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Distrofia Muscular de Duchenne: lo que debemos saber sobre el tratamiento actual

Mario Chiong-Lay, Rosa Pardo y Sergio Lavandero, académicos de la Universidad de Chile, de las facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de Medicina y del Hospital Clínico, revisan el problema de salud de Tomás Ross, niño de Ancud cuya madre llegó caminando a la capital con el propósito de reunir fondos para su tratamiento de alto costo. En este texto, las y los expertos buscan “aportar información para ayudar a aclarar dudas sobre la efectividad del medicamento, su eventual administración en Chile y los costos de las terapias génicas”.

Durante las últimas semanas todo Chile ha sido testigo de la historia de Tomás Ross, su enfermedad y los esfuerzos de su mamá por conseguir un medicamento de última generación. En este texto queremos aportar información para ayudar a aclarar dudas sobre la efectividad del medicamento, su eventual administración en Chile y los costos de las terapias génicas.

Partamos con la enfermedad que aqueja a Tomás, la cual se conoce como distrofia muscular de Duchenne (DMD). Se trata de un desorden genético, poco frecuente, causado por mutaciones en la información genética de la persona, lo que no permite disponer de una proteína llamada distrofina, la cual es clave para la integridad de los músculos. Su carencia causa destrucción progresiva y la pérdida de ellos, lo que provoca que las personas con esta enfermedad tengan una muy baja expectativa y calidad de vida – entre 12 y 21 años.

El curar esta enfermedad ha sido el objetivo de diversas investigaciones. Hoy en día, gracias a los avances científicos se ha desarrollado una terapia génica, donde podemos introducir un gen sin mutaciones que sustituye al gen defectuoso. Sin embargo, el gen distrofina es el más grande que tenemos en nuestro cuerpo, lo que ha hecho imposible lograr una sustitución completa. Por eso, se ha diseñado una versión más pequeña del gen y de la proteína, denominada microdistrofina, que, si bien conserva partes esenciales de la distrofina normal necesarias para mantener la estabilidad de las células musculares, no es idéntica a la proteína original. Es decir, esta versión de la proteína no cura la enfermedad, pero tiene el potencial de transformar la DMD en una forma más leve y benigna, muy similar a la distrofia muscular de Becker (DMB), donde la calidad y la expectativa de vida son más altas – de 40 a 50 años.

Para lograr esta terapia de transformación genética se utiliza un virus adenoasociado (AAV), el cual se modifica para producir la microdistrofina. Este virus se inserta en el material genético, haciendo que la microdistrofina se produzca -exprese- permanentemente en el tiempo. La pregunta es ¿cuánto dura en el cuerpo el efecto de la transformación génica utilizando esta técnica? En forma teórica, muy largo tiempo, dado que el

virus se integra permanentemente al material genético. En este sentido, los datos clínicos con los que contamos hasta la fecha sobre la hemofilia b, enfermedad que utiliza el mismo virus AAV, han mostrado eficacia terapéutica por al menos 4 años.

La terapia génica para tratar DMD, a la cual será sometido Tomás es Elevidys, fue aprobada a través de la vía acelerada y excepcional por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de EE.UU. en el 2023. Los datos de la primera parte de este estudio establecieron que Elevidys aumentó la expresión de la proteína microdistrofina en niños con DMD de 4 a 5 años, pero sólo se produjo una leve mejora de la función motora y muscular en estos pacientes. Un segundo estudio clínico evaluó un seguimiento de 5 años, a solo 4 niños con DMD de 4 a 5 años de edad. Sus resultados mostraron que la terapia génica aumentaba significativamente los niveles de microdistrofina en los tejidos musculares y que este aumento persistía por los 5 años, pero no se logró mejorar la movilidad de los participantes. Estos antecedentes muestran que esta terapia génica no es curativa, pero provoca un enlentecimiento en la progresión de la DMD.

 

¿Qué debe hacerse para tratar a Tomás en Chile?

Recientemente la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, le ofreció a la mamá de Tomás el apoyo en caso de que quieran administrar el medicamento en Chile indicando que pueden ayudar a “facilitar la importación, trámites que se hacen a través del Instituto de Salud Pública (ISP), y su administración en un establecimiento público”. Sin embargo, debemos recordarle a la Ministra, que Elevidys no es un medicamento aprobado en Chile y se deberá actuar de acuerdo a la Ley Ricarte Soto (Ley 20.850). Esta enlentece el proceso al mandatar la autorización del ISP y la emisión de un decreto supremo para su uso provisional. Además, se deberá presentar el protocolo de uso, el formato de consentimiento informado, y una póliza de seguros por responsabilidad civil.

Por otro lado, el centro de salud donde se administre este medicamento deberá estar acreditado y ser fiscalizado por el ISP, conforme a los estándares, exigencias y procedimientos que establezca la Ley. Adicionalmente, la institución que use este medicamento será responsable por los daños que causen con ocasión de su administración, aunque éstos se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieren podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica, existentes en el momento de producirse los daños. En base a estos antecedentes surge la pregunta si ¿podrá el ministerio hacerse cargo eficientemente de todas estas responsabilidades administrativas?”.

 

¿El tratamiento de Tomás es el medicamento más caro del mundo?

