En conversación con Pietro Sferrazza, investigador participante del Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quien en junto a Amnistía Internacional Chile, presentaron el informe “Reparación integral de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social”, se conoce parte del análisis y las conclusiones del estudio.
El abogado y especialista en derecho internacional, señaló que la reparación no ha sido adecuadamente diagnosticada y críticamente valorada.
Recalcando que la reparación es un derecho fundamental, Pietro Sferrazza indicó que su implementación no ha sido clara como ha ocurrido, por ejemplo, con las pensiones de gracia que se han regulado con una normativa sin foco de derecho y sin mayor difusión: “se ha publicitado poco, las víctimas no conocen de qué trata la medida. En un primer momento se determinaron montos y fueron cambiados sobre la marcha; se aumentaron pero no hay un procedimiento claro para solicitar el aumento”, detalló.
También se refirió al primer programa de integración ocular que frente a las cientos de personas que fueron lesionadas en sus ojos por agentes policiales, ofreció una atención centrada en la rehabilitación y no en otros focos necesarios como la salud mental. También apuntó a la falta de personal suficiente y capacitado, a las actitudes de algunos funcionarios que fueron revictimizantes, a la ejecución de su presupuesto, y a su centralismo que afectó a las víctimas de regiones.
En relación a las garantías de no repetición observó que en ese ámbito más que un avance ha habido un retroceso, en tanto no existe una regulación adecuada al derecho de la reunión pública, ni al uso de la fuerza las policial en el contexto de manifestación, como tampoco el uso de armas, o los refuerzo en las funciones del Servicio Médico Legal.
“En materia de garantías y no repetición el panorama es bastante desolador”, expresó indicando que en la reciente cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric mencionó otras, pero no la reparación de las víctimas del estallido dentro de las políticas públicas de derechos humanos. “Rescato y valoro el plan de búsqueda de las personas desaparecidas, pero en materia a la violación a los derechos humanos del estallido social no se dijo ninguna palabra”, precisó.
En las recomendaciones del informe resaltó la importancia de levantar una política pública debidamente regulada en una normativa permanente, especificando el tipo de violaciones que son objeto de reparación; que todo el proceso cuente con la participación de las víctimas en la toma de decisiones y que se identifique con claridad el procedimiento de calificación, al igual los órganos competentes de la manera más transparente; “porque esto no es una cuestión de política es una cuestión de derechos”, expresó.
