Claudio Millaguin, presidente de la CUT de Osorno, acusó al gobierno de actuar en la práctica como voceros de la empresa Essal ante la crisis sanitaria que golpea a la comuna y en donde las autoridades no han sido capaces de transparentar los datos y análisis referentes a la calidad del agua.
Asimismo, el dirigente sindical expresó la incertidumbre de las y los trabajadores frente a esta catástrofe social y económica de grandes proporciones.
En ese contexto, el presidente regional de la CUT describió el sometimiento y vulneración de derechos que afecta a los trabajadores osorninos, producto de esta emergencia.
Claudio Millaguin aseguró que el Gobierno está protegiendo a Essal, ya que las autoridades sólo han reaccionado en base a denuncias y sin dar a conocer la real magnitud del problema.
El presidente de la CUT de Osorno instó a los partidos de oposición a tomar la exigencia ciudadana del agua como un derecho y no el bien transable en que se ha convertido.
Para ello, llamó a modificar el código de aguas, en un momento donde los grupos empresariales arremeten contra dicha exigencia ciudadana.
Finalmente, Claudio Millaguin exigió al gobierno transparentar los datos y análisis respecto a la calidad del agua en Osorno y así garantizar la protección de la salud de los locatarios.
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo que la crisis sanitaria en Osorno ratifica la necesidad de legislar y reformar el código de aguas, estableciendo el recurso hídrico como un bien público.
En su diagnóstico, el debate tiene que ver esencialmente con los derechos de agua en Chile y cómo garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a ella de manera justa y equitativa.
En ese sentido, Marcos Barraza instó a los parlamentarios de centro-izquierda a modificar la actual legislación, a objeto de traspasar las sanitarias a la administración del Estado.
A juicio del dirigente comunista, se ha gestado una operación comunicacional que busca acotar el tema a la concesión de Essal, y así restringir el debate respecto al código de aguas y propiedad de las empresas sanitarias.
El académico y exsecretario de Estado consideró intolerable que los osorninos permanecieran sin agua durante 10 días, poniendo de manifiesto que la privatización de las sanitarias no permite garantizar el derecho a un recurso tan fundamental como el hídrico.
Marcos Barraza concluyó que se está cursando una operación comunicacional que permita acotar la crisis sanitaria en Osorno a una empresa en particular, obviando las permanentes dificultades de los nortinos para acceder al agua, ya sea por costos o provisión.
La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, aclaró que no será un ente estatal quien administre el 4% adicional propuesto por el gobierno en su reforma al sistema de pensiones.
La dirigenta del Partido Comunista señaló que el llamado Consejo Administrador de Seguros Sociales consiste en un grupo de individuos que definirán en qué empresas o filiales de las AFP invertir por la vía de licitaciones.
Por lo tanto, Jeannette Jara descartó que la propuesta de Sebastián Piñera altere el mercado financiero ligado a las pensiones y que es un gran negocio a costa de las y los jubilados.
Jeannette Jara consideró inaceptable que por razones ideológicas, el gobierno se resista a remplazar el modelo de AFP por uno de seguridad social, a objeto de mejorar efectivamente las pensiones en el corto plazo.
La exsubsecretaria de Previsión Social añadió que el 4% de cotización adicional resulta una medida insuficiente para enfrentar un problema de magnitud, donde las jubilaciones promedio no superan la línea de la pobreza.
Jeannette Jara sostuvo que la reforma previsional no va a resolver el problema de las bajas pensiones, ya que éstas se verán mínimamente incrementadas dentro de 40 años más.
La académica y exsubsecretaria de Previsión Social explicó que si el Estado dejara de subsidiar a las AFP, podría generar lógicas de reparto en beneficio de todos los pensionados, tal como ocurre en el caso de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, la dirigenta del PC lamentó que los socialistas adhirieran intespestivamente a la jugada de la Democracia Cristiana, votando a favor del gobierno en el Parlamento y sin que dichas negociaciones impliquen una ganancia para los pensionados.
La dirigente comunista, Jeannette Jara convocó a los parlamentarios de oposición a sacar adelante una agenda movilizadora y propositiva desde la comisión de Trabajo y Previsión social, en sintonía con la propuesta de la Coordinadora No Más AFP.
Desde la mesa social de Osorno advirtieron que la reposición gradual del suministro del agua potable de ninguna manera pone fin a los problemas de la población, pues ahora están expuestos a la proliferación de enfermedades tales como hepatitis, tifus y cuadros gastrointestinales al estar el agua contaminada.
Así lo denunció, su dirigente Gabriel González quien señaló que el propio gobierno ha reconocido que la incubación de la hepatitis demora tres semanas, por lo que aun no se puede dimensionar en su totalidad la crisis sanitaria que vive Osorno por la falta de agua.
Gabriel González, dirigente de la mesa social de Osorno señaló que lo ocurrido en esta localidad debe ser una señal de alerta para que Chile tome conciencia de la necesidad de que el agua sea propiedad de todos los chilenos, y no de empresas privadas, incapaces de entregar el suministro a la población.
Finalmente, desde la mesa social de Osorno, junto con exigir que se caduque la concesión del agua a la empresa Essal, pidieron a la Seremi de Salud transparentar los resultados de los análisis del agua a la comunidad, para tener la certeza que el agua es potable y no se verá afectada la salud de la población, solicitando también la indemnización a la ciudadanía por un periodo minino de seis meses hasta un año, reflejado en el no pago de la cuenta del agua.
A LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS DE OSORNO
La Mesa Social de Osorno, en asamblea ampliada realizada este viernes 19 de julio del presente año y con la participación del Senador Rabindranath Quinteros y la Diputada Emilia Nuyado, acordó los pasos a seguir para proteger y recuperar el derecho de los osorninos sobre el agua. También aprobó un plan de propuestas y exigencias a corto, mediano y largo plazo:
1.- Exigimos al Presidente la Republica declarar a la ciudad de Osorno como Zona de Catástrofe, de forma inmediata.
2.- Exigimos caducar la concesión del agua a la empresa Essal.
3.- Exigimos a la Seremi de Salud que transparente los resultados de los análisis del agua a la comunidad, para tener la certeza que el agua es potable y no se verá afectada la salud de la población.-
4.- Solicitamos que la Universidad Estatal de la comuna (ULA), ratifique estos resultados entregados por la Seremi de Salud.-
5.- Nos unimos a la iniciativa de la Unión Comunal de JJVV que, a consecuencia de esta catástrofe, exige que la indemnización a la ciudadanía debe ser un minino de seis meses hasta un año del no pago de la cuenta del agua.-
6.- Exigimos a los Ministerios del Trabajo y Salud, garantizar los derechos laborales de los y las trabajadoras del sector público, privado e independientes.
Las organizaciones abajo mencionadas aprobamos realizar un PLEBISCITO para que el agua vuelva a ser un derecho humano de todos y todas, administrada por el Estado.-
Este lunes comienza la octava semana de paro docente y junto con ello el Colegio de Profesores realizará una consulta nacional para determinar la continuidad de este movimiento.
A este respecto, la dirigenta regional metropolitana del magisterio, Paulina Cartagena, reconoció que este proceso no ha sido fácil por causa de la tozudez del gobierno a no dar respuesta a un petitorio que buscar un mejoramiento de la educación pública, así como a reivindicaciones particulares del gremio de los docentes.
Paulina Cartagena denunció incapacidad de quien hoy dirige el Colegio de Profesores, quien a su juicio ha colaborado con el desgaste del movimiento de los docentes al insistir en un sistema de consultas que sólo buscan reivindicar su posición personal, pero no las demandas en torno a mejorar la educación.
Paulina Cartagena advirtió una política permanente de morigerar las demandas de magisterio instalando un idea de un conflicto interno dentro de la dirección del profesorado, intención que ha sido favorecida por algunos medios de comunicación.
Finalmente la dirigenta del magisterio, Paulina Cartagena, reflejó en lo que ocurre con la educadoras de párvulos el interés del Mineduc por mejorar la educación, pues en su última propuesta excluye de los beneficios a estas profesionales, sin considerar la relevancia que tiene la formación inicial de los estudiantes, resultando paradojal viniendo de un gobierno que insistió desde un comienzo en que “los niños son los primero”.
Desde la coordinación de unidad social en que participan organizaciones sindicales, estudiantiles, de DD.HH., territoriales y medioambientales, se refirieron a la crisis que afecta a la ciudad de Osorno producto del desabastecimiento de agua potable por más de una semana, acusando “negligencia” de ESSAL y el “desprolijo” manejo por parte del gobierno.
Así lo expresó el dirigente nacional de la Confederación Nacional de la Salud Municipal Esteban Maturana, advirtiendo además que esta grave situación que se vive hoy en Osorno, puede confluir en un foco de enfermedades como hepatitis, tifus y otras patologías infecciosas.
Desde la Coordinadora NO+AFP, su vocera Carolina Espinoza junto con solidarizar con la comunidad osornina, insistió en la necesidad de estatizar las empresas sanitarias dado su permanente incumplimiento que afecta a la ciudadanía.
Del mismo modo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa emplazó al Gobierno a declarar a Osorno zona de catástrofe, pues sólo con esta medida se podrá impedir que muchas empresas locales obliguen a sus trabajadores a concurrir a sus labores, pese a no contar con el agua para ellos ni para sus familias.
Todos los dirigentes culparon al gobierno por no hacer efectivas las responsabilidades políticas de aquellos que no han tomado las medidas administrativas para lograr restituir el agua en Osorno, sin perjuicio de la negligencia de las empresas sanitarias que obtienen licitaciones como es el caso de Essal, las cuales no son capaces de entregar el servicio que han concesionados.
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, convocó a las bancadas parlamentarias a impulsar con suma urgencia una ley de nacionalización del agua, una vez constatado el fracaso de las empresas en la administración del recurso hídrico.
El analista político llamó a romper con la lógica de concesiones y privatización de bienes básicos, iniciada durante la vieja Concertación y profundizada por la derecha económica.
El analista consideró de extrema gravedad que algunos medios de comunicación asocien la crisis sanitaria de Osorno al fenómeno del calentamiento global, sin mencionar las graves repercusiones ambientales del modelo económico.
En su diagnóstico, lo que está ocurriendo en la región de Los Lagos obedece al carácter depredador del neoliberalismo y sus búsqueda frenética de ganancias.
Juan Andrés Lagos explicó que Osorno y otros centenares de comunas sufren la escasez hídrica producto de la mercantilización del agua abalada por la actual legislación.
En ese sentido, aseguró que se requiere de una Nueva Constitución, nacida en Democracia y con enfoque de derechos.
El dirigente comunista añadió que el Estado debe garantizar el acceso al agua en cada zona del país como un derecho elemental, y para ello debe pasar a ser propiedad de todos los chilenos.
El analista Juan Andrés Lagos solicitó a los parlamentarios de oposición que promuevan el traspaso del agua a manos del Estado, ante la pésima administración que ha tenido por parte de empresas como Essal en Osorno y la propia aguas andinas en la región metropolitana.
