Mayor control en publicación de personal, remuneraciones y publicación de la información histórica entre los principales cambios.
Este 5 de enero del 2024 comenzó a regir la nueva Instrucción General sobre Transparencia Activa, para todos los servicios públicos del país, instruida por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La medida tiene como objeto unificar, sistematizar y actualizar términos en los contenidos que se deben publicar y promover un uso de lenguaje claro, simple y comprensible para un buen y expedito acceso a la información pública de parte de la ciudadanía.
El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, afirmó que “estas nuevas obligaciones tienen como finalidad generar una mejor rendición de cuentas de los servicios públicos y con ello aumentar los estándares de probidad y transparencia de cara a la ciudadanía. Con esta nueva regla será más fácil para las personas acceder a información pública, e incluso, comparar entre distintas administraciones. Hacemos un llamado a todos los servicios a actualizar sus portales”.
Entre los principales cambios que introduce la Resolución 500 del Consejo para la Transparencia, establece que a nivel de personal y remuneraciones se debe publicar, de ahora en adelante, el monto por bonificación de metas que recibió ese funcionario en otra planilla, aparte del sueldo. Esto permitirá conocer el detalle del pago que recibió el trabajador público; qué corresponde a bono, a bonificación, a sueldo, informaron desde el CPLT.
Otra de las modificaciones es para el personal a honorarios. A contar de este año, se deberá publicar en el sitio web del servicio, el informe que estos trabajadores generan para acreditar que se hizo esa labor por la cual fue contratado y que da pago a la remuneración que le corresponda.
Adicionalmente, el Consejo dictó que toda la información que se publique no puede ser borrada; ésta debe quedar en el histórico, lo que permitirá hacer comparaciones entre distintas fechas.
Por otra parte, desde enero del 2024 se deben publicar en el Portal de Transparencia todos los informes con información presupuestaria que las municipalidades envían mensualmente a la Contraloría General de la República.
La nueva instrucción también establece normas de buenas prácticas en transparencia, las cuales no son obligatorias, pero se promueve su cumplimiento. Por ejemplo, publicar los viáticos y los kilometrajes y gastos de peajes de los autos fiscales.
La entrada en vigor de esta nueva instrucción general, que deroga automáticamente las anteriores, tuvo un año de preparación en los distintos servicios que fiscaliza el Consejo para la Transparencia. Así, en todo el país se han capacitado a más de 9.000 funcionarios públicos, para informar de estos cambios obligatorios.
