Interpelando al gobierno para que considere a niñas, niños y adolescentes Mapuche como víctima de la violencia rural en la Araucanía, la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche presentó recientemente un informe en las Naciones Unidas en donde detalla un conjunto de casos graves y gravísimos de vulneración durante 6 meses comprendidos entre los años 2020 y 2021.
En entrevista la fundadora y coordinadora de la Red, Onésima Lienqueo, señala que este se trata de un tercer informe presentado en una instancia internacional y que su particularidad reside en describir los casos de manera actualizada.
Dentro del documento se informa de 8 casos graves y uno de ellos gravísimos. Entre ellos se cuenta el caso de niños que estando al interior de sus escuelas la policía hizo ingreso sin que los directivos y el personal a cargo hubiesen facilitado el espacio de socorro que corre para entidades educativas y de salud.
También se describen casos retraumatizantes y de revictimización, como la de un niño que fue golpeado y abandonado a 15 kilómetros de su hogar en un contexto rural, en donde además carabineros se querelló contra sus padres por abandono luego que el niño había sido separado de éstos tras la detención de su progenitor por la misma policía.
Dentro del informe también se contempla el caso de la hija de Camilo Catrillanca y el de una menor de tres años, ambas detenidas el día de la lectura de la sentencia por el asesinato del comunero en Angol, a inicios de este año.
En materia de reparación, el informe de la Red formula un conjunto de recomendaciones de cómo accionar y también cómo interpretar los procesos cuando los niños pertencen a los pueblos originarios.
Al respecto, Onésima Lienqueo advierte que estos procesos en un contexto de violencia, semejantes a los que ocurren al interior de un conflicto armado, son de largo tiempo y requieren de condiciones de reparación. Es imposible desarrollar un tratamiento terapéutico si los territorios donde habitan los niños se encuentran militarizados o sin la participación de las instituciones o funcionarios garantes como los jueces, servicios de salud, etc.
De esta manera, la fundadora de la Red se refiere a que el Plan Araucanía no contiene ninguna cláusula que especifique alguna política pública que defienda o proteja a la niñez, como tampoco en la violencia rural se incluye a la niñez mapuche ni chilena, faltando además a la condición de derechos igualitarios de todos los niños y niñas.
Respecto a la no existencia aún de una ley de garantía a la niñez en Chile, Onésima señala que Chile tiene una deuda al no llevar un proceso de garantización desde hace muchas décadas en tanto enfatiza que la violencia en Wallmapu hacia NNA es una de las más graves en Latinoamérica.
