La crisis de confianza y legitimidad de las instituciones sigue aumentando. En los últimos meses, es la Corte Suprema que se suma a las instituciones cuestionadas por la desviación de poder e incluso, en los casos de ciertos Ministros que han salido a la luz, a la prevaricación de la Justicia.

Lo anterior parece ser la cúspide del inicio de una serie de exposiciones de las maquinaciones corruptas de los poderes subalternos de la sociedad chilena, que anteponen los intereses de sus partidos políticos, de sus amistades y de los intereses económicos que defienden y echa por tierra la manoseada creencia de que” hay que dejar que las instituciones funcionen”. Porque la evidencia indica que las instituciones no están funcionando y requieren una profunda reestructuración a través de un genuino proceso constitucional.

En efecto, la sociedad chilena se encuentra viviendo un momento histórico peculiar, en donde a los graves casos de corrupción judicial, se agrega la inaceptable Impunidad que el Ministerio Público ha impuesto para los miles de procesos de investigación penal sobre violación de Derechos Humanos acontecidos desde el año 2019 en adelante. Cabe tener presente que, de acuerdo al último Informe Anual de Amnistía Internacional, de los 10.142 casos investigados, sólo 44 resultaron con condenas.

En prácticamente todos los demás, las causas fueron archivadas haciendo uso abusivo de la facultad de no perseverar del artículo 170 del Código Procesal Penal. En definitiva, cuando son graves hechos de corrupción e incluso hechos constitutivos de violación sistemática de los Derechos Humanos por uso excesivo, desproporcional y ensañado de la fuerza de agentes del Estado bajo órdenes u omisiones de sus superiores, incluido especialmente el poder civil que lo dirige, no hay un verdadero esfuerzo investigativo por el Ministerio Público.

En contraste, se ha ido acrecentando peligrosamente el mal uso de los instrumentos persecutorios, expresión clara de un contexto de politización de la justicia y claros indicios de “Lawfare”, a través de procesos en que se ha cargado el peso de la Ley con mayor vehemencia contra unos imputados determinados, transgrediéndose gravemente la presunción de inocencia y el principio de objetividad de la investigación.

Pero la opinión pública ha ido conociendo en el último tiempo, especialmente a raíz de las informaciones relativas al Caso Hermosilla ó Caso Audios, las razones que están detrás de este incumplimiento del deber del Ministerio Público en investigar los casos de violaciones a los derechos humanos, y, sus esfuerzos por perseguir a dirigentes políticos violentando principios y normas del sistema procesal penal con el claro afán de obtener una sentencia condenatoria.

En efecto, según reportes de CIPER, The Clinic (05/11/2024) y El Dinamo (13/01/2025), el Fiscal Nacional Ángel Valencia habría mantenido reuniones privadas con Luis Hermosilla —abogado penalista vinculado a varios de los casos de corrupción referidos— y con el exministro Andrés Chadwick, uno de los imputados en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el denominado “Estallido Social” del año 2019. En dichos encuentros, que al principio negó su ocurrencia, y que después “recordó”, el Fiscal Nacional Angel Valencia habría comprometido su apoyo para informar anticipadamente a Hermosilla sobre investigaciones contra el expresidente Sebastián Piñera. Este hecho, admitido parcialmente por el propio fiscal en declaraciones a Radio Universidad de Chile (09/10/2024), configura un grave conflicto de interés y socava la imparcialidad que debe regir su cargo.

Además, el Tribunal de Garantía de Santiago admitió una querella contra Valencia por su reunión con Hermosilla y Chadwick (El Mostrador, 16/12/2024), lo que profundiza las dudas sobre su idoneidad para liderar una institución clave en la lucha contra la corrupción, como también, aquellas dirigidas en dilucidar la responsabilidad penal por la violación de Derechos Humanos en el país, especialmente de aquellos políticos actualmente imputados, como es el caso de Andrés Chadwick y otras altas autoridades, incluido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, querellado en varias causas de Derechos Humanos.

Este doble rasero consolida el lawfare: utilizar herramientas legales para perseguir a adversarios políticos mientras se protege a aliados, tal como sucede en las investigaciones contra los integrantes del gobierno del ex presidente don Sebastián Piñera.

Cómplices de este entramado de corrupción del poder establecido, es el cuestionable rol de los grandes medios de comunicación, los que han abandonado su función social y hoy con descaro e impudicia, defienden a sus dueños, los grandes conglomerados económicos que mandan en nuestro país, medios de comunicación que a través del sesgo informativo, la desinformación y la omisión, impiden que los chilenos y chilenas puedan tener acceso al derecho a la información veraz y oportuna que les permita tomar las decisiones en forma libre e independiente. En cambio, los grandes medios de comunicación han optado por generar climas de opinión favorables a los intereses de quienes defienden el statu quo, afectando gravemente la libertad de expresión, requisito básico y consustancial de todo sistema democrático, tal como lo advirtiera el Relator sobre Libertad de Expresión del sistema interamericano, en su Informe sobre Chile del año 2016.

Confirman las serias recriminaciones y cuestionamientos a la labor desplegada por el Fiscal Nacional, Angel Valencia, las actuaciones ilegales desplegadas por el Fiscal Patricio Cooper, quien fuera designado por el cuestionado Fiscal Nacional y que, producto de sus actuaciones ilegales en el caso Sierra Bella, enfrenta un cuaderno de remoción ante la Corte Suprema. Ahora, según lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogiendo un recurso de amparo de una persona investigada en el caso ProCultura, en el que incluso el Fiscal Cooper solicitó la intervención telefónica del presidente Gabriel Boric, señaló en su resolución que las medidas intrusivas decretadas por el mencionado Fiscal (escuchas telefónicas), eran arbitrarias e ilegales y recordaban épocas pretéritas de nuestra Historia reciente. El Fiscal Nacional se vio obligado a removerlo del caso.

Por ello, exigimos responsablemente a la luz del bien común y en favor de la paz social, especialmente de su gran garantía que es la objetividad de la investigación penal, que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, renuncie a su cargo como actual Fiscal Nacional.

Además, a la espera de un necesario nuevo proceso constitucional que exprese soberanamente la voluntad del pueblo chileno de definir los marcos normativos de la convivencia social, demandamos con urgencia una reforma parcial de la Constitución que modifique los mecanismos de designación de jueces y fiscales, junto con el fortalecimiento de los controles que eviten conflictos de interés, asegurando que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen con ética y equidistancia política.

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