El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, denunció que la ley corta antiterrorista no es más que un nuevo intento del gobierno de derecha por legitimar medidas autoritarias y represivas contra los movimientos sociales.
El analista advirtió que esta ley no va a combatir las redes de narcotráfico, pero sí va a generar más represión y descontento social.
El dirigente comunista destacó la iniciativa legal del bloque “Unidad Para el Cambio”, la cual busca combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, junto con ayudar a las familias a superar adicciones.
Juan Andrés Lagos aclaró que es legítimo tener dudas, respecto al origen del bombazo en una comisaría, a la luz de los últimos montajes policiales construidos a partir de supuestos atentados.
Juan Andrés Lagos afirmó que se requiere de un plan nacional que permita golpear el negocio del lavado de dinero efectuado a través de algunos bancos y grupos financieros.
El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos advirtió que la ley corta antiterrorista no ayudará a resolver el fenómeno del narcotráfico, cuyas redes circulan por la vía bancaria, lejos de poder ser enfrentadas mediante acciones represivas y que provocan profundo daño a la sociedad y las familias chilenas.
Este sábado 3 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el gimnasio municipal María Cangana de Diego de Almagro, región de Atacama, se realizó la segunda versión del “Festival cultural Nelson En La Memoria”, en homenaje a Nelson Quichillao, trabajador minero asesinado por parte de las fuerzas especiales de carabineros el año 2015, mientras ejercía junto a sus compañeros, su legitimo derecho a huelga.
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, expresó que esta manifestación artística tiene por objeto resaltar el valor y la figura de Nelson Quichillao, pero además denunciar la represión permanente que sufren los trabajadores cuando exigen sus derechos.
Manuel Ahumada sostuvo que el “festival Nelson En La Memoria”, además representa un repudio a la complicidad y denegación de justicia, lo que los ha llevado como trabajadores del Cobre a recurrir a la Corte Interamericana de Justicia.
Sobre el mismo punto, el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, detalló que todas las instancias legales han determinado que Nelson Quichillao fue asesinado cruelmente sin justificación alguna, sólo por el hecho de hacer uso legitimo de su derecho a manifestación por las demandas de los trabajadores.
Lautaro Carmona advirtió que existe una responsabilidad pendiente por parte de quien dio de manera irresponsable la orden de disparar en contra de los trabajadores movilizados, hecho que le que le costó la vida a Nelson Quichillao el año 2015.
Señalar que este sábado 3 de agosto en el gimnasio municipal de Diego de Almagro se dará el vamos a la segunda versión del “Festival Nelson En La Memoria”, en donde de manera gratuita los asistentes podrán presenciar la actuación de artistas de la zona que han sido convocados, también contando con las presentaciones en vivo de Inti Illimani, Evelyn Cornejo y el grupo de música Latinoamericana Imaginación.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, acusó al Estado de abandonar a su comuna ante la inseguridad social producto del narcotráfico y su poder económico.
En ese sentido, Pizarro culpó a la dictadura militar de arrinconar la pobreza en ciertas zonas del país, dando paso al abuso de estos grupos altamente violentos y organizados.
La edil explicó que la gente pobre compite con el narcotraficante que está solucionando un problema asistencial, fruto de la mala construcción comunal.
Claudia Pizarro informó que están a la espera de respuestas concretas, tras reunirse con autoridades de Gobierno, solicitando un plan integral para el combate del narcotráfico en la población El Castillo.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, aclaró que el municipio no cuenta con recursos para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, y requieren urgentemente la ayuda del Estado.
El Municipal de Santiago peligra de llegar a su fin. La entrevista de Jaina Elgueta, Presidenta del Coro Profesional Teatro Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile. y Emelyn Valenzuela, Presidenta del Sindicato Técnico del Teatro Municipal De Santiago.
Compartimos con la destacada diseñadora e influencer chilena Camila Silva, quien con su blogg “No me da lo mismo” brinda un espacio de reflexión y acción concreta para alcanzar un estilo de vida sin basura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, alertó sobre el peligro que representa la designación del militante democratacristiano, Sergio Micco como nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Según la dirigenta de derechos humanos, dicho nombramiento obedece a una operación de la derecha para limitar las acciones emprendidas en el ámbito de derechos, tanto en el plano reproductivo, como aquellos vulnerados durante la Dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos explicó que el nuevo director del INDH fue electo de forma consensuada, debido a su cercanía con posturas que relativizan la defensa de los Derechos Humanos.
