El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, aclaró que el cambio de gabinete realizado por Sebastián Piñera no frena la arremetida de reconversión neoliberal que impulsa el Gobierno.
Al respecto, el dirigente del Partido Comunista denunció una fuerte ofensiva de la derecha empresarial contra el mundo del trabajo, para generar nuevas condiciones de precarización laboral.
Juan Andrés Lagos criticó que Sebastián Piñera aprovechará el cambio de gabinete para insistir en culpar al gobierno anterior del déficit fiscal y la situación económica del país, producto de un modelo neoliberal que ya no da abasto.
En ese sentido, el analista apuntó a un nuevo proyecto de desarrollo que responda a las necesidades políticas y sociales del país, tal como plantearon en la Conferencia Nacional del PC.
Juan Andrés Lagos, advirtió que el Gobierno busca seguir profundizando un modelo económico que ha llevado al límite la precarización del empleo, la baja inversión y la desigualdad social.
El analista también se refirió a la pérdida de credibilidad ciudadana hacia Piñera, en vista del desempleo y la falta de inversión que afectan al país, en contraste propuestas de campaña del mandatario, tendientes a una reactivación económica.
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier entregó sus primeras impresiones con respecto al cambio de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera, las que corresponden a los ministerios de Educación, Cultura y Medio Ambiente.
En este sentido, Teillier sostuvo que si bien puede pretender acabar con las equivocaciones de sus ministros, la hoja de ruta del gobierno de derecha no cambia. “Se podrá terminar con los chascarros con el cambio de gabinete, pero la política sigue siendo la misma y las promesas siguen siendo las mismas. El presidente, aprovechando el cambio de gabinete ha dicho que se impulsarán con fuerza la reforma tributaria y la ley laboral, esto significa que la política del gobierno respecto a los trabajadores no es lo que dice el presidente, no es para crear pleno empleo o para mejorar los salarios, en realidad lo que hace es restringir los derechos de los trabajadores y de alguna manera quiere salvaguardar los intereses de las grandes empresas cambiando la reforma tributaria”,expresó.
Para el parlamentario y representante máximo del PC, esto no es más que algo “cosmético” ya que detrás de los movimientos en las respectivas carteras, siguen existiendo latentes realidades como el cierre masivo de empresas y el letargo económico por el que pasa el país. Guillermo Teillier declaró que “no hay ninguna esperanza de que con estos cambios ministeriales, que son un retoque, porque son ministros que han molestado al Presidente porque le han hecho bajar en las encuestas, entonces es un cambio cosmético, pero mientras se hace este cambio, vemos que la economía no despega como se ha prometido, no despega el aumento de puestos de trabajo, al contrario, cierran empresas”.
Para concluir, el diputado PC hizo hincapié en lo infecundo de los anuncios “yo creo que poco es lo que cambia, y debemos estar preparados entonces para una una ofensiva mayor en relación a los derechos de los trabajadores en nuestro país, y la oposición tendrá que tomar cartas en el asunto, tomar nota de esto porque por más que hayan nuevos ministros, esto no va a cambiar”, finalizó.
Junto a un gran lienzo que expresaba “NO A LA IMPUNIDAD”, las bancadas de los partidos de oposición informaron la decisión de hacer una acusación constitucional contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, quienes liberaron a 7 reos que cumplían penas por crímenes de lesa humanidad
Acompañados por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, anunciaron la decisión parlamentaria de acusar constitucionalmente a los integrantes del tribunal máximo, la que obedece a la facultad de los parlamentarios para solicitar un juicio político por incumplimientos graves a una labor.
Según la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, aseguró que el poder judicial está iniciando un camino de otorgar beneficios a violadores de derechos humanos que cumplían condena, por lo que se debe detener todo avance de impunidad.
El diputado presidente de la Bancada Comunista, Daniel Núñez, explicó que los equipos de abogados de las bancadas están trabajando para tener en un plazo de 10 días la acusación redactada en una clara señal hacia el país, de que no se puede aceptar actos de impunidad hacia los derechos humanos y que existen fundamentos jurídicos, políticos, éticos y morales para llevar a cabo la acusación.
Por el Partido Socialista, el diputado Jaime Naranjo expresó que se debe actuar siempre a favor del respeto hacia los derechos humanos y que los jueces no pueden ignorar los tratados internacionales. En este sentido, tiene certeza de que existirá un amplio apoyo a esta acusación constitucional.
Por su parte el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, fue enfático en señalar que Chile ha retrocedido en garantizar los derechos humanos, así lo demuestra la liberación de los reos. Declaró, por consiguiente, que el Frente Amplio y toda la oposición condena fuertemente la impunidad.
Una de las solicitudes de los diputados es que este periodo esté acompañado de movilización social a nivel nacional, así lo declaró el diputado Ricardo Celis del PPD, bancada que también se hará parte de la acusación.
Así mismo, el diputado y presidente del partido Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet expresó que como bancada van a apoyar la acusación. En la oportunidad se quiso referir a los dichos que se han sostenido sobre el parlamento, donde se ha banalizado su importancia. Mulet refrendó que es la oportunidad de actuar en consecuencia unidos por una causa.
Las y los diputados de la oposición van a trabajar en los próximos días en la redacción de esta acusación constitucional. Cabe consignar que aún no se conoce la decisión final de la Democracia Cristiana para participar de la acusación. A pesar de esto, un diputado de la bancada firmará el líbelo, y abogados DC participarán en el proceso de redacción, a fin que terminado el proceso, pueda definirse una postura final.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, afirmó que todas las políticas laborales impulsadas por el gobierno apuntan a precarizar el empleo y mantener las brechas de desigualdad en Chile.
En ese sentido, Bárbara Figueroa se mostró confiada en que la CUT junto al Parlamento pueda revertir la propuesta de 7 mil pesos impuesta por Hacienda como reajuste de salario mínimo, ya que dicho monto es una burla si se busca superar la línea de la pobreza.
Además, la presidenta de la CUT advirtió que el estatuto laboral para jóvenes viene a precarizar la mano de obra estudiantil, sin dejar espacio para la organización sindical.
Bárbara Figueroa aclaró que los intereses de clase de la derecha siguen estando con el gran capital; es decir, a favor de la acumulación de riquezas a costa de una mayor precarización del empleo.
La presidenta de la multisindical concluyó que Latinoamérica está viviendo una ofensiva neoliberal, basada en imponer políticas de precariedad y explotación laboral a gran escala.
Finalmente, Bárbara Figueroa indicó que el Gobierno no ha hecho ninguna presentación concreta, respecto a las negociaciones por salario mínimo, lo que deja espacio para generar un acuerdo más coherente.
La Agrupación de Familiares de Desaparecidos, encabezada por su presidenta Lorena Pizarro, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para expresarle su preocupación y rechazo ante las recientes libertades a violadores de derechos humanos otorgadas por la Sala Penal del máximo tribunal del país.
Concluida la cita, Lorena Pizarro anunció la presentación de una carta de reproche dirigida al pleno de la Corte Suprema, en donde manifestaran su preocupación por esta doctrina aplicada por la segunda sala penal que beneficia a los criminales de Estado, desestimando los criterios aplicados por el Derecho Internacional en este tipo de hechos.
La activista por los D.D.H.H no descartó recurrir a organismos internacionales para denunciar esta práctica de impunidad judicial, la cual precisó, ha sido favorecida por la ausencia de una legislación y una voluntad política al respecto.
Sobre la revocación de la libertad condicional al piloto del helicóptero en la denominada “Caravana de la muerte “Luis Felipe Polanco por parte de esta segunda sala penal, Lorena Pizarro sostuvo que esto lejos de ser un gesto de parte de los ministros sólo corresponde al cumplimento de su labor, a diferencia del fallo anterior en que si hubo un claro abandono de deberes.
Del mismo Lorena Pizarro, afirmó que el actuar ilegitimo de algunos ministros de la Corte Suprema en torno a los temas de D.D.H.H, obedece a un plan concebido por un gobierno como el actual, el cual desde el primer minuto se ha coludido con el Poder Judicial –tal como ocurrió en Dictadura ,para sellar la más alevosa impunidad.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos comentó finalmente, que, dentro de la reunión sostenida con el titular de la Corte Suprema, le expusieron sus impresiones respecto a que lo obrado por la segunda sala penal esperan corresponda sólo a un cambio de criterio y no doctrina, ya que resultaría muy grave que un poder del Estado no priorice la protección de los D.D.H.H.
Partidos de oposición ratificaron su intención de interponer una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema que concedieron beneficios carcelarios a reos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Consultado sobre esta situación, el Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmona sostuvo que el origen de esta acción constitucional de la que será parte su colectividad , busca evidenciar el incumplimiento por parte de los jueces de la Suprema con esta resolución de los tratados internacionales suscritos por Chile que limitan este tipo de beneficios para criminales de Estado.
Lautaro Carmona valoró que se haya concretado la unidad de la mayoría de las fuerzas de oposición en torno a esta acusación, surgida luego de lo que consideró una infracción del Estado de Derecho nacional por parte de algunos ministros de la Corte Suprema.
En tanto para el abogado penalista Alfredo Morgado cuestionó esta resolución surgida desde la segunda sala de la Corte Suprema, pues quienes solicitaron este beneficio carcelario no han demostrado un ápice de arrepentimiento y colaboración, lo cual es un requisito mínimo para iniciar cualquier petición en este sentido.
Alfredo Morgado justifico esta decisión de algunas bancadas de oposición de acusar a parte de los integrantes del Poder Judicial tras esta resolución, pues claramente estos últimos han hecho casi omiso no sólo a tratados y convenios internacionales en el ámbito de los D.D.H.H, sino además se quebrantan los principios de una sociedad que debe estructurase en base a la justicia, enfatizó.
Por su parte, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, consideró este fallo de la Suprema como una afrenta hacia nuestra propia democracia, así como a la lucha abnegada de muchos compatriotas que luego de 40 años no han podido lograr la justicia ni la reparación debida.
Claudia Pascual dijo que esta situación de impunidad surgida desde el Poder Judicial es un precedente nefasto para las nuevas generaciones, al enviar un mensaje relativista en torno al sufrimiento y la lucha de un país afectado por una de las dictaduras más feroces del Continente y la infracción alevosa a los tratados relativos a los D.D.H.H.
El principal argumento de la acusación patrocinada por parlamentarios PC , PPD, PS,PR, se basa en que ambos tribunales no respetaron los tratados internacionales ratificados por el Congreso , los cuales no permiten otorgar beneficios carcelarios sin arrepentimiento, teniendo estos cuerpos normativos una obligación de ley en nuestro país .
Existen además –a juicio de los requirentes, un claro abandono de deberes constitucionales por parte de los ministros cuestionados, propiciando en definitiva la impunidad.
Escuche entrevista a Subjefe de Bancada Socialista reafirma presentación de Acusación Constitucional contra jueces que otorgaron beneficios carcelarios a violadores de DD.HH. El diputado Marcos Ilabaca espera que otras bancadas de la oposición apoyen la iniciativa.
El vicepresidente del Colegio de Profesores y Consejero Nacional de la Cut, Jaime Gajardo, acusó que el gobierno propone seguir aumentando las brechas de desigualdad laboral y la precarización del empleo, mediante guarismos muy por debajo de los montos requeridos para superar la línea de la pobreza en Chile.
Esto, en el marco de la propuesta sobre salario mínimo, que el ejecutivo ingresará sin haber llegado a acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores.