Un tercer punto que ha develado la historia de Tomás, son los costos de las terapias génicas y el acceso de las personas a ellas. Finalmente, Elevidys es una de varias terapias génicas aprobadas por el FDA. Se espera que este año se aprueben hasta 17 nuevas terapias génicas. Todos estos tratamientos son de muy alto costo, variando entre 2 a 4,25 millones de dólares cada uno.

Si bien es muy necesario discutir a nivel de sociedad el financiamiento ético de estas patologías en Chile, es más urgente enfocar el problema de manera más globalizada, por ello se requiere de una Ley de enfermedades poco frecuentes o raras -EPOF- que no sólo vele por el acceso a fármacos de alto costo, sino también por mejorar la condición de vida de todas las personas con EPOF en Chile, las cuales se estiman que son aproximadamente 1,5 millones. Si no se desarrollan políticas públicas basadas en evidencia científica, ¿hasta cuándo continuaremos con las caminatas a Santiago?

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Diputado Cuello presenta denuncia ante CNTV por información falsa en publicidad de AFPs

En la mañana de hoy, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Luis Cuello, denunció por medio de carta ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), la difusión de información falsa en torno a la propiedad del 6% en el marco de la campaña publicitaria de la Asociación Nacional de AFPs.

Sobre la denuncia el diputado Cuello explicó que el propósito es que el contenido sea revisado por el Consejo :

“Esta propaganda de las AFP denominada Yo Quiero Elegir”, indicó el parlamentario, “lo que hace es emplear, hacer propaganda política en base a una información falsa, y la información falsa es que afirma en su publicidad que el 6% de cotización adicional que crea la reforma a las pensiones es de propiedad del trabajador”.

Finalmente, sobre el futuro de la denuncia ante el CNTV, Luis Cuello sostuvo estarán a la espera del pronunciamiento de la instancia:

Asimismo, indicó que esta publicidad, precisamente sí está siendo pagada por el sueldo de los trabajadores, “es decir, se está ocupando plata de los trabajadores para desinformar y defender un negocio que los ha perjudicado”, expresó.

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Denuncian que Spot de las AFPs miente: dice que el 6% adicional es propiedad del trabajador cuando en realidad es un aporte del empleador

Valparaíso, 28 mayo de 2024

Señor
Mauricio Muñoz Gutiérrez
Presidente
Consejo Nacional de Televisión

Junto con saludar, me dirijo a usted y, por su intermedio, al Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de denunciar la emisión de spots en los servicios televisivos regulados por la ley 18.838 contratados por la Asociación de AFPs, entre los días 21 y 28 de mayo de 2024, referida a la Reforma Previsional que se tramita actualmente en el Congreso Nacional.

Dichos spots, agrupados como campaña “Yo Quiero Elegir” está constituida por dos piezas publicitarias de 40 segundos en los cuales se muestra a trabajadores y trabajadoras realizando acciones propias y correspondientes a diversas ocupaciones laborales y su relacionamiento familiar en el hogar. La edición de las imágenes va acompañada de una voz en off en la que se escucha y lee lo siguiente: “Tu esfuerzo. Tu energía. Tu familia. Tu ambiente. Tu esfuerzo. Tu experiencia. Tus ingredientes. Tu trabajo. Tu seis por ciento. El seis por ciento de cotización individual es tuyo y de tu familia. Es justo que vaya a tu cuenta porque es tu esfuerzo y tu trabajo para tu pensión”.
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El proyecto de Reforma Previsional, presentado por el Presidente Gabriel Boric en noviembre de 2022 prevé, en lo pertinente, la creación de un 6% de cotización adicional que será aportado por el empleador para financiar un seguro social. Hoy, todos los trabajadores cotizan un 10% para su cuenta individual y no existe aporte del empleador. En la publicidad denunciada, las AFPs afirman que el 6% adicional contenido en la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno es de propiedad de los trabajadores y sus familias. Esta afirmación es falsa y constituye un engaño deliberado a la ciudadanía.

Como bien es sabido, el trabajo es el conjunto de actividades físicas o intelectuales que una persona realiza con el objeto de satisfacer una necesidad mediante la producción de un bien o la prestación de un servicio, por las cuales, se recibe a cambio una remuneración o sueldo. Por su parte el sueldo, corresponde a la remuneración que se acuerda previamente entre trabajador y empleador al aceptar el contrato de trabajo, ya sea, por tiempo definido, indefinido o por realizar una determinada labor.

Según la propuesta del Gobierno de Chile, el 6% adicional corresponde a un aporte adicional que se hará con cargo al empleador para el ítem de “cotizaciones previsionales” y así mejorar las pensiones de todos los trabajadores y trabajadoras del país, por tanto, este monto no constituirá, en modo alguno, parte del sueldo del trabajador o la trabajadora pactado previamente con el empleador. En consecuencia, este 6% adicional no es propiedad del trabajador o la trabajadora ni tampoco será extraído de su sueldo o remuneración. Se trata de un aporte del empleador a la cotización previsional por fuera del monto total del sueldo o remuneración pactado en el contrato laboral.

Este engaño y manipulación de la información atenta contra el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, al no respetar el libre debate democrático sin manipulaciones, engaños, ni la deliberada intención de desinformar mediante afirmaciones falsas. La manipulación de la información presentada en los spots de las AFPs es particularmente grave en un tema tan delicado como el de las pensiones, que afecta directamente el futuro de millones de chilenos. La ciudadanía merece recibir información veraz y oportuna para tomar decisiones informadas.

Tal y como lo expresa el estudio Noticias falsas y regulación (CNTV, 2019) las noticias falsas se clasifican en “Sátira”, “Parodia”, “Noticias Fabricadas”, “Manipulación de fotos”, “Publicidad y RRPP” y “Propaganda”. El mismo texto define a esta última como “contenido creado por una entidad política para influir sobre la opinión pública, con el propósito de favorecer a un gobierno, personaje o institución.” (pág.7). Esta definición aplicaría al caso en comento, ya que la intención es desfavorecer en la opinión pública la propuesta gubernamental y favorecer la posición actual de las AFPs. Por otra parte, en el mismo documento, se presenta un diagrama cartesiano (pág.8) que describe la situación descrita de acuerdo a dos dimensiones. En el eje de X Intención de engañar y en el eje de Adhesión a los hechos, en el cual “Manipulación” y “Fabricación de noticias” se posicionan en los puntos del cuadrante que corresponde a acciones o afirmaciones que no se basan en hechos reales y se hacen con la intención de engañar. A mayor abundamiento, según la APA, la Asociación Norteamericana de Psicología, la desinformación “es información falsa que tiene la intención deliberada de engañar, tergiversando intencionalmente los hechos” (BCN, 2023).

La campaña televisiva “Yo quiero elegir” pretende incluir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas sobre un aspecto fundamental de la Reforma Previsional – la naturaleza del 6% de la cotización adicional- empleando información falsa. Lo anterior, lesiona el principio de respeto a la democracia, contenida en el “correcto funcionamiento” estipulado en el artículo 1º de la Ley 18838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). El Consejo Nacional de Televisión tiene la obligación de velar por el cumplimiento de estos principios. Por lo tanto, solicito al Consejo Nacional de Televisión que de tramitación a la presente denuncia; que analice la campaña publicitaria Yo Quiero Elegir y que determine las infracciones al correcto funcionamiento y al principio democrático y adopte las medidas que en derecho correspondan.

Confío en que el Consejo Nacional de Televisión adoptará las medidas necesarias para resguardar el debate libre e informado sobre la Reforma Previsional, un asunto de interés público que constituye una de las mayores preocupaciones de los chilenos y las chilenas.

Saluda atentamente,

LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO
DIPUTADO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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Primarias en Buin: Tamara Aguilera propone reactivar el municipio de la mano del buen vivir

“Con fuerza joven, Buin Avanza”, versa el lema de la concejala Tamara Aguilera Cartagena, quien es candidata por el Partido Comunista en las primarias municipales de la comuna ubicada en el sector sur de la Región Metropolitana.

La propuesta de la candidata contempla medidas en temas país como es la seguridad y la transparencia; iniciativas de relevancia local como es el transporte o las áreas verdes; además de sumar otros enfoques e incentivos para componer una mejor calidad de vida.

Acerca de la seguridad Tamara Aguilera indicó que Buin siempre se ha caracterizado por ser un sector relativamente tranquilo, pero “en los últimos años se han visto hechos delictuales que antes no se veían”.

Si bien hay una baja dotación de policías, Tamara Aguilera indicó que el municipio puede tener un rol más activo como colaborador en la prevención del delito, y al respecto, falta un enfoque humano, “pues la seguridad tiene que abarcar también lo social”, planteó.

En relación a los espacios verdes, la candidata y concejala, señaló que su recuperación es esencial para que estén a disponibilidad de las y los vecinos, lo que además va de la mano con el buen vivir.

En Buin hay bastantes áreas verdes en abandono desde hace años. Se han recuperado algunos más céntricos, explica, pero no así en las villas y poblaciones:

Acerca de la tenencia de animales, indicó que existe una ordenanza pero que no opera cuando los vecinos denuncian. “Es importante fortalecer eso con las esterilizaciones masivas, así evitamos el abandono y la sobrepoblación de perros callejeros” precisó Tamara Aguilera.

En relación al acelerado crecimiento demográfico de la comuna, la candidata  a primarias señaló que el número de habitantes hoy se cifra en las 120 mil personas y que existe una proyección que en 20 años más, la comuna alcance los 400 mil habitantes.

“Es una locura”, indicó “porque las calles, los servicios y el transporte siguen siendo los mismos”. Por ejemplo, en la atención primaria de salud, esto se está traduciendo en un copamiento o colapso de los servicios, al igual que en educación, precisó:

Respecto al transporte, Aguilera manifestó que sucede lo mismo. En Buin hay una sola empresa y tampoco hay empleo, por lo que la gente debe salir de la comuna para estudiar, trabajar o atenderse en el Hospital de Barros Luco. Reparar en esta necesidad principalmente es una tarea de los gobiernos, indicó la candidata.

“Hay gestiones que se tiene que hacer desde el municipio, mientras se toman las medidas a nivel de Estado”, explica, “entre ellas, contratar buses de acercamiento para los vecinos que quedan tirados, porque los buses pasan llenos a la hora punta y si no te vas dos hora, una hora y media antes, simplemente no llegas a tu trabajo”.

En relación a la equidad de género, la candidata PC señaló que todavía existe un sesgo en la formulación de las políticas en esa área, de modo que propone cambiar el foco de los talleres para que tomen un carácter más amplio en el incentivo de la independencia económica, y que también se generen redes con otros organismos para motivar la participación social y política de las mujeres.

Una situación similar, indica Tamara, ocurre con la oficina de la diversidad donde “no hay una política activa, no hay una agenda. Es nulo. La verdad, ahí hay que reactivarla completamente”, expresó.