Lorena Pizarro apeló a la urgencia de modificar la actual normativa del INDH, para garantizar la autonomía e independencia del organismo, acorde a los principios de Paris, los cuales fueron elaborados en el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 1991.
La elección de Sergio Micco, militante de la Democracia Cristiana (DC), como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el periodo 2019-2022, ha causado controversia en la oposición, que acusó una “operación del gobierno” en contra de la directora saliente, Consuelo Contreras.
Este miércoles 31 de julio, el diputado comunista Hugo Gutiérrez junto al abogado Fernando Monsalve, llegaron hasta la sede de la Fiscalía Nacional para solicitar a su director, Jorge Abbott, que se aboque a la investigación de las denuncias dadas a conocer por investigaciones periodísticas que dan cuenta de la evasión de pago de contribuciones en viviendas consideradas “de lujo”.
Según señalara el diputado, “creemos que hay la ocurrencia de ilícitos penales de fraude al fisco, porque entiendo que si en su oportunidad cuando se denunciaron estos hechos por primera vez y no se hizo nada y siguió hasta el día de hoy, prefiriendo cobrarle a la dueña de un quisco y no ir a a cobrarle los impuesto territoriales a Vitacura, creo que en esa decisión algo huele a delito”.
En esa línea, Gutiérrez remarcó que “cuando se determina que es mejor cobrarle al panadero por no entregar la boleta y no ir a cobrarle a quien hace pasar su territorio como terreno agrícola y así no pagar los impuestos correspondientes, hay delitos que deben ser investigados”.
En concreto, el diputado aboga por la clarificación y responsabilidades de los últimos siete directores del Servicio de Impuestos Internos y otros funcionarios de la entidad, quienes podrían haber generado una política para que los “súper ricos” pagaran montos irrisorios por concepto de contribuciones.
“Hemos estimado que en consideración a los antecedentes entregados por sendos reportajes, en cuanto a que hay cientos de personas que evaden el pago de sus contribuciones, el impuesto territorial, es necesario saber si en lo denunciado hay una política determinada del Servicio de Impuestos Internos. Aquí hay un lucro que debieron haber recibido tanto las municipalidades como el Fondo Común Municipal y eso tiene implicancias en lo presupuestario de las municipalidades”, detalló Hugo Gutiérrez.
Por su parte, el abogado Fernando Monsalve, agregó que “queremos la investigación de los últimos siete directores del SII, por no fiscalizar. La excusa no es la falta de personal, porque el país sabe que se fiscaliza a algunas personas y a otras no. En este caso no se estaba fiscalizando, pese a denuncias previas desde el año 2012 a los denominados súper ricos. Esto implicaría necesariamente dejar de percibir miles de millones de pesos”.
Según lo expuesto por la investigación periodística, en tan solo dos de los casos presentados se habrían dejado de pagar cerca de 30 mil millones de pesos, equivalentes, por ejemplo, al presupuesto total de la municipalidad de Recoleta.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la representante del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume, Ida Sepúlveda; el Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Lawner; y la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria, Shaira Sepúlveda, entre otros activistas de los derechos humanos y el patrimonio, se reunieron para denunciar la compleja situación de protección que enfrentan la Villa San Luis y el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, declarados Monumento Nacional en la categoría de histórico, el 2017 y 2019 respectivamente.
El pasado mes de junio se acordó revocar la declaratoria de Monumento Nacional a la Villa San Luis, cediendo con ello a las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A., actual dueña del terreno. Asimismo, la reciente declaratoria del Cofomap generó una serie de cuestionamientos desde el oficialismo, específicamente de la UDI y RN, por su vínculo con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lugar durante la dictadura cívico militar.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que esta revocación no es al azar, ya que responde a una escalada de atentados contra monumentos y sitios de memoria.
En ese sentido, Alicia Lira acusó una política económica y negacionista por parte de los sectores que fueron cómplices activos de la dictadura militar y pretenden eliminar la memoria histórica del país.
La presidenta de la AFEP ratificó que se sumarán a todas las acciones que emprenda la Red de Sitios de Memoria a nivel nacional, más los integrantes de la Villa San Luis.
Las declaratorias de Monumento Nacional para los sitios de memoria son parte de las obligaciones de los Estados para avanzar en las garantías de no repetición y para la reparación simbólica de las víctimas. El Consejo de Monumentos Nacionales ha ido especializándose en la particularidad de estas declaratorias de monumentos nacionales en la categoría de históricos para los sitios de memoria vinculados con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura cívico militar, aportando con ello a los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.
