El vicepresidente del Colegio de Profesores y Consejero Nacional de la Cut, Jaime Gajardo, acusó que el gobierno propone seguir aumentando las brechas de desigualdad laboral y la precarización del empleo, mediante guarismos muy por debajo de los montos requeridos para superar la línea de la pobreza en Chile.
Esto, en el marco de la propuesta sobre salario mínimo, que el ejecutivo ingresará sin haber llegado a acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores.
El vicepresidente del Colegio de Profesores denunció una fuerte arremetida del Gobierno contra los trabajadores, para generar mayores ganancias al mundo empresarial a costa de la precarización del empleo.
Jaime Gajardo criticó que a la hora de implementar políticas salariales, el gran empresariado pase a llevar convenios internacionales suscritos por Chile, con total respaldo del Gobierno.
El vicepresidente del Magisterio repudió que el Gobierno se niegue a impulsar un reajuste salarial que permita superar la línea de la pobreza, bajo el pretexto de que afectaría el crecimiento económico.
A juicio del dirigente comunista, ese pensamiento obedece a un modelo neoliberal que no ha dado el ancho para resolver grandes problemas sociales.
Finalmente, Jaime Gajardo lamentó que una vez más el Gobierno pretenda bloquear la acción sindical, en el marco de las negociaciones por reajuste salarial, para reforzar un sistema económico que necesita la precarización del empleo.
Representantes de todas las bancadas opositoras se reunieron con organizaciones en defensa de los Derechos Humanos para intercambiar ideas y propuestas que permitan enfrentar la coyuntura generada por la libertad condicional otorgada por la Segunda Sala de la Corte Suprema a criminales de lesa humanidad.
La indignación generada por la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los Derechos Humanos sigue creciendo en la ciudadanía, que desde hace una semana se ha manifestado en el frontis de la Corte Suprema.
Para el jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, es muy importante que las bancadas puedan actuar unidas para llevar adelante una acusación constitucional.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró los esfuerzos de las bancadas para avanzar en una acusación constitucional, al que se pueden sumar otras iniciativas parlamentarias que vayan en la dirección de terminar con acciones que avalen la impunidad.
Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DD.HH aclaró que los ministros están obligados a adecuar sus fallos al orden internacional en materia de protección de los Derechos Humanos.
En ese marco se desarrolló una reunión entre la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos con los representantes de todas las bancadas de oposición, para intercambiar opiniones y sugerencias en torno a las acciones que frenen un camino de impunidad en los tribunales de justicia.
Una idea que ha generado amplio consenso es la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, por la figura de “notable abandono de deberes” en los siete casos de libertades condicionales concedidas.
Este 7 de agosto se celebró el Día Nacional del Dirigente Vecinal, Social y Comunitario en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria realizan miles de hombres y mujeres a lo largo del país, en beneficio directo de sus barrios y comunidades. Sobre esto se refirieron la ex Ministra Claudia Pascual y los diputados Boris Barrera y Karol Cariola
Es así que el diputado comunista por el distrito 9 Boris Barrera consideró como invaluable el trabajo realizado por los dirigentes comunitarios, pues estos últimos ha sido capaces de lograr avances y un mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos.
Por su parte, la también parlamentaria PC, Karol Cariola, aprovechó la instancia para agradecer el esfuerzo y compromiso que demuestran día a día los miles de chilenas y chilenos que postergan muchas veces sus intereses personales, en beneficio de su entorno inmediato.
En tanto la ex ministra de la Mujer y Equidad de género, Claudia Pascual, indicó que los gobiernos locales deben facilitar las instancias de diálogo con los dirigentes vinculados a cada territorio, para contribuir a la labor de las organizaciones sociales.
Por otro lado, Claudia Pascual aclaró que en Chile no existen leyes de rango constitucional que garanticen la participación vinculante de los dirigentes comunitarios.
La ex secretaria de Estado añadió que la ley de presupuestos no contempla recursos para financiar los viajes o actividades de las organizaciones a nivel territorial, lo que limita la labor en los ministerios en ese ámbito.
