y documentalista, Agusto Góngora, quien en sus últimos años padeció de Alzheimer.
También se repasa por la postergación de la esperada Avatar 3 que completará la trilogía recién el año 2025.
Marcos Barraza ante conmemoración de 50 años del golpe civil-militar: “No reconocer que Pinochet fue un genocida es mentirle a la historia y mentirle a las nuevas generaciones”
Marcos Barraza, ex convencional constituyente y dirigente comunista, criticó fuertemente el negacionismo y el empate neutral que han pretendido instalar algunas figuras de derecha en las últimas semanas previas a la conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar. Para Barraza, negar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y equiparar con el gobierno democrático de Salvador Allende al del dictador Pinochet es pretender mentirle a la historia.
En la antesala del día de los pueblos originarios, este 21 de junio, que coincide con la llegada del invierno, el We Tripantu o Wiñol Tripantu para el pueblo mapuche, marca el inicio de un nuevo ciclo, Marcos Barraza, declaró que el reconocimiento de esta fecha por parte del Estado chileno muestra un avance, por cierto, pero remarcó que el Estado chileno tiene una deuda de siglos particularmente con el pueblo mapuche, en cuanto al reconocimiento de derechos.
En cuanto al gobierno de la Unidad Popular, Barraza manifestó que es la experiencia de transformaciones más importantes que ha existido en el país, una acumulación de luchas sociales donde fueron plasmadas las diversas voces del pueblo chileno que habían sido postergados hasta ese momento.
La conmemoración de los 50 años es un hito, declara Marcos Barraza, sin embargo, lo que está en juego es la lectura histórica y las proyecciones de este suceso para el conjunto de la socieda chilena.
En ese sentido, el académico comenta que el gobierno de Salvador Allende, fue legitimado en las urnas y legitimado socialmente, con un programa visionario que puso en el centro la dignidad de las personas y que estableció soberanía económica y política. Y pretende empatar la figura democrática de Salvador Allende con el dictador Augusto Pinochet, es un empate falso.
Según Marcos Barraza es crucial señalar que los grandes pesares que ha tenido Chile son a raíz de la dictadura y para los comunistas es clave resaltar la figura de Salvador Allende como un demócrata y un transformador social, porque cuando se realza la figura de Allende y la Unidad Popular se realza también el valor de la democracia en nuestro país.
El gobierno de la Unidad Popular se enfrentó a las peores conductas antidemocráticas de los grupos económicos, de los sectores de ultraderecha y del capital internacional, y no hay nada que justifique el derrocamiento por las armas del gobierno elegido democráticamente.
Para concluir, el dirigente comunista aseguró que las declaraciones de Beatriz Hevia, presidenta del consejo constitucional, en donde se negó a condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, dista mucho del carácter democrático al que se debe aspirar en este país. Y aseguró que no reconocer que Pinochet fue un genocida es mentirle a la historia y mentirle a las nuevas generaciones.
En vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar, el próximo 11 de septiembre, el dirigente comunista, criticó fuertemente el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos, y las intenciones de la derecha de empatar el gobierno democrático de Salvador Allende con los 17 años de terrorismo de Estado que vivió el pueblo de Chile durante la dictadura.
[Podcast] El Comentario del economista Andrés Solimano: Reunión en Paris sobre nueva arquitectura financiera internacional
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Abogado Francisco Ugás valora fallo de la Suprema que condena a cuatro militares por crímenes en caso Caravana de la Muerte
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en fallo unánime, condenó a cuatro militares en retiro por su responsabilidad en el homicidio de 12 personas, todas militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, perpetrados en octubre de 1973, en la ciudad de Valdivia, en el caso denominado: Caravana de la Muerte. Episodio Valdivia.
La Sala, integrado por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el abogado (i) Ricardo Abuauad– condenó a Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder a la pena de cumplimiento efectivo 18 años de presidio, en calidad de autor de los delitos, y condenó a Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, con declaración, a 18 años de reclusión, como coautor.
En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo deberá cumplir 10 años de presidio, como autor; y Emilio Robert de la Mahotiere González, 5 años y un día de presidio, como encubridor de los ilícitos.
Francisco Ugás Tapía, del Estudio Caucoto Abogados, y querellante en este proceso valoró la resolución e indicó que “Faltando 4 meses para que se cumplan los 50 años de ocurrencia de estos específicos crímenes, recibo esta sentencia definitiva de la Corte Suprema destacando, en primer lugar, la importancia que para nuestra judicatura, que siempre obra bajo el imperio de la Constitución y las leyes, y también, de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, entre los cuales encontramos algunos temáticos que tratan sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal, tiene el cumplimiento de los deberes de investigar y de sancionar estos crímenes de lesa humanidad perpetrados, en este caso, en perjuicio de estas 12 víctimas del episodio Caravana de la Muerte-Valdivia, y de reparar, en parte, el daño que se les ha causado a sus familias, también víctimas de estos brutales delitos, que hieren la conciencia humana”, sostuvo.
Ugás, señala que “en lo que atañe a lo penal, es especialmente significativo este fallo de término de la Corte Suprema, porque pese a la inevitable acción de la impunidad biológica definida por el largo tiempo transcurrido, quedaron condenados cuatro sujetos, entre ellos, Santiago Sinclair, quien fue Integrante de la Junta Militar de Gobierno, entre 1988 y 1990, y vicecomandante en jefe del Ejército, entre 1985 y 1988. A dicho condenado se le impuso una pena de 18 años. Otro condenado y sancionado, que antes había sido absuelto, es Emilio De La Mahotiere, quien era piloto del helicóptero que trasladaba a la comitiva criminal encabezada por Sergio Arellano Stark. Los otros dos condenados son Pedro Espinoza y Juan Chiminelli”.
En lo civil, señala el abogado, “corresponde destacar la aplicación del criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, sentado desde el caso Paine Principal, en julio del año pasado, por el cual nos expresa que la cosa juzgada que emana de una sentencia que aplica la prescripción extintiva de la acción civil para negar la reparación a una víctima de un crimen de lesa humanidad, es contraria al derecho internacional; y que constituye un error jurídico reconocer y aplicar la excepción de cosa juzgada en estos casos, el cual se debe corregir, otorgando la reparación respectivas, en el caso específico, a las viudas de dos de las víctimas”.
Finalmente, expresa Ugás “de manera especial, quisiera destacar la lucha por verdad y justicia que desde el mismo día de los crímenes de sus maridos, han emprendido y desarrollado doña Ida Sepúlveda y doña Yolanda Ávila, en quienes, con todo respeto y a propósito de la dictación de este fallo, quisiera personificar a todas y todos los familiares de víctimas que han sufrido por estas terribles heridas, que aún nos sanan del todo y que es preciso que sanen, con la acción y decisión de la justicia”.
Los hechos
La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricia González Quiroz, dio por establecidos, en su fallo de primera instancia, los siguientes hechos:
“a) En la madrugada del día 12 de septiembre del año 1973, un grupo de personas, todas ellas residentes en la localidad de Neltume, entre las que se encontraba José Liendo Vera, concurrieron hasta las cercanías del frontis del retén de Carabineros existente en el lugar, llegando a una distancia aproximada de 30 metros, y comenzaron a dar voces, incitándolos a que se unieran para oponer resistencia al golpe de Estado del día anterior. Por unos minutos se produjo una balacera entre ambos grupos, luego de lo cual los primeros se retiraron del lugar.
Cabe consignar que el hecho así fijado surge fundamentalmente de los testimonios prestados por los cuatro funcionarios policiales que se encontraban en el lugar, entre ellos el jefe del recinto Benito Carrasco, quien sostuvo que ‘todo fue solo un intento’ el que ‘después se mal utilizó’, encontrándose como evidencias una botella sin restos de elementos explosivos, sin que se pudiera determinar las armas de fuego empleadas, en cuanto a su número y características.
b) En los días siguientes, una patrulla militar detuvo a cuatro personas en el sector de Liquiñe, presuntamente participantes en los hechos, entre los cuales se encontraban Gregorio José Liendo y Pedro Purísimo Barría, un tercer detenido cuya identidad se desconoce y la cónyuge de Liendo, que se encontraba embarazada, todos vinculados al grupo político Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
c) Estas cuatro personas fueron conducidas hasta la ciudad de Valdivia y permanecieron privados de libertad en la Cárcel Pública de Isla Teja. Gregorio José Liendo Vera y Pedro Purísimo Barría Ordóñez, estuvieron detenidos en este recinto, el primero hasta el día 3 de octubre, en que fue fusilado en el polígono del recinto militar Llancahue, en tanto que el segundo, lo estuvo hasta el día siguiente, en que fue muerto en las mismas condiciones.
d) El día 4 de octubre, junto con Pedro Barría Ordóñez, fueron fusiladas otras diez personas, a quienes se atribuyó participación de autores en los hechos ocurridos en el Retén de Neltume, al que se ha hecho referencia: Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.
e) Los fusilamientos comenzaron a ocurrir el día 3 de octubre, mismo día en que arribó a la ciudad una comitiva que encabezaba Sergio Arellano Starck y que la conformaban entre otros, Pedro Espinoza, Juan Chiminelli y Emilio de la Matohiere, los que tomaron conocimiento de los hechos y los dos participaron de los preparativos y en la ejecución de los fusilamientos, como asimismo también otro personal militar que cumplía funciones en la ciudad”.