En materia de transparencia y el buen uso de los recursos, la candidata a primarias por el Partido Comunista, señaló que es clave elegir bien a las y los representantes “y para eso se requiere una participación efectiva. Antiguamente la gente votaba dónde invertir los recursos. Todo eso tipo de cosas hay que recuperarlas, y una vez en el cargo, una de las prioridades será la toma decisiones para el buen uso de los recursos”, indicó.

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Bárbara Figueroa sobre audiencia de Daniel Jadue: “No estamos frente a una solicitud de formalización por una mala gestión municipal”

Camino hacia Chillán, ciudad donde se realizaron las exequias del abogado, figura pública y defensor de los derechos humanos, Eduardo Contreras, la secretaria general del Partido Comunista compartió algunas declaraciones sobre la solicitud  de formalización por Fiscalía al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que también tiene lugar en la mañana de este miércoles y continuará jueves y probablemente también el viernes.

“Es una situación que nos convoca a toda la dirección y la militancia. Nos tiene con tranquilidad, dado todo el procedimiento, el rigor y la disposición con la que ha actuado el equipo de defensa del compañero de Daniel Jadue”.

“No estamos frente a una formalización por una mala gestión o de eventuales irregularidades en el municipio, sino respecto al rol que se jugó en el marco de la Asociación de farmacias populares”, señaló Bárbara Figueroa.

Por su parte, Jadue, hoy en su cuenta de X se refirió a la cita a declarar como el momento para ejercer su derecho a la  defensa: “Hoy la Fiscalía expondrá sus imputaciones, sobre la base de una farsa jurídica, que les aseguro desmontaremos una a una!”.

Al respecto, la secretaria general, indicó que se debe distinguir entre esta mirada de Fiscalía sobre falta de incumplimiento o falta de rigor administrativos, de lo valioso que ha sido la política de las farmacias populares como complementaria del derecho a la salud.

 

En materia laboral, Bárbara Figueroa celebró el acuerdo firmado entre el gobierno y la Central Unitaria CUT que contempla diez puntos, entre ellos, la creación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida, la generación de un indicador de ingreso disponible familiar de los trabajadores, un proyecto de ley para garantizar igualación de salarios, la reactivación y consideración de su permanencia desde el 2025 del Bolsillo Familiar Electrónico, así como desarrollar un diálogo tripartito sobre la negociación multinivel en el tercer trimestre del año.

La secretaria del PC indicó que el acuerdo refleja el hacerse cargo de los compromisos y el desafío de avanzar en equidad, entendiendo también que la redistribución pasa por dotar de herramientas a las y los trabajadores, dijo, respecto al debate de la negociación que habilitaría la instancia ramal.

En relación a las primarias que se celebrarán el primer domingo de junio, Figueroa expresó que esperan la participación de mucha gente y que las personas independientes se sientan convocadas.

“Nos parece muy importante la participación cívica. Hemos hecho un esfuerzo importante las once fuerzas políticas, respaldándonos entre nosotros, además de respaldar candidaturas independientes. La gran señal es que acá hay gobernabilidad”, sostuvo la dirigenta.

Acerca de acelerar los avances en el debate de gobernadores, la secretaria general, expresó: “No vamos aceptar que se pretenda transformar al Partido Comunista en el escollo de la negociación”.

“Tenemos un compromiso irrestricto con este debate y no es sólo de nombres, a propósito de la presión de los medios”, manifestó respecto a que algunas publicaciones la señalan como posible candidata del partido para competir con el actual gobernador Orrego.

“Por sobre todas las cosas, el debate de las y los gobernadores debe permitir equilibrios de las fuerzas políticas,  pero también contundencia programática y garantizar que los gobiernos regionales van a estar en sintonía con las demandas de mayor sentido y prioridad de los territorios” remarcó la líder del PC.

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Columna de Opinión: CAE o no cae, más allá del ruido

Rubén Moraga Mamani. Doctor en Ciencias Biológicas. Académico

La promesa surgida en la década de los 90 de masificar el acceso a la educación superior y promover la movilidad social a esos cientos de miles de jóvenes que a través de la educación superior y a la obtención de un título profesional serían la primera generación de profesionales, lo cual les generaría oportunidades de una mejora sustantiva en la calidad de vida y de bienestar, eso quedó en una promesa. Chocó con la realidad de una sociedad de consumo que abarca y devora los sueños, anhelos de dejar una vida de privaciones para acceder a condiciones decentes a esas capas de jóvenes que no querían seguir pateando piedras y tener acceso a eso llamado educación. 

El año 2005 fue creado el Crédito con Aval del Estado (CAE) como instrumento de financiamiento de Estudios Superiores. Todo resultó un espejismo, como siempre termino siendo un gran negocio para la banca por un lado y por otra parte la generación de profesionales con promesas incumplidas y con una deuda bancarizada, como lo señaló en su momento el ex Rector Aldo Valle en el año 2013 cuando manifiesta que se engaña al país cuando se dice que se gasta tanto o más en educación superior, cuando en realidad se compra una cartera de endeudamiento a la banca con un precio usurero para pagar los intereses del CAE, el cual dejó  de ser crédito para estudiar y pasó a ser un subsidio directo con recursos públicos a una oferta privada desregulada. 

