Una solicitud de pronunciamiento dirigido al Contralor General de La Republica, fue interpuesto por parte de Andrea Manzor Castillo, vecina y dirigente comunitaria de la comuna de San Bernardo, acompañada por los abogados Miguel Yañez Lagos y Alamiro Cerda Marilaf y el dirigente social Wladimir Bolton, por vulneración de los principios de probidad, legalidad y de derechos fundamentales en contra de la alcaldesa de la comuna de San Bernardo Nora Cuevas Contreras.
La acciĂłn se presenta por amenaza de querellas realizada por la primera autoridad municipal vĂa telefĂłnica por una la publicaciĂłn de un comentario de la solicitante, Andrea Manzor, en Facebook, señalando la solicitud de pronunciamiento que, en el llamado amenazante, se utilizaron funcionarios, telĂ©fonos y recursos pĂşblicos.
Los hechos presentados hacen referencia a un llamado telefĂłnico por parte de la edil de San Bernardo a la vecina de la comuna y dirigente social, donde entre otras cosas señala: “(…) usted serĂa tan amable o yo voy a su casa hablar con usted porque voy a ir con un abogado, voy a proceder a una demanda por injuria, entonces no quiero sorprenderla, porque yo no me molesto en desprestigiarla a usted, ahora usted cometiĂł el error más grande haciendo un comentario a mi persona ayer en un centro de adulto mayor”, lo cual se encuentra grabado en audio, el cual fue acompañado en la presentaciĂłn ante ContralorĂa (…)“.
Al final de la conversación, grabada, la alcaldesa Nora Cuevas le señala a la vecina: “(…) usted me llama y me dice cuando nos juntamos y tomamos un acuerdo si yo la denuncio a tribunales usted va a seguir con esta guerra ya? Muchas gracias”.
“Lamentamos que la alcaldesa de San Bernardo estĂ© tomando este tomando estas medidas represivas hacia el mundo social, sabemos que este no es el Ăşnico caso de amenaza y esperamos esto sirva para destapar otros casos similares” manifestĂł Wladimir, además agregĂł “esperamos que el municipio pueda hacer un mea culpa sobre estas actitudes, las comunidades se deben respetar e involucrar en la gestiĂłn comunal, no amenazar”.
En la solicitud de pronunciamiento, que además solicita realizar un sumario administrativo por los hechos de amenaza vĂa telefĂłnica, se basa en la vulneraciĂłn del principio de legalidad, señalando lo que estipula la ConstituciĂłn PolĂtica de la RepĂşblica en su artĂculo 7°, que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la ConstituciĂłn y las leyes” y además en la vulneraciĂłn del principio de Probidad, haciendo Ă©nfasis que la autoridad municipal, hace valer indebidamente su responsabilidad al frente de la municipalidad y utiliza recursos pĂşblicos, para amenazar a un particular.
