El Diario Financiero de fecha 9 de abril de 2019, publica una extensa crónica bajo el siguiente título: Ejército concretará nueva venta de terreno en exclusivo sector de Las Condes, donde se da a conocer que la institución tiene en marcha un desarrollo inmobiliario en la Villa Militar del Este, con un costo de construcción de al menos 120 millones de dólares y que para su financiamiento, se enajenará un sitio.

En este mismo artículo venimos a enterarnos que en 2016, el Ejército ya había vendido un paño en la misma zona, con un valor de 46 millones de dólares.

La Villa Militar del Este, es un terreno de unas 15 hectáreas, situado en la avenida Américo Vespucio, entre Presidente Riesco y Cerro Colorado. Al fondo mira a la diagonal Alonso de Córdova. Evidentemente se trata de una ubicación excepcional, de altísimo valor en virtud de la acelerada especulación que experimenta hoy día el suelo urbano.

Historia:

En 1971, poco después de asumir el gobierno de la Unidad Popular, el general Carlos Prats, comandante en Jefe del Ejército le planteó al Presidente Allende, que el Ejército carecía de un mecanismo lógico, para poder acceder a las viviendas requeridas por la institución. Le añadió que la Ley establecía entonces, que antes de entregar las viviendas construidas a lo largo de Chile por la CORVI, esta institución debía ofrecer el 10% de ellas al Ejército, que debía decidir si las acepaba o no.

En virtud de este procedimiento, el general Prats le manifestó al Presidente, por ejemplo, que el Ejército requería viviendas en Quilpué, pero la Corvi le ofrecía en Quillota o Limache. Permanentemente vivían ante la incertidumbre de aceptarlas o rechazarlas. Al aceptarlas, el Ejército se había hecho propietario de un parque habitacional subutilizado. La institución militar no estaba preparada para administrar viviendas que en algunos casos no requería, las cuales se arrendaban o simplemente permanecían vacías, todo lo cual se prestaba a situaciones irregulares. Prats terminó afirmando que era necesario planificar las necesidades habitacionales de la institución.

En esa misma reunión se acordó firmar el Convenio Ejército de Chile-Cormu, del cual yo fui designado su Presidente. La vicepresidencia, correspondería al general a cargo del Comando de Apoyo Logístico y Administrativo del Ejército, hoy llamado Comando de Bienestar. El primer año ejerció la Vicepresidencia el general Oscar Bonilla y el segundo año hasta el golpe militar, el general Arturo Vivero Ávila.

La CORMU estableció las oficinas del mencionado convenio, en uno de los edificios de la Remodelación San Borja, situado frente a la salida sur de la estación del Metro Universidad Católica, edificio que aún se mantiene bajo el dominio del Ejército.

Nosotros en CORMU, destinamos un número de profesionales, que se instalaron en dichas oficinas, de dedicación exclusiva a las tareas del Convenio. Todo plano o documento que se emitía era considerado top-secret y guardado en las oficinas ya mencionadas, por lo cual la documentación generada en el convenio Ejército de Chile-Cormu, no figura en los archivos de la CORMU.

Como ya es sabido, durante el mandato del Presidente Frei Montalva, la CORMU había expropiado en 1968, las 150 hectáreas correspondientes al fundo San Luis de Las Condes, terreno de inmejorable situación, que había permanecido sin desarrollo durante casi 40 años, a raíz de un prolongado litigio judicial.

Cuando nosotros asumimos nuestras responsabilidades en CORMU a fines del año 1970, la institución ya había expropiado dicho fundo y tenía preparado un plano seccional, definiendo el uso del suelo, la densidad, altura y tipo de la edificación a desarrollar en el ex fundo San Luis.

Tras las primeras reuniones con los representantes del Ejército, acordamos la realización de dos grandes conjuntos habitacionales en Santiago: La Villa Militar del Este en la ubicación ya mencionada y la Villa Militar Oeste, en el triángulo que se produce en la Ruta 68 con Avenida Pajaritos. Ambos terrenos fueron cedidos gratuitamente al Ejército, procedimiento normal en la época.

En la Villa Militar del Este, hicimos un Plano Seccional, consultando la construcción de unos mil departamentos. Tres bloques próximos a la Avenida Américo Vespucio, incluyeron departamentos de 140 m2, destinados a los generales de la institución. Los restantes se proyectaron en bloques de seis pisos de altura, con departamentos de 70 a 100 m2, para asignarlos al resto de la oficialidad.

Febrero de 1972. Ceremonia de colocación de la primera piedra en Villa Militar del Este. De izquierda a derecha: General Oscar Bonilla, El Presidente Allende y Miguel Lawner.

En enero de 1973, se terminaron los tres bloques próximos a Américo Vespucio de forma piramidal, tal como pueden apreciarse hasta ahora. Yo mismo le entregué las llaves al primer oficial que llegó a ocuparlos: el general Sergio Arellano Stark, quién venía destinado desde el Regimiento Maipo en Valparaíso, donde se había desempeñado como comandante de dicha unidad. Para el golpe militar en septiembre de 1973, el resto de los bloques experimentaban un importante avance de las obras.

En la Villa Militar Oeste, se proyectó otro importante conjunto habitacional, consistente en 2.000 departamentos, destinado a la oficialidad de menor rango y a personal de tropa.

El 20 de febrero de 1973, se instaló allí la primera piedra en una ceremonia presidida por el Presidente Allende, con la presencia de varios ministros de estado, el general Carlos Prats, de Augusto Pinochet, quién firmó como Comandante en Jefe subrogante del Ejército, el Vicepresidente de la Cormu, arquitecto Jorge Wong, el general Arturo Viveros, en su calidad de Vicepresidente del Convenio Ejército de Chile-Cormu y yo, que firmé como Presidente de dicho convenio. Obra en mi poder una copia del pergamino instalado en dicha ceremonia, que atestigua la veracidad de todo lo que he afirmado.

En este conjunto habitacional no alcanzamos a concluir ningún bloque antes del golpe militar, pero las obras experimentaban ya un avance significativo.

En resumidas cuentas, el Estado de Chile, a través de CORMU, cedió al Ejército a título gratuito, los terrenos para levantar las Villas Militar del Este y del Oeste. El Estado realizó gratuitamente los expedientes técnicos de arquitectura y demás especialidades de ambos proyectos y construyó gratuitamente todas las obras de arquitectura e infraestructura.

 Así eran las relaciones entre las diferentes instituciones del Estado, antes del golpe militar. Sin que mediara dinero de por medio. Nosotros en CORMU, por ejemplo, solicitamos la transferencia de un Polígono de Tiro en desuso, que el Ejército tenía entre Avenida Perú y Recoleta, y en un par de meses, nos fue transferido gratuitamente. Lo mismo sucedió con la Empresa de Trasportes Colectivos del Estado, que nos trasfirió gratuitamente un Terminal de tranvías ya obsoleto, ubicado en Mapocho-Bulnes, terreno donde levantamos el conjunto habitacional con dicho nombre.

Pero Pinochet, ejerciendo el poder absoluto, decidió modificar esta situación, otorgándole a las fuerzas armadas la propiedad de sus bienes inmuebles y la autorización para enajenarlos comercialmente. Para ello, se colgó de la facultad contenida en el artículo 1° transitorio del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, destinado a regularizar el dominio del Ejército sobre unas propiedades, mediante el estableciendo del PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal), que le otorgó dichas facultades por el lapso de noventa días.  

Este decreto N° 1 de 1971, fue el fundamento para que la Junta Militar emitiera en el año 1975, el Decreto Ley N° 1.113, cuyo artículo 1° establece lo siguiente:  “Los Comandantes o Jefes del Comando de Ingenieros del Ejército, del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada, del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Logística de Carabineros, de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile, previa autorización de sus Comandantes en Jefe, General Director o Director General, en su caso, tendrán la representación del Fisco para adquirir, a cualquier título, bienes raíces para sus instituciones y para enajenarlos” (sic)

Fue mediante esta fórmula del PAF, la que le permitió a Pinochet, aún comandante en jefe del Ejército, enajenar en 1997, el terreno y los 27 bloques de la Villa San Luis de Las Condes y anunciar públicamente que la transacción se había efectuado por la suma de 98 millones de dólares.

El dictamen Nº 23.752 del año 1998 de la Contraloría General de la República, extinguió la posibilidad de asignar bienes fiscales al PAF para que el Ejército y las otras ramas de la FFAA, vendieran inmuebles que ocupaban del modo en como lo estuvieron haciendo antes de ese año, es decir, recibiendo el dinero esas instituciones militares del Estado.

Sin embargo, este dictamen es ignorado por las fuerzas armadas las que siguen comercializando fácticamente sus transacciones inmobiliarias en el PAF.

El negocio

En relación con un nuevo negocio en la Villa Militar del Este, la información ya mencionada, del Diario Financiero anuncia que “la institución tiene en marcha un plan maestro para renovar completamente la villa, el que considera la edificación de cinco torres de vivienda, un edificio de administración, una residencia universitaria, un jardín infantil, un hotel militar que reemplazará el actual (H.M. Viejos Estandartes) un centro clínico, áreas verdes, zonas de juegos, piscinas y sectores comerciales”.

¿A título de que el Ejército se transforma en un agente inmobiliario o en un corredor de propiedades?

¿Quién controla la administración de esta danza de millones dólares que ingresan a las arcas de Ejército por vía de sus negocios inmobiliarios?

La institución dispone del Presupuesto Nacional aprobado por el Poder legislativo para financiar todas sus funciones. Además, debemos sumar el 10% sobre las ventas de nuestro cobre.  A diferencia -por ejemplo- de la Cultura o la Educación que deben autofinanciar parte de sus actividades, el Ejército no requiere financiamientos adicionales.

¿Qué razones, sino una simple operación especulativa, puede justificar la demolición en Villa Militar del Este, de edificios sólidos, de hormigón, construidos en 1972-75, en perfecto estado de conservación, que resistieron sin un rasguño los terremotos de 1985 y 2010?

Es una auténtica aberración bajo el punto de vista técnico y patrimonial.

Para los ciudadanos chilenos, nos resulta inaceptable que la institución destinada a velar por la seguridad nacional y la integridad de nuestro territorio, esté involucrada en negocios tan ajenos a sus tareas profesionales.

El Ejército de Chile, institución de un perfil tradicionalmente serio y austero, nos resulta hoy irreconocible. Jamás, bajo la conducción de personas como los generales René Schneider o Carlos Prats, pudieron ocurrir acciones tan reprochables como las que hemos señalado.

El cuadro actual, como todos sabemos, se presta para facilitar actos de corrupción como los que tienen en las cuerdas al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente Alba, acusado de malversar nada menos que 3.500 millones de pesos.

 ¡Basta!

Si el Ejército no requiera para sus fines institucionales la totalidad del terreno que cubre la Villa Militar del Este, debe devolverlo a Bienes Nacionales, para que el Estado chileno, resuelva su mejor destino.

Quizás, no sería una mala idea destinarlo a algunos de los programas de integración social que tanto pregona el actual gobierno y en particular el alcalde Joaquín Lavín, quién clama por la falta de terrenos en la comuna de Las Condes. ¿Por qué no?  ¿O acaso este noble y necesario objetivo de integrarnos socialmente es una mera expresión retórica?

En mi opinión, el gobierno de Chile debe detener un proyecto tan irracional como el que se proyecta en nuestra histórica Villa Militar del Este y la Cámara de Diputados debiera designar, una Comisión Investigadora de este hecho tan escandaloso. antes que se produzca la transacción comercial entre el Ejército y una empresa inmobiliaria.

Miguel Lawner / Arquitecto.         

19.04.2019.

Descarga como PDFImprime este artículo