En el contexto de una sociedad neoliberal la dimensión injusta del CAE se evidencia por las normas abusivas del contrato que se realiza. La entidad que tenía que regular, la Comisión Ingresa no realizó la pega de resguardar a ese estudiante que adquirió el CAE, que lo hacía a una tasa de un 6% sobre la inflación.

Como lo señaló el expresidente Ricardo Lagos, al parecer los bancos se coludieron, en la primera licitación se avizoro el desastre, obligaron al Estado a ofrecer un incentivo la famosa recarga, es decir, el fisco le compraba con un sobreprecio parte de los créditos morosos. Eso se tradujo en el año 2009 que el fisco pagará por la compra de esas carteras a los bancos más que el monto total que habían prestado esos bancos a los estudiantes. Los bancos se quedan con los mejores clientes pagadores y obligaban al estado a comprar esas carteras de deudores. Desde la creación del CAE hasta el 2021 el fisco ha desembolsado 6,6 billones de pesos. Lo cual corresponde principalmente a la compra de títulos y valores, adquisición de créditos por parte del fisco y la recarga o sobreprecio que el banco solicitaba por la posterior recompra de los créditos por parte del fisco, esta recarga fue de un 20% en sus inicios y hoy es de un 33%. Hay plata, pero se gasta mal.

El 2011 los estudiantes tenían toda la razón para movilizarse, ya que el CAE era un mal negocio, una estafa social y terminaban endeudados. Según la última Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central (2022) establece que el endeudamiento educativo ocupa un lugar central en los hogares, siendo de un 12,5% de la deuda general, representando la mayor carga financiera no hipotecaria para las familias chilenas.  

También surgieron otros elementos como el fraude y escándalo en el sistema de acreditación (ver Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades, Ciper. 29.09.2011), donde instituciones de dudosa calidad accedieron al CAE, la lógica del voucher se había instalado, surgieron egresados endeudados con cartones que no servían para nada. Por otra parte, la promesa de movilidad social resultó ser un mero titular o propaganda engañosa, según el informe de noviembre del 2023 del OCEC-UDP, 1 de cada 4 egresados está desempleado o subempleado, ganando la mitad de los que están empleados de acuerdo con su nivel educativo, es decir gana en promedio 53,3% menos que aquellos que tienen ese nivel educativo pero que no están en esa situación.

El informe elaborado por el ministerio de educación “Caracterización de deudores del Crédito con Aval del Estado” del 2022, en base a la operación renta 2021, evidencia que casi el 70% de las y los deudores del CAE gana menos de $750 mil mensuales, solo el 8% gana sobre $1.500.000. De estos deudores el 57% corresponde a mujeres, siendo las más perjudicadas, el 72% de estas gana menos de $750 mil mensuales, solo el 6% de esta gana sobre $1.500.000.

Los deudores que no terminaron sus estudios por diversos motivos corresponden al 23%. El 88% de estos percibe un ingreso mensual de inferior a $750 mil, el 58% tiene ingresos inferiores a $250 mil. En el caso de las mujeres el 92% de ellas percibe menos de $750 mil mensual

Es evidente la deuda del estado, hay una promesa que no se cumplió, no se entiende el alboroto que se ha generado por llevar adelante un compromiso de campaña, al parecer la palabra condonación genera ruido.

Es importante reponer la discusión, se requieren acuerdos políticos, hay una creciente crisis que se incuba, no podemos seguir endeudado con la banca a quien quiera estudiar, se debe reparar el daño ocasionado. 

Se debe buscar un nuevo sistema público de financiamiento que deje fuera a la banca, que dé estabilidad a las instituciones de la educación superior donde estas cumplan su rol integrador de la sociedad terminando con la lógica de los guetos sociales, donde el estado fortalezca a sus instituciones estatales que permita generar el bienestar de quienes pasan por sus aulas, así como un modelo de desarrollo distinto de país que genere el empleo calificado para esos nuevos profesionales.

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Gobierno y trabajadores lograron acuerdo en mejoras laborales y sociales

• La ministra Jeannette Jara y el titular de Hacienda, Mario Marcel, suscribieron documento con la directiva de la CUT, encabezada por David Acuña, en 10 temas de interés laboral, de cara a las negociaciones del Ingreso Mínimo Mensual del próximo año.

El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suscribieron este martes un acuerdo en torno a una serie de mejoras sociales y laborales.El acuerdo se enmarca en las negociaciones anuales en torno al Ingreso Mínimo Mensual, que este año no contempla el componente salarial tras la aprobación en 2023 de un aumento escalonado que llevará este guarismo a los $ 500 mil a partir del próximo 1 de julio.

Es así como el Ejecutivo, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por David Acuña, suscribieron esta iniciativa, que considera 10 materias de interés.

La ministra Jara explicó que el acuerdo plantea que “el próximo año se va a volver a negociar el monto del salario mínimo y en 2024 se ha adoptado que esa negociación no va a ser solamente como ha sido en años anteriores y, diría que históricamente en nuestro país, sobre un monto, una cantidad de miles de pesos o sobre un porcentaje, sino que sobre criterios que tengan a la vista el costo de la vida, el nivel de endeudamiento de las familias, las posibilidades de las empresas, las brechas de género y los niveles de informalidad”.

En tanto, el ministro Marcel, destacó que tras un mes de conversaciones con la Central lograron un acuerdo sobre materias sociales, “el año pasado se firmó un protocolo que incluyó un aumento del ingreso mínimo escalonado que va a llegar ahora en julio a $500.000, sin embargo, concordamos que a estas alturas del 2024 tendríamos igualmente un diálogo de otras materias sociales, laborales, legislativas, regulatorias de interés para los trabajadores y para el Gobierno. Este acuerdo recoge justamente eso”.

La autoridad valoró la conformación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida para generar más información sobre remuneraciones. “Este es un acuerdo bien completo, y estamos muy contentos de haber podido en esta oportunidad concluir este diálogo de manera exitosa por tercera vez durante el actual gobierno”, manifestó Marcel.

En tanto, el presidente de la CUT sostuvo que “hoy el acuerdo de salario mínimo ya no sólo corresponde a un monto, sino en avanzar en superar las múltiples dimensiones que afectan la calidad de vida de las y los trabajadores, para ir cubriendo las necesidades de las familias, por eso nos hemos enfocado en resguardar el bolsillo electrónico y establecer un compromiso que el próximo año pueda incorporarse nuevamente la discusión del bolsillo electrónico como una política pública permanente donde pueda contar con los recursos necesarios ”.

Además, David Acuña manifestó que “hay un compromiso, que hoy volvemos a ratificar por parte del gobierno, que es de poder contar en nuestro país con una negociación ramal que nos permita generar la justa distribución de las utilidades que hoy día generan también las empresas”.

Contenido del acuerdo

1. Avanzar en la construcción de una política salarial integral, mediante:

a. La creación de un Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida de las y los Trabajadores, siendo una instancia de carácter técnico y tripartita que contará con representantes de las organizaciones de trabajadores, empleadores y el gobierno, constando de apoyo fiscal para su operación. El rol del Observatorio será evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares de las y los trabajadores, su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar en sus hogares. Esto permitirá suplir las limitaciones de los indicadores estadísticos actuales, así como la generación de políticas que apunten a mejorar las condiciones de vida y la equidad social en el país. El Observatorio tendrá como primera tarea generar un indicador de ingreso disponible familiar de los trabajadores, que considere las remuneraciones y subsidios asociados al trabajo, las brechas de género, los descuentos aplicados, los costos de vida relacionados con la vivienda, el transporte, la alimentación, la salud, el endeudamiento de los hogares y otros factores relevantes, alineándose a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo respecto al salario adecuado o vital, el que debe permitir a las personas trabajadoras satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar un nivel de vida digno considerando las condiciones económicas y sociales de cada país. Asimismo, se reconoce la necesidad que este tipo de instancias respondan a una política de Estado, buscando propiciar su reconocimiento institucional de manera que sea un objetivo de las políticas públicas laborales evaluar permanentemente el presente componente. Este observatorio deberá emitir un informe que será un insumo para la discusión del Ingreso Mínimo Mensual en marzo de 2025.

b. Presentar un proyecto de ley destinado a garantizar el principio de igualdad de remuneraciones conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, que busca garantizar que hombres y mujeres deben recibir igual salario por trabajo de igual valor, prohibiendo la discriminación salarial por motivos de género y promoviendo medidas para erradicar la tendencia a pagar menores remuneraciones en trabajos feminizados a pesar de su importancia social.

c. Retomar el proceso de elaboración de un Indicador Sintético de la Calidad del Empleo en Chile, el que permitirá monitorear el progreso del empleo, identificar grupos vulnerables y guiar las políticas públicas en nuestro país, evaluando su efectividad en el tiempo. Esto se realizará mediante un diálogo tripartito al alero del Consejo Superior Laboral, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial de la Calidad del Trabajo que funcionó durante 2020 y 2021 con participación de trabajadores, empleadores y gobierno, junto con organismos internacionales y destacados académicos.

d. Reducir la informalidad laboral en el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la protección y la organización social, en virtud de los principios de la OIT. Para estos efectos se constituirá una instancia destinada a evaluar tanto mecanismos para penalizar los abusos que se producen en torno a la informalidad, como estímulos para la formalización de emprendimientos y relaciones laborales que hasta ahora se producen sin vínculos contractuales ni protección social. Asimismo, se explorarán formas de reconocer y potenciar las organizaciones de trabajadores en estos sectores, como base para apoyar las políticas para la formalización.

2. Desarrollar, durante el tercer trimestre, un diálogo tripartito sobre la regulación de la negociación colectiva multinivel. Concluido este proceso, el Gobierno formulará una propuesta legislativa que se presentará en lo que resta del año 2024. Esta propuesta buscará garantizar plenamente la libertad sindical ajustándose a los estándares internacionales que buscan fortalecer, a través de mayor diálogo, la democracia laboral y promover desarrollo económico justo y equitativo, enfoque que también busca mejorar la productividad a través de la participación directa de las organizaciones sindicales y empresariales.

3. En materia de Subsidio Único Familiar y Asignación Familiar acuerdan la entrega de un reajuste de 4,5% a partir del 01 de julio de 2024 a los valores del Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar establecidos en la ley N°21.550. Asimismo, se conviene la necesidad de ajustar los tramos de la Asignación Familiar en 4,5% a partir de 01 de julio de 2024 de manera de incluir a un mayor número de beneficiarios, quedando como sigue:

a. Primer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $563.598.-
b. Segundo tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual sea mayor a $563.598 y no exceda de $823.195.-
c. Tercer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere $823.195 y no exceda de $1.283.902.- Se realizará un ajuste en la forma en que opera el SUF y el AF, de modo de  asegurar de que los beneficiarios del SUF, al transitar a un empleo formal, mantengan como Asignación Familiar el mismo monto que recibían en el SUF previamente a su formalización durante los siguientes dos años.

