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Jordano Santander, condenado bajo una serie de incongruencias jurídicas, exige una salida política para su libertad

En conversación con la abogada, Betzabé Carrasco, defensora de Jordano Santander, explica una serie de incongruencias que definen la condena contra el joven de San Antonio, quien sobrepasando la prisión preventiva de 90 días, fue sentenciado por homicidio frustrado, daños y receptación, lo que además le impide acceder a beneficios o a una pena sustitutiva de cumplir en libertad.

La especialista indicó que Jordano al momento de su detención y tras participar en una manifestación en marzo del 2020, fue acusado de intentar embestir con su vehículo y con ánimo homicida, al funcionario de investigaciones que le daba la indicación de detenerse.

Pese a que el funcionario no presentó lesiones observables, el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, igualmente caracterizó el delito como homicidio frustrado, expresó Betzabé Carrasco.

Al respecto, la abogada indicó que no existen medios probatorios y que los testigos son también funcionarios. “Todas estas incongruencias en términos jurídicos dan cuenta del ánimo de la fiscalía y de los entes persecutores de castigar más allá de lo estrictamente jurídico y acreditado”, señaló.

En cuanto al apedreamiento del cuartel de la PDI – quienes habían reprimido fuertemente la manifestiación señalada-, la abogada indicó qua e los otros imputados que lanzaron las piedras mientras Santander manejaba su vehículo, se les aplicaron penas bajas, pero en libertad.

Acerca del delito de receptación, la defensa indicó que se trató de productos farmacéuticos hallados en la maleta del auto de Jordano Santander, el cual explicó que se los había encontrado en la calle producto de un saqueo ocurrido a principios de febrero.

Por otro lado, la abogada señaló que al momento de la detención Santander y de los otros jóvenes que iban en el auto, éstos recibieron golpizas y fueron desnudados por los funcionarios, coaccionándolos física y psicológicamente.

Frente a esos hechos, se presentó una querella criminal para investigar al igual como lo efectuó en su momento el INDH. No obstante, “el problema es que el caso ha sido investigado por la misma fiscalía de San Antonio, la cual se declara como víctima y agente persecutorio, siendo además dirigida por la PDI”, explicó la defensa.

Betzabé Carrasco concluyó que los requerimientos para Jordano en Chile están agotados, mientras que la instrucción al debido proceso presentada en la Corte Interamericana, puede salir incluso cuando Jordano recupera la libertad. 

Por tal motivo, al ser un caso ícono entre los procesos penales viciados de la revuelta social, indicó que su situación tiene que resolverse a través de una salida política como el indulto particular.

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