La fecha escogida para celebrar el aporte de las y los dirigentes vecinales recuerda la publicación de la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, promulgada en agosto de 1968, durante el mandato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. La normativa que opera en la actualidad significó un notable impulso a la organización social de sectores populares del campo y la ciudad y que hoy reconoce la labor que cumplen éstos servidores de sus comunidades en el Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario.
Partido Socialista aprobó en el marco del compromiso adquirido como colectividad con la igualdad de género y la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, en la V sesión del Pleno del Comité Central se acordó por unanimidad, la aprobación del Protocolo contra la Violencia de Género, Acoso y Abuso Sexual.
Se informó a través de su página web que tras los aplausos de los asistentes y al término de la jornada, la vicepresidenta de la Mujer, Karina Delfino, destacó el acuerdo y explicó que “este protocolo tiene por objetivo promover un ambiente libre de discriminación y violencia al interior del partido socialista, y fijar un procedimiento claro ante situaciones de denuncia de violencia de género, abuso y acoso sexual”.
Cabe recordar, como señala el protocolo aprobado, que la violencia de genero es una forma de discriminación e implica una violación a los derechos humanos, ya que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho a desarrollo de las personas, siendo las mujeres las principales víctimas.
Revisa e infórmate aquí sobre el #ProtocoloContraViolenciaDeGénero:
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la región del Maule, Soraya Apablaza, criticó que el ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, le baje el perfil al cierre de la empresa Iansa, que dejó a 4 mil personas sin su fuente laboral, en un contexto donde la tasa de cesantía en la zona va en aumento.
La dirigenta sindical aseguró que el secretario de Estado miente al anunciar que los trabajadores afectados serán destinados a la planta de San Carlos.
La presidenta de la CUT del Maule, aclaró que el cierre masivo de empresas en la región alerta que hay un problema estructural que el Gobierno no está sabiendo abordar de manera estructural.
Soraya Apablaza, dijo esperar que los anuncios del Gobierno de dar el tema por pasado, vayan acompañados de una fuerte inversión local y apertura de nuevas empresas.
La presidenta de la CUT del Maule hizo un llamado al Gobierno a dar soluciones estructurales a los trabajadores afectados y no limitar su ayuda a medidas de caridad.
El abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, denunció que La Corte Suprema dicta penas muy bajas a criminales de lesa humanidad, respecto a la gravedad de los delitos cometidos. A modo de ejemplo, Cristian Cruz comparó la baja sentencia de uno de los reos indultados con los 6 años y un día de cárcel que pesa contra un lonco mapuche por fracturar el dedo de un oficial de Carabineros.
Por otro lado, Cristian Cruz descartó que la libertad condicional se niegue por razones políticas más que jurídicas, como señala el diputado UDI Osvaldo Urrutia, en defensa de los criminales condenados.
El abogado de derechos humanos aclaró que La Corte Suprema cometería un grave error si pretende mediante beneficios carcelarios vulnerar las obligaciones legales, reglamentarias e internacionales.
A su vez, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, criticó que se entregue libertad condicional a genocidas que cometieron los peores crímenes, contraviniendo todas las normas chilenas e internacionales.
El diputado Tomás Hirsch dijo que estos indultos obedecen a un plan orientado a la impunidad de los violadores de derechos humanos, poniendo en entredicho la existencia de un Estado de Derecho efectivo.
Tomás Hirsch explicó que desde el término de la Dictadura, se viene validando a quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, donde muchos civiles también participaron en los crímenes cometidos y ostentan cargos públicos.
Dirigentes sindicales de la minería exigieron al gobierno de Sebastián Piñera la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y trabajo precisamente en la minería, dado que las actuales condiciones en que se desarrolla este tipo de faenas, no entregan seguridad para la vida de los trabajadores, tal como lo demuestran cifras que hablan de más de 500 fallecidos en este tipo de actividades extractivas en menos de 15 años.
En la oportunidad, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Manuel Ahumada recordó que fue el propio Piñera quien se comprometió a ratificar este instrumento se protección laboral a propósito de lo ocurrido con los 33 trabajadores de la mina San José el 2010, sin que a la fecha haya realizado ninguna gestión al respecto.