4. La reactivación por los meses de invierno del Bolsillo Familiar Electrónico, considerando las restricciones presupuestarias enfrentadas durante 2024. Asimismo, se considerará la incorporación permanente de este instrumento a la política social a partir del año 2025. También se inyectarán recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para que el precio del kerosene se mantenga en torno a $1050 (promedio histórico RM).

5. Con el objetivo de elevar los estándares laborales del país, el gobierno se compromete a avanzar en la ratificación de los siguientes instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo con las directrices establecidas en dicha instancia tripartita:

a. Convenio N°155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores: El gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar este convenio, el cual es parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siguiendo la decisión tomada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022.

b. Convenio N°81 sobre la inspección del trabajo: Reconociendo el sistema de inspección laboral existente en el país, que cumple 100 años en 2024, el gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar este convenio, con el respaldo de la Dirección del Trabajo y la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo para identificar posibles brechas existentes.

c. Convenio N°149 sobre el personal de enfermería: El gobierno solicitará el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo y creará una instancia de diálogo y estudio que incluya a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Salud, y a representantes sindicales del sector, con el fin de analizar las eventuales brechas entre este convenio y la legislación nacional, y determinar las medidas necesarias para subsanarlas.

d. Convenio N°102 sobre la Seguridad Social: El gobierno solicitará el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo para que emita un informe sobre las diferencias entre la normativa nacional y las normas mínimas establecidas en este convenio, con el propósito de identificar las brechas existentes.

6. Elaborar un estudio exhaustivo sobre los niveles de sindicalización en los distintos sectores económicos de nuestro país, con el objetivo de ofrecer recomendaciones basadas en evidencias que contribuyan al fortalecimiento de la actividad sindical en Chile y su rol en la formulación de políticas laborales más efectivas y equitativas.

7. Presentar un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de descuento de la cotización del empleador al seguro de cesantía de la base de cálculo de la indemnización por año de servicios. Este se elaborará a partir de la evidencia generada por la obligatoriedad, a partir del 1 de mayo de 2024, de registrar la información relativa a la imputación de saldos dentro de los cinco días posteriores a la suscripción del respectivo finiquito, que fue establecida por la Ley N°21.628 de octubre de 2023, que flexibilizó los requisitos y mejoró las prestaciones del Seguro de Cesantía.

8. Se estudiarán posibles medidas para el fortalecimiento institucional de la Dirección del Trabajo, en el contexto de las leyes laborales promulgadas y en proceso de implementación durante el gobierno. El propósito de las referidas medidas será mejorar la capacidad administrativa y la eficacia en la fiscalización de dicha entidad.

9. En atención al deber del Estado de asegurar que las trabajadoras y los trabajadores tengan acceso oportuno a la justicia, se llevará a cabo una evaluación conjunta con el Poder Judicial sobre la propuesta de creación de un Tercer Tribunal Laboral en Santiago. Esta evaluación considerará la carga actual de procesos judiciales que mantienen los tribunales existentes y la importancia que tiene la tutela judicial para el cumplimiento de los avances laborales generados en el actual gobierno.

10. Se analizarán proyectos de ley actualmente en proceso de tramitación en el Congreso Nacional, con el objetivo que sean patrocinados por el ejecutivo, que busquen promover mejoras laborales en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad de las y los trabajadores, considerando especialmente aquellos que aborden temas como la prevención de la violencia externa, el debido acceso a servicios sanitarios, la entrega de elementos de protección personal y otras problemáticas que afecten su calidad de vida.

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Dalivor Eterovic, candidato PC en las primarias de Punta Arenas, apunta a recuperar la calidad de vida de sus habitantes

Punta Arenas es una de las comunas donde el partido comunista irá a primarias y su candidato es el concejal Dalivor Eterovic, quien en entrevista dio a conocer los problemas, preocupaciones y desafíos que hoy atraviesan la capital de la región más austral del mundo.

“Hemos retrocedido en la calidad de vida de la comuna” señala Dalivor, indicando que bajo la actual administración de Claudio Radonich (RN) se ha decidido por una drástica disminución de recursos en el área social del municipio.

“En esta comuna existía una gran cantidad de programas que estaban ejecutándose con recursos de diferentes sectores para la infancia, las mujeres, del orden de la prevención y consumo de adiciones; lo que cambió absolutamente”, indicó:

Esta situación obliga a que dentro de la propuesta se parta por recuperar lo que se perdió, sostiene Eterovic, “y sobre esa base ir proponiendo nuevas iniciativas, buscar fórmulas distintas para resolver los problemas de la comunidad”.

El concejal y candidato PC en las primarias de Punta Arenas, señaló que las prioridades de la comuna son distintas al cuadro país: “Las bajadas nacionales no siempre tiene que ver con la realidad, pues las prioridades son otras”, indicó mencionando la consulta hecha a más de 60 dirigentes vecinales quienes situaron a la violencia intrafamiliar, las adicciones, las incivilidades y la explotación sexual como los flagelos más apremiantes.

