Dirigentes sociales, sindicales y gremiales junto a entidades de la sociedad civil se manifestaron a favor de la opción de cambiar la Constitución por medio de una asamblea constituyente con miras al plebiscito de entrada del 26 de abril próximo.
En primer termino el abogado y presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez expresó que una Constitución marca profundamente la vida de los chilenos, agregando que resulta más que positivo que este debate político se haya instaurado en nuestra sociedad.
Daniel Ibáñez denunció que este supuesto acuerdo por la paz suscrito entre la Derecha y algunos partidos de oposición demostró su fracaso al establecer un quórum que hacía muy difícil modificar los elementos negativos de la Carta Magna de Pinochet.
En este mismo sentido, el personero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Rolando Jiménez, valoró que la movilización social haya abierto paso a un proceso constituyente, construido desde las diversas expresiones de la sociedad civil.
El dirigente del Movilh aclaró que la Constitución pinochetista excluye a las minorías del país, al no existir un reconocimiento de los pueblos originarios, ni garantía de no discriminación hacia la diversidad sexual.
La dirigenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Tamara Muñoz expresó que la conciencia individual y colectiva surgida a partir del 18 de octubre hacen urgente un cambio en la Constitución de 1980.
Tamