La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
iniciativa surgida desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero
que luego de una serie de postergaciones recién ahora ha logrado este
importante avance legislativo que condena y sanciona diversos tipos de
violencia en ámbitos como el doméstico, pero también en lo público, laboral y
económico, entre otros.
Concretada esta aprobación casi unánime, la diputada
comunista Karol Cariola señaló que esta
decisión de la Sala de la Cámara es un paso fundamental en torno a penalizar de
manera drástica los hechos de violencia de género y de dominación que por años
han debido soportar las mujeres de nuestro
país.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados Maya
Fernández manifestó su esperanza que
esta iniciativa que ha sorteado su primer tramite legislativo, logre ser
aprobado en el Senado, transformándose así en una legislación que impida que
las mujeres sufran más violencia en nuestra sociedad.
En tanto desde Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, la concejala Natalia Cuevas enfatizó que este proyecto que fue
aprobado en la Cámara es un primer paso para
enfrentar un fenómeno como la violencia en contra de las mujeres, la
cual se refleja no solo en el ámbito domestico, sino además en lo laboral o
incluso en el tratamiento que se le da a las mujeres en los medios de comunicación.
Del mismo modo, la presidenta de la ONG Mujer y Madre
Virginia Palma presente en esta histórica votación en el Congreso, afirmó que
existe aún una deuda enorme de nuestra sociedad con la causa de las mujeres en
torno a la reivindicación y respeto por
sus derechos, pero entendiendo que propuestas como esta, constituyen un logro
importante.
Otra de las dirigentas presentes en las tribunas del
Congreso, fue la concejala comunista por Santiago Iracì Hassler quien lamentó
que nuevamente la Derecha haya intentado reponer un artículo que no reconocía
la dominación histórica en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Desde la órbita de los diputados, el legislador comunista
Amaro Labra junto con expresar su satisfacción por la aprobación en su primer trámite
de esta ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
reconoció el mérito que tuvieron en su momento tanto la presidenta Bachelet
como su ministra de la Mujer y Equidad de Género Claudia Pascual en la
configuración de esta norma.
Precisamente Claudia Pascual
ex ministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno anterior y una
de las principales promotoras de la iniciativa aprobada por la Cámara, resaltó
lo positivo que resulta para nuestro país –de aprobarse la ley, que se establezcan los limites y se castigue a
quien ejerzan violencia no sólo domestica sino además pública, psicológica ,
política o económica entre otras , en
contra de las mujeres .
Desde la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas
junto con celebrar esta aprobación del proyecto que salvaguarda el derecho de
las mujeres a una vida sin violencia, también valoraron que no haya
prosperado la intención de la Derecha de
modificar el artículo 2 de la propuesta, eliminando -tal como pretendía Chile Vamos,
factores alusivos a la desigualdad en la relación entre hombres y mujeres en
ámbitos sociales, culturales, y económicos, lo cual finalmente no prosperó.
Las razones que llevaron al Tribunal a dictar estos veredictos condenatorios al GOPE de Carabineros Christian Edgardo Rivera Silva , así como el tratamiento de las pruebas incorporadas en el juicio, serán detalladas con mayor precisión en la sentencia definitiva que ha de dictarse en estos antecedentes, fijándose para la lectura de ella la audiencia del próximo día 24 de enero del año 2019, a las 13.00 horas, quedando los intervinientes desde ya debidamente emplazados.
El caso de Brandon se remonta al domingo 18 de diciembre del 2016, cuando el joven Mapuche Brandon Hernández Huentecol, con 17 años del sector Curaco, comuna de Collipulli, resultó gravemente herido tras recibir por la espalda el impacto de escopeta calibre 12 antimotines, disparada por el efectivo, Sargento Segundo Cristián Rivera, en el marco de las militarizaciones de fuerzas represivas en diversas zonas rurales del sur, en este caso, en la ruta R-49, que une Collipulli con Curaco en la Región de la Araucanía.
La situación se desenlaza cuando Brandon trató de proteger a su hermanito de 13 años que había sido reducido por el funcionario represor en el marco de un control de identidad. La acción policial arrojó más de 140 proyectiles de perdigones en el cuerpo de Brandon, desparramados en diversos órganos de su cuerpo, con riesgo vital y sendas intervenciones quirúrgicas en Temuco para salvar su vida donde finalmente se logró con un paulatino proceso de recuperación.
La jerarquía de la institución de Carabineros como ha sido recurrente en este tipo de cobardes ataques y violaciones de derechos humanos, a través del jefe de la Novena Zona de Carabineros, Christian Franzani, tildó el hecho como un “accidente”, según medios de prensa.
“Frente a la acción policial de reducir a Isaías Hernández Huentecol y a su petición de auxilio, su hermano Brandon Hernández Huentecol enfrentó al carabinero Christian Rivera Silva, empujándolo, forcejando con él, por lo que fue reducido por este, quien lo botó al suelo y puso un pie sobre su espalda, luego retiró el pie de la espalda permaneciendo en el lugar junto a la víctima, para luego manipular la correa transportadora de la escopeta fiscal que portaba cargada con cartuchos de munición de plomo, preparada para disparar y sin estar asegurada, disparando hacia la zona de la pelvis, cadera derecha de Brandon Hernández Huentecol, quien permanecía acostado en el suelo boca abajo, provocándole una lesión que tardó en sanar entre doscientos a doscientos veinte días, cuya calificación jurídica es de lesión grave”, señala parte del veredicto.
El jóven mapuche fue representado judicialmente por los abogados Sergio Millaman Manríquez y José Correa Barraza por la Victima. Asimismo, es parte de la querella el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través Marcos Rabanal Toro y Gloria Painemilla, abogado y abogada de dicha institución.
El GOPE con este veredicto, arriesga una condena de 5 años de cárcel por vejamen y 3 por apremio ilegítimo.
(Profesor / miembro Comisión Política PC de Chile). El inicio cronológico del año en su dimensión política ha seguido las pautas marcadas con alguna claridad el último trimestre. El gobierno escabulle enfrentar con seriedad temas centrales para el país, tales como el desarrollo económico o temas sociales como la salud o políticos-sociales cual es la situación del pueblo mapuche por ejemplo y sigue recurriendo a distractivos comunicacionales, para lo cual hace pesar su nítida predominancia en los medios de comunicación y la cooperación no siempre voluntaria de personeros de la oposición.
La estrategia de la derecha desde La Moneda si ha tenido una constante, cual es
buscar revertir las transformaciones realizadas o comenzadas durante la
anterior administración y ha contado para ello con la complicidad de
parlamentarios cuyos partidos fueron parte del gobierno de Bachelet y con el
agravante en el caso de los parlamentarios radicales, que fueron elegidos en
listas del pacto “La Fuerza de la Mayoría” que conformamos comunistas junto a
socialistas y PPD. La más reciente
situación consigna que los votos radicales y demócratas cristianos permitieron
a Piñera aprobar esta semana una reforma atentatoria a los derechos de los migrantes y
adicionalmente le entregaron un balón de oxígeno al mortecino ministro
Chadwick.
Cuando la discusión legislativa este año estará centrada en
temas como la reforma tributaria, la reforma laboral, o la diferentes
iniciativas de reforma educacional emprendidas en la anterior administración,
no resulta baladí preguntarse cuál será la consistencia política de estos
sectores: mantendrán las reformas que
ayer impulsaron y defendieron o serán cooptados para las posiciones del actual
gobierno. Esa es una definición política necesaria. Más necesaria aún si también
se proyectan tratar temas como el sistema previsional, la salud pública, que
afectan a los sectores más desposeídos de nuestro país y cuando es conocida la
orientación de este gobierno a favorecer los intereses de privados. La
expresión “industria de la educación” del señor presidente, más que un
laxous, delata su real pensamiento,
todos los derechos sociales los ve convertidos en negocios.
A pesar de haber sido elegidos como opositores al actual gobierno,la
conducta de algunos parlamentarios puede
resultar impredecible y aunque jamás hemos entendido el ser oposición como
sumergirse en una trinchera, si creemos que el mundo popular debe resignificar
el valor de las fuerzas que le son propias y naturales. Siempre la organización
social es un espacio desde el cual defender posiciones y avanzar en nuevas
propuestas. De allí nace la importancia de la convocatoria amplia que para este
23 de Enero está realizando la CUT a todo el movimiento social organizado, para
concordar una pauta de acción, que no debe obligatoriamente traducirse en
organicidad, pero que acoja y potencie las movilizaciones de las mujeres, los
usuarios de la salud, los ambientalistas, el pueblo mapuche, los movimientos de
derechos humanos, etc. Es una manera cierta de enfrentar al gran empresariado
que hoy nos gobierna.
(Vicepresidente nacional del Colegio de Profesores). Para comprender los objetivos que persigue la derecha al intentar reponer la selección por mérito en el sistema escolar es preciso comprender cuál fue el objetivo fundamental de la ley de Inclusión. Dicho objetivo fue someter los intereses privados al interés público, emparejando la cancha para terminar con los problemas de segregación.
Los cambios
impuestos en dictadura implicaban la convicción de que el sistema educativo en
su conjunto sería de mejor calidad y más eficiente no gracias a la acción del
Estado, sino como resultado de las acciones que los individuos realizan
libremente en su propio beneficio. Para materializar esta convicción la derecha
destruyó la educación pública e institucionalizó lo que ha sido llamado mercado
educativo, superponiendo los intereses particulares al interés general y
pretendiendo transformar la educación en un bien
de consumo producido por una industria
educacional.
En el mercado los
intereses privados encontrarían libertad para expresarse y generarían
espontáneamente beneficios sociales. El esquema de mercado funcionaría más o
menos así: el empresario, que tiene el interés particular de transformar
recursos públicos y dinero de las familias en ganancias privadas, va a
esforzarse por ofrecer educación de calidad, ya que su negocio depende de la
preferencia de los apoderados. Las familias por su parte persiguiendo el
interés particular de educar de la mejor manera posible a sus hijos van a
elegir la mejor opción a su alcance. Como resultado tendríamos escuelas
impulsadas, por la competencia, a mejorar constantemente, cuestión que a la
larga produciría un mejor sistema educativo. Sin embargo, la promesa neoliberal
jamás se cumplió. La investigación educativa ha demostrado vastamente que la
mercantilización de la educación no ha hecho más que profundizar la
desigualdad.
En este esquema de
mercado la selección exhibe sus peores características, pues implica
discriminación de estudiantes por parte de los sostenedores para alcanzar fines
particulares, esto es, exhibir mejores resultados en pruebas estandarizadas
para ser más atractivos en el mercado. En este contexto, la selección no es un
reconocimiento del esfuerzo, sino un mecanismo empresarial para asegurar la
calidad de un servicio.
Sin embargo, la
selección independientemente del contexto (sistema privatizado o completamente
público) privilegia intereses particulares y atenta contra el interés general
que debe perseguir cualquier sistema educativo: ofrecer a todos y todas las
mismas oportunidades educativas independiente del origen socio-económico y
cultural. Ello implica asumir que hay una igualdad intrínseca entre los y las
ciudadanas, expresada en el reconocimiento de un derecho inalienable.
La selección atenta
contra dicho interés general por dos razones. En primer lugar, la selección (por
mérito o por cualquier otro factor) implica que las oportunidades educativas no
son para todos ni para todos iguales y que, por lo tanto, la segregación
escolar es una característica inherente de los sistemas educativos. En segundo
lugar, en la medida en que la segregación es un hecho, es decir, es inevitable
la desigual distribución de las oportunidades educativas, existirían
distinciones arbitrarias entre los ciudadanos, en virtud de las cuales unos
tendrían derecho a un tipo de educación y otros, a otros tipos. La selección
escolar implica, entonces, discriminar arbitrariamente (distinguiendo entre
ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría) y utilizar recursos
públicos para beneficiar a unos en desmedro de otros, acentuando la desigualdad
de origen y profundizando la desigualdad social.
Como respuesta a
los vicios generados por un sistema educativo orientado por fines particulares
que niegan el interés general del cual hemos hablado, el pasado gobierno dictó
la llamada Ley de Inclusión. Con esta
ley se ha conseguido por primera vez en casi 40 años que los principios de la
educación pública sean los que orienten el sistema educativo en su conjunto y
no ya intereses individuales que se abrirían paso solo en un contexto de
competencia.
Cuando el Estado
garantiza un derecho no puede perseguir intereses particulares, es decir, no
puede, entre otras cosas, generar ganancias privadas, ni cobrar a las familias
ni discriminar. Esto significa que la educación provista por el Estado debe
necesariamente estar abierta a todos y todas, porque los y las reconoce como
ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos. En consecuencia, haber
terminado con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos
privados que reciben financiamiento estatal, significó extender en todo el
sistema educativo principios fundamentales de la educación pública.
Lo que busca hoy la
derecha desde el gobierno (pues ya lo intentó cuando se discutía la ley de
Inclusión, acudiendo al Tribunal Constitucional) es alcanzar un triunfo
ideológico para instalar la idea de que el destino de cada cual depende exclusivamente
del esfuerzo personal, pues lo que está en juego no es “reconocer el valor y
legitimidad del mérito académico en el desarrollo de las personas y del país”
ni “devolverles a los padres su derecho preferente a elegir la educación de sus
hijos y la libertad de los educadores a desarrollar sus proyectos educativos”
(como señaló Piñera en una reciente columna publicada en El Mercurio), sino los
principios normativos del sistema educativo. La derecha busca instalar la idea
de que la desigualdad es una característica inherente de toda sociedad (de allí
que sea legítimo seleccionar) y que no hay nada ni nadie (ni siquiera el
interés general que se puede expresar a través del Estado) que podría
cambiarlo.
Hoy es el momento de frenar a la derecha, defender lo
avanzado y profundizar los cambios. Los triunfos en el ámbito educacional nos
pueden abrir paso para lograr definitivamente que sean los intereses de la
inmensa mayoría de la población y no los de los grandes grupos económicos
(encabezados por un puñado de familias) los que orienten el destino del país.
Una grave denuncia realizó el Partido Por la Democracia en contra del Seremi de Gobierno de la Séptima Región, Jorge Guzmán, luego que el Intendente del Maule, Pablo Milard, entregara asignaciones de funciones a un estudio jurídico local en que el que participaba el propio Guzmán, militante -junto a sus socios- del partido oficialista Evópoli .
Alertados por sus dirigentes locales de esta grave e irregular situación, el PPD a través de su Secretario General, Sebastián Vergara, expresó que más allá del ámbito legal, la designación arbitraria por parte del intendente Milard de una empresa asesora sin establecer los principios mínimos de transparencia, constituye un hecho que se aleja de los estándares de probidad y ética que hoy demanda la ciudadanía.
El dirigente nacional del PPD además cuestionó fuertemente
que los profesionales contratados –y que son parte del estudio jurídico en que participaba
el Seremi Jorge Guzmán ,hayan recibido
altas sumas de dinero por esta labor encomendado por la intendencia Maulina,
aprovechando presumiblemente la
influencia política del Secretario Regional Ministerial de Gobierno ,designado por Sebastián Piñera.
Sebastián Vergara expresó que esta denuncia que ha
promovido su colectividad en la Región del Maule, evidencia un capítulo más de
la historia de nombramientos irregulares y nepotismo que han marcado la gestión
de la Derecha a cargo del país, la cual ha sido repudiada por la ciudadanía,
tal como la reflejan las exiguas cifras de aprobación que recibe actualmente el
Ejecutivo.
Finalmente el Secretario General del PPD anunció que junto a los directivos locales del Maule, solicitaran explicaciones al gobierno y en particular a la portavoz de la Moneda Cecilia Pérez, no descartando recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncia sobre esta hecho claramente irregular, y de cuya resolución puede surgir la petición de destitución del Intendente de la Séptima Región Pablo Milard, así como del Seremi Jorge Guzmán.
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó el llamado a la unidad de la madre de la ex presidenta Michelle Bachelet, expresado durante la tradicional Fiesta de los Abrazos realizada por el PC durante el pasado fin de semana, pese a los complejos momentos por lo que se atraviesa tras la votación de la ley de migraciones de Piñera-
En ese sentido, el analista político valoró que todos los asistentes a dicha festividad coincidieron en la necesidad de generar la más amplia unidad del mundo progresista, sin trabas ni exclusiones.
El dirigente comunista se mostró preocupado por la dispersión de la centro-izquierda en el parlamento, donde sectores de la Democracia Cristiana y el Partido Radical votaron a favor del proyecto de ley sobre migraciones, favoreciendo así que el Gobierno siga cursando políticas retrogradas en la materia.
Juan Andrés Lagos afirmó que el debate generado en la Fiesta de los Abrazos viene a reafirmar la voluntad mayoritaria de las distintas fuerzas progresistas, de avanzar hacia una convergencia social y política que les permita derrotar electoralmente a la derecha, para responder a las grandes demandas ciudadanas.
Además, el analista político indicó que la Fiesta de los Abrazos dejó abierto el debate en torno a las demandas históricas del pueblo mapuche, planteadas en la oportunidad por Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado por efectivos del GOPE.
El analista Juan Andrés Lagos concluyó que cada fuerza política debe asumir que postura adoptar frente al llamado del PC a la unidad, considerando que si la oposición sigue fragmentada, la derecha podría ganar las elecciones municipales, de gobernadores regionales y Cores.
Ya está por presentarse el proyecto “Admisión Justa” con que el gobierno pretende cambiar la forma de postular a los colegios y liceos, volviendo al antiguo sistema que prioriza las calificaciones. La oposición se ha manifestado en contra de este proyecto de ley, incluso afirmando que rechazarán la idea de legislarlo. El Colegio de Profesores también ha fijado posición sobre la materia.