Manuel Ahumada explicó que la tesis sostenida por la industria en torno a que esta ratificación del Convenio 176 podría significar una excusa para detener la producción no tiene ningún fundamento, pues otros cuerpos normativos internacionales entregan este recurso a los trabajadores frente a un peligro inminente, sin que esto haya ocurrido.
Para el presidente de la Federación de supervisores de la minería, Ricardo Calderón resulta impresentable que un país como Chile, el cual posee el 30% de la producción del Cobre a nivel mundial y sea portador de importantes yacimientos de Litio entre otros valiosos minerales, no cuente con un protocolo de seguridad acorde los estándares internacionales.
La seguridad y la salud no se tranzan, así lo expresó Carlos Zurita presidente de la Federación der supervisores de la minería privada, quien insistió en la necesidad del dialogo y el entendimiento como una forma de que Chile ratifique un convenio, el cual recordemos ya es parte de la normativa minera en países como Perú o Bolivia.
En tanto el presidente de la Federación Minera de Chile Gustavo Tapia afirmó que lejos de buscar beneficios económicos lo que persigue su gremio es definir un plan de seguridad y salud frente a una labor ingrata y dificultosa, en donde además existe un riesgo latente para quienes trabajan en la extracción minera.
Consignar que el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de la OIT, consagra un derecho elemental en su Artículo 13. 1., el cual dice relación con que la legislación nacional, deberá conferir a los trabajadores el derecho a los trabajadores a retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud, precepto que pese a ser de sentido común, aun no es ratificado por el Estado de Chile.
Este lunes, integrantes de las Juventudes del Partido Socialista, Comunista y de la Democracia Cristiana, se encadenaron en el frontis del palacio de tribunales para repudiar la determinación adoptada por el máximo tribunal, respecto a otorgar libertad a siete reos del penal Punta Peuco.
El presidente nacional de las Juventudes Comunistas de Chile, Camilo Sánchez, denunció la ilegalidad de las medidas de impunidad que está elaborando la Corte Suprema a favor de criminales condenados por delitos de lesa humanidad.
A su vez, el presidente nacional de la Democracia Cristiana, Manuel Gallardo, afirmó que la Corte Suprema está profundizando la falta de verdad y justicia, lo que constituye una grave falta para la convivencia nacional.
Por su parte, el secretario general de la Juventud Socialista, Francisco Melo, aseguró que la justicia y la verdad ante actos tan deleznables como la violación a los derechos humanos, deben ser imperativos de una sociedad democrática.
En la instancia, los dirigentes políticos aseguraron que con estas determinaciones sólo se ratifica la impunidad, pasando a llevar lo ya había dictaminado la Comisión de Libertades Condicionales y la Corte de Apelaciones.
Concluida la Conferencia Nacional del Partido Comunista, el presidente de dicha colectividad, Guillermo Teillier, se refirió a las principales conclusiones obtenidas tras estas jornadas de trabajo y análisis en donde más de 300 delegados consensuaron el camino que trazarán en el futuro como colectividad.
En primer término el timonel del PC, resaltó como una primera resolución que la única forma de avanzar en los cambios que el país requiere es la más amplia unidad de las fuerzas progresistas y de centro izquierda.
Guillermo Teillier enfatizó en la instancia de reunión de su partido el apoyo irrestricto a las propuestas del mundo sindical , sobre todo cuando es evidente que existe una vulneración a los derechos laborales básicos y el preocupante cierre de diversas empresas en el país, lo cual augura tiempos muy difíciles para los trabajadores.
Otra resolución importante surgida desde esta Conferencia Nacional del Partido Comunista fue, según lo expresó el diputado Teiller, un fortalecimiento de un proceso ideológico y de compromisos de esta colectividad con su militancia, sobre todo considerando el alto respaldo evidenciado en la etapa de fichaje que reveló al PC como la tienda política con más adherentes en el país.
Finalmente, el presidente del Partido Comunista Gullermo Teillier adelantó que existe una voluntad expresa en esta Conferencia Nacional de construir un pacto electoral con miras a las próximas elecciones municipales-primera contienda política a corto plazo, en donde ya han comenzado conversaciones con distintas colectividades , incluidas aquellas que parecen tener posiciones más lejanas , concluyó.
