El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y diputado, Jaime Mulet, rechazó el carácter excluyente del acuerdo firmado entre el oficialismo y partidos de oposición sobre una nueva Constitución y sus mecanismos.
Al respecto, el parlamentario señaló que los grupos oligárquicos están tratando de apaciguar al movimiento social, dando continuidad histórica a la lógica de consensos que se rechaza con tanta fuerza por parte del movimiento social.
Jaime Mulet afirmó que la clausula de los dos tercios es un problema objetivo y real, considerando que la derecha no va a permitir que los puntos no acordados en primera instancia se resuelvan por ley simple.
El diputado Mulet alertó sobre el riesgo de que la Nueva Constitución quede sujeta a mayoría simple a la hora de resolver los puntos que el quórum alcanzado no permita zanjar.
El timonel de la Federación Regionalista aseguró que este es un muy mal acuerdo, pues deja fuera a las más de 200 organizaciones que componen la mesa social.
A juicio del diputado Jaime Mulet lo que está haciendo la oposición mediante este acuerdo es entregar oxigeno a un gobierno fracasado sin credibilidad y sin conducción.
Juan Andrés Lagos, analista y miembro de la comisión política del Partido Comunista, valoró el nivel de conciencia popular que se ha tomado las calles, en el marco de las multitudinarias jornadas de protesta y movilización social registradas en todo el país. Chile reclama una sociedad más justa, más equitativa, sin abusos y con real participación, eso es conciencia social y política del pueblo, del movimiento popular sostuvo.
El dirigente comunista destacó que la ciudadanía está cursando una acción política muy participativa y solidaria, para romper la perversa lógica de consensos instalada por la vieja Concertación y la derecha y que es la base del descotento social y de los casi 30 días de protestas sociales ininterrumpidas.
Juan Andrés Lagos criticó que algunos sectores insistan en tratar de restringir y reprimir este proceso ciudadano por la vía de hechos vandálicos que existen desde mucho antes del estallido social en Chile.
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, declaró que la ciudadanía es quien deberá elegir el mecanismo para construir una nueva Constitución tras el plebiscito que será propuesto en abril del 2020.
El parlamentario valoró el rol jugado por el movimiento social, por las organizaciones de trabajadores, los que llevaron y obligaron al gobierno a tener que ceder absolutamente en sus posiciones, que en un comienzo no daba nada.
Teillier también llamó la atención y denunció que en las primeras conversaciones iniciadas por algunos sectores políticos, los comunistas y Unidad para el Cambio fueron excluidos.
El diputado Teillier explicó que aún tiene que resolverse el quórum para definir las materias de una nueva Constitución, ya que un tercio podría anular lo que hayan dicho otros dos tercios.
En ese sentido, el timonel del PC ratificó que van a seguir bregando porque los poderes del Estado sean capaces de responder a las grandes demandas del mundo social.
Guillermo Teillier dijo esperar que la derecha empiece a ceder en sus posiciones ideológicas para ir resolviendo las problemáticas del país, acorde al compromiso que ya adquirieron con la ciudadanía.
El legislador advirtió que el alcance de las transformaciones pasa por quienes compongan la Asamblea Ciudadana, pues la derecha podría vetar muchas áreas si obtiene más de un tercio del quórum.
El diputado Teillier aclaró que la Asamblea Ciudadana no puede ser usada por ningún parlamentario para escalar políticamente, y en caso de querer participar, debieran renunciar a su cargo.
El presidente del Partido Comunista, reconoció que “es un avance muy grande que partidos de gobierno se hayan allanado a hablar de plebiscito, de Asamblea Constituyente”, y coincidió con el resto de la oposición en que “lo que nos inquieta es el quórum para definir las materias de la nueva Constitución.
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Diputado Mulet: “Acuerdo Constitucional viene con trampas”
El presidente de los Regionalistas, criticó “que se haya hecho sin participación ciudadana, el alto quórum de 2/3 y la forma ‘desigual’ en que serán elegidos los independientes en caso de una Asamblea Constituyente”
El Presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, explicó hoy en punto de prensa, las razones de su colectividad para no firmar el denominado “Acuerdo por la Paz” y volvió a criticar el quórum de 2/3.
Al respecto, el también diputado indicó que a su juicio “hay principalmente dos cuestiones que se contienen en dicho documento, respecto de las que no estamos de acuerdo y encontramos que lo desnaturaliza”.
Uno de ellos, explicó, sería lo referido al quórum de 2/3 que impone el acuerdo, para aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas, lo que a su juicio “le da poder de veto a un tercio de los convencionales que se elijan, ya que todos los acuerdos para redactar la nueva Constitución tienen que llegar al quórum de las 2 terceras partes, o sea, eso significa en términos prácticos que, por ejemplo, para cambiar una disposición que tenga que ver con el derecho de aprovechamiento de aguas, que a nosotros nos interesa mucho, para que vuelva a ser un bien nacional de uso público completamente, se requieren dos terceras partes”.
“Y sabemos que lo que ha pasado en los últimos 30 años con la Constitución del 80, es que la derecha nunca ha dado los quórum necesarios para hacer los cambios sustantivos que se requieren en Chile, de tal forma que creo que esa es la trampa que lleva envuelta. Es un acuerdo que le puso oxígeno a un Gobierno que estaba acabado y eso uno lo puede entender, pero el hecho de hacer una nueva Constitución manteniendo el candado que inventó Jaime Guzmán en la Constitución de la dictadura, por lo menos a nosotros nos hace tomar una decisión prudente de no suscribirlo, además no le garantiza a los independientes la participación como, a juicio nuestro, debieran tenerla”.
Respecto precisamente a este último punto, y la forma en que serán electos los integrantes en caso de Convención Constitucional, Mulet recalcó que “si se van a elegir de la misma manera que nos elegimos nosotros diputados, con la ley electoral actual que favorece a los partidos y desfavorece a los independientes, entonces esa también es una trampa”
“Bajo la misma ley electoral, se puede reproducir una Asamblea Constituyente prácticamente igual que el Congreso, tal vez no con las mismas personas, pero si los mismos partidos, las mismas proporciones y nosotros queremos una Asamblea Constituyente o una Convención Constituyente más abierta, donde tengan cupo garantizado nuestras etnias, los mapuches, los diaguitas, los aimaras; donde los territorios también estén representados; el mundo de la cultura, que cualquier chileno tenga la misma posibilidad de llegar y de ser elegido y no solo los que militan o se entienden con los partidos. Esas son las dos razones fundamentales por las que no hemos suscrito y si bien vamos a participar de todo el proceso, lo haremos con una postura crítica”.
Finalmente, Mulet señaló que en este momento, “lo más urgente era también un gran paquete de medidas que el Gobierno no ha tomado. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el gobierno llega tarde a todo, y en esta oportunidad la firma de este acuerdo le permite un respiro, y nos plantea un mando de dudas, pues más bien huele a un entendimiento entre los grupos de poder de siempre que lo han adornado como un gran triunfo, como que hubiéramos ganado la Copa América y esa pirotecnia no es un reflejo de la realidad, nosotros vamos a estar al lado de la gente con una postura crítica, vamos a invitar a participar, vamos a invitar a elegir convencionales, pero con una postura crítica, y dejando claro que nos somos parte de este entendimiento”, concluyó.
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Camilo Lagos: Los Progresistas no compartimos el mecanismo pero es una derrota para Piñera
El presidente del Partido Progresista de Chile Camilo Lagos, se refirió al acuerdo constitucional logrado entre partidos de la oposición y la derecha la madrugada de este jueves.
Para el timonel del PRO, más allá de las condiciones, este pacto representa una derrota de Sebastián Piñera y de su sector, quienes debieron romper su intransigencia producto de las movilizaciones sociales.
Camilo Lagos adelantó que si bien su colectividad no comparte los mecanismos y la forma en que se consensuó con la Derecha, no se restaran a trabajar por lograr aprobar y ser parte de una Convención Constitucional, en donde tenga una representación absoluta, la soberanía popular.
Respecto a la propuesta impulsada por el oficialismo que implica quórum de 2/3 para aprobar artículos, o de lo contrario, se mantendría la actual Carta Magna, el titular del Partido Progresista cuestionó este acuerdo hecho a su juicio, a espaldas del movimiento social.
Finalmente Camilo Lagos advirtió que hoy se debe estar atentos a no cometer los mismos errores de hace 30 años, cuando la entonces Concertación pactó con la Derecha una serie de reformas políticas a la Constitución, las cuales en definitiva resultaron un amarre a nuestra democracia, concluyó el presidente del PRO.
Carlos Inzunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, emplazó al gobierno a avanzar en una política salarial que en el corto plazo garantice un salario mínimo de 500 mil pesos.
En ese sentido, Inzunza rechazó el proyecto del gobierno sobre sueldo mínimo de $350.000 pesos, argumentando que el monto ofrecido está muy por debajo de lo que se requiere para superar la línea de la pobreza.
Carlos Inzunza criticó que el gobierno se niegue a avanzar en materia de salarios dignos, aún cuando muchas empresas han planteado incrementos mucho mayores al propuesto por Piñera.
El dirigente de la ANEF señaló que el gobierno comete un error al aumentar el salario mínimo por la vía de subsidios estatal, ya que este tipo de medidas genera despidos masivos en el sector.
En ese sentido, Carlos Inzunza llamó al Parlamento a declarar huelgas legislativas para rechazar los proyectos de ley que el Gobierno pretende imponer a la ciudadanía.
El dirigente de la ANEF concluyó que la baja legitimidad de las instituciones obliga al gobierno a dialogar con los movimientos sociales, siendo la participación un elemento fundamental de la democracia.
Parlamentarios del partido regionalista, comunista, progresistas, por la democracia, socialistas y frente amplio, rechazaron negociación a puertas cerradas que se llevaron a cabo este jueves en el Senado en Santiago, para anular voluntad ciudadana sobre nueva constitución.
Lo anterior frente a una reunión de un reducido grupo de parlamentarios opositores con oficialistas para cerrar acuerdos sin mayor consulta ciudadana respecto a un cambio a la constitución
Al respecto, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, aclaró que un plebiscito no puede ser democrático cuando hay una única opción.
Carmen Hertz acusó irresponsabilidad política por parte de quienes están negociando a espaldas de la gente, a propósito de la reunión sostenida entre el ejecutivo y partidos de oposición.
La diputada regionalista, Alejandra Sepúlveda, afirmó que el plebiscito es la única forma de hacer legítima una nueva Constitución, sobre la base de la participación ciudadana.
Alejandra Sepúlveda comentó que el Congreso ha estado marcado por una historia de proyectos de ley negociados a espaldas de la ciudadanía, y que no quieren volver a repetir.
La diputada del PPD, Andrea Parra, consideró inaceptable que algunos sectores pretendan imponer la Convención Constituyente, como único mecanismo para plebiscitar a la ciudadanía.
Andrea Parra explicó que llamar a plebiscito con una sola opción no es una medida democrática, y eso debe ser transparentado al país.
El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, calificó como una burla que el ejecutivo pretenda sacar la opción de asamblea constituyente.
En ese sentido, Fidel Espinoza repudió que ex personeros de la Concertación asistieran a la Moneda siendo garantes de un eventual proyecto de paz para el país.
El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, pidió a la derecha que apoye el derecho a que la gente decida cuál es el mecanismo más idóneo para superar la crisis en Chile.
Finalmente, el presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier, dijo que su colectividad no asistió a la reunión convocada por sectores de oposición y la derecha en Santiago.
Al respecto, señaló que su partido mantiene la posición de acordar un Plebiscito que consulte sobre mecanismos, y que sea el pueblo quien decida.
Los parlamentarios rechazaron que la propuesta para cambiar la actual Constitución se cocine entre 4 paredes, en vez de escuchar el sentir mayoritario a partir de una consulta ciudadana.
En el marco de esta huelga general que tuvo lugar el pasado martes 12 de noviembre, distintos actores que componen la Mesa por la Unidad Social marcharon desde Plaza Italia hacia el centro de la capital con el fin de reivindicar las demandadas ciudadanas cosa que se repitió a lo largo y ancho de Chile.
En este contexto, la presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, sostuvo que ante un gobierno que no ha dado repuesta a los requerimientos de las personas, es hora de salir a las calles para reforzar el malestar social que vive hoy el país.
En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Manuel Ahumada enfatizó que la riqueza de un país la generan los trabajadores y no aquellos que han impuesto el agobio y la vulneración laboral.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, destacó el mensaje de unidad y cohesión que deja esta Huelga General para el conjunto de las y los trabajadores.
La presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipal Gabriela Flores emplazó a Sebastián Piñera a responder por la destrucción literalmente de la vida de quienes se atreven a protestar.
Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT, resaltó que esta marcha surge como una demostración de descontento ante un Ejecutivo que insiste en desoír las demandas de la ciudadanía.
Entre las demandas exigidas en las calles se cuentan la conformación de una Asamblea Constituyente, el fin de la criminalización de la expresión popular, la sanción a las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante este estallido social, y la recuperación de los recursos naturales en favor del estado, entre otras peticiones.