Dalivor Eterovic apuntó a que gran parte de estos problemas tiene que ver con la salud mental, y ésta a su vez, con un trasfondo económico y social. Indicó que el Estado no da abasto. “Están absolutamente colapsados”, dijo señalando que Senda está sobrepasado y con escasez de profesionales. “Por lo tanto, es necesario que el municipio haga su aporte con un centro de rehabilitación municipal, pues “no se está haciendo nada al respecto”, indicó.

En materia de vivienda señaló que desde el gobierno, “se está haciendo la pega, pero falta, abordar el sector periurbano, donde  las personas han ido sub parcelando sus hectáreas y autoconstruyendo”.

La alternativa es apoyar esas iniciativas, dijo, regularizando con el apoyo comunal y del Estado en su conjunto: “Hay un rol del municipal y del alcalde que tiene que ver con relacionar a los demás entes del Estado con las personas, incluso con las empresas privadas de los servicios básicos”, indicó el concejal Eterovic.

Respecto al combate de las incivilidades, recalcó sobre la importancia de hacer comunidad para que el barrio vuelva a ser como era: “Abandonar la lógica del individualismo; hacer de los sectores alejados, lugares seguros en la medida que los propios vecinos se apoderan de su sector. Hay que llegar como municipio con algún tipo de apoyo, que sientan que son parte de la ciudad”.

Acerca de la educación, el candidato PC precisó que en educación se ha dado una baja histórica de matrículas con la administración de Radonich quien ya lleva dos períodos. En su propuesta, indicó, que si bien los colegios traspasaron al SLEP, no abandonarán la preocupación por la enseñanza, pensando que sus dependencias pueden tener un rendimiento mayor , profundizando en las escuelas de teatro, de música; en talleres o clínicas.

En una línea similar, Dalivor Eterovic, abordó las expectativas económicas en la comuna y la región, dadas principalmente por la generación de hidrógeno verde. Para ello se requiere mucha proyección e inversión a la altura de lo que la sociedad requiere, sostuvo el candidato, apuntando al desarrollo humano y la dotación de infraestructura para recibir a miles de trabajadores que probablemente llegarán a la región.

“La educación deberá tener una mirada distinta. Necesitamos que nuestros jóvenes aprendan oficios y profesiones relativas al hidrógeno verde. Nos gustaría soñar que Magallanes pueda desarrollar partes y piezas de estos aerogeneradores; por qué no pensar en fábricas y que no sea solo el agua y el viento, para que estos productos vayan a las grandes economías; que se intente acotar al máximo posible las externalidades”, expresó Eterovic.

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Políticas económicas estadounidenses contradicen el espíritu abierto de la globalización

El estado de la globalización hoy, hace pensar sobre su futuro. Es lo que señala Andrés Solimano, a propósito de las altas tarifas que EEUU está aplicando a determinados productos chinos importados.

El economista indicó que hay una continuidad entre Trump y Biden de aplicar esa política a un amplio rango de manufacturas chinas. “Con esta tarifa de importación se produce un incentivo a la industria del país que impone el impuesto, pero castiga a los consumidores que tiene que pagar un valor mayor”,  explica Solimano.

Tampoco se trata de cualquier producto, pues en la lista se encuentran paneles solares, autos eléctricos, turbinas eólicas, semiconductores y baterías de litio. Todos ellos, dentro del rango de los denominados productos verdes que facilitan la transición energética desde los combustibles fósiles.

Es notable cómo China en los últimos 20 años ha transitado de la generación de productos livianos como textil, grifería o plásticos, a ser productor de tecnologías sofisticadas y con acento en los productores verdes, indicó el economista.

Sin embargo, esta decisión de EE.UU “va contra el espíritu de la globalización” precisó Solimano, modelo orientado a que los países importen desde otras regiones productos más baratos y de calidad y que produzcan con mayores ventajas comparativas.

Algunos países industrializados ya han desarrollado capacidades manufactureras livianas y pesadas, entonces ya no está el argumento de la industria naciente para aplicar dichas tarifas, plantea el experto. En el caso de EEUU, el motivo podría responder a posicionarse dentro de la carrera por la hegemonía económica.

La globalización ya ha presentado crisis y dificultades como ha ocurrido con la crisis de 2008, el Brexit, y ahora esta guerra comercial de EEUU contra China. El futuro de integración económica se ve afectada con los cambios geopolíticos, las políticas internas y la competencia por la hegemonía, precisó el economista.

Volver al IPS

En el caso de Chile, Andrés Solimano se refirió a la propuesta compartida por tres destacados profesionales que plantean alternativas para las demandas sociales que hoy se encuentran empantanadas, producto de la intromisión legislativa de la oposición que ha frenado reformas en materia de pensiones o tributos.

La propuesta de Hugo Fazio, director general de Cenda; Miguel Lawner, miembro del directorio y Manuel Riesco, vicepresidente de dicha institución, apunta a que el gobierno retire esas reformas del Congreso y que a través de una ley, se autorice el traslado voluntario al Instituto de Previsión Social IPS, entre otras medidas.

Se indica que de esta forma entrarían recursos y habría una mejora de las pensiones, pues el Estado actualmente paga 2/3 de los gastos previsionales y las AFP se llevan las grandes ganancias, explicó el economista.

También señalan que estos recursos podrían sustentar un plan de vivienda e incluyen un análisis sobre la necesidad de aumentar el control del litio y de  industrializar el cobre.

Tal propuesta, indicó Solimano, amerita ser analizada porque presenta una visión alternativa a cómo avanzar con reformas paralizadas.

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