El vicepresidente del Colegio de Profesores denunció una fuerte arremetida del Gobierno contra los trabajadores, para generar mayores ganancias al mundo empresarial a costa de la precarización del empleo.
Jaime Gajardo criticó que a la hora de implementar políticas salariales, el gran empresariado pase a llevar convenios internacionales suscritos por Chile, con total respaldo del Gobierno.
El vicepresidente del Magisterio repudió que el Gobierno se niegue a impulsar un reajuste salarial que permita superar la línea de la pobreza, bajo el pretexto de que afectaría el crecimiento económico.
A juicio del dirigente comunista, ese pensamiento obedece a un modelo neoliberal que no ha dado el ancho para resolver grandes problemas sociales.
Finalmente, Jaime Gajardo lamentó que una vez más el Gobierno pretenda bloquear la acción sindical, en el marco de las negociaciones por reajuste salarial, para reforzar un sistema económico que necesita la precarización del empleo.
Representantes de todas las bancadas opositoras se reunieron con organizaciones en defensa de los Derechos Humanos para intercambiar ideas y propuestas que permitan enfrentar la coyuntura generada por la libertad condicional otorgada por la Segunda Sala de la Corte Suprema a criminales de lesa humanidad.
La indignación generada por la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los Derechos Humanos sigue creciendo en la ciudadanía, que desde hace una semana se ha manifestado en el frontis de la Corte Suprema.
Para el jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, es muy importante que las bancadas puedan actuar unidas para llevar adelante una acusación constitucional.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró los esfuerzos de las bancadas para avanzar en una acusación constitucional, al que se pueden sumar otras iniciativas parlamentarias que vayan en la dirección de terminar con acciones que avalen la impunidad.
Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DD.HH aclaró que los ministros están obligados a adecuar sus fallos al orden internacional en materia de protección de los Derechos Humanos.
En ese marco se desarrolló una reunión entre la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos con los representantes de todas las bancadas de oposición, para intercambiar opiniones y sugerencias en torno a las acciones que frenen un camino de impunidad en los tribunales de justicia.
Una idea que ha generado amplio consenso es la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, por la figura de “notable abandono de deberes” en los siete casos de libertades condicionales concedidas.
Este 7 de agosto se celebró el Día Nacional del Dirigente Vecinal, Social y Comunitario en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria realizan miles de hombres y mujeres a lo largo del país, en beneficio directo de sus barrios y comunidades. Sobre esto se refirieron la ex Ministra Claudia Pascual y los diputados Boris Barrera y Karol Cariola
Es así que el diputado comunista por el distrito 9 Boris Barrera consideró como invaluable el trabajo realizado por los dirigentes comunitarios, pues estos últimos ha sido capaces de lograr avances y un mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos.
Por su parte, la también parlamentaria PC, Karol Cariola, aprovechó la instancia para agradecer el esfuerzo y compromiso que demuestran día a día los miles de chilenas y chilenos que postergan muchas veces sus intereses personales, en beneficio de su entorno inmediato.
En tanto la ex ministra de la Mujer y Equidad de género, Claudia Pascual, indicó que los gobiernos locales deben facilitar las instancias de diálogo con los dirigentes vinculados a cada territorio, para contribuir a la labor de las organizaciones sociales.
Por otro lado, Claudia Pascual aclaró que en Chile no existen leyes de rango constitucional que garanticen la participación vinculante de los dirigentes comunitarios.
La ex secretaria de Estado añadió que la ley de presupuestos no contempla recursos para financiar los viajes o actividades de las organizaciones a nivel territorial, lo que limita la labor en los ministerios en ese ámbito.
La fecha escogida para celebrar el aporte de las y los dirigentes vecinales recuerda la publicación de la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, promulgada en agosto de 1968, durante el mandato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. La normativa que opera en la actualidad significó un notable impulso a la organización social de sectores populares del campo y la ciudad y que hoy reconoce la labor que cumplen éstos servidores de sus comunidades en el Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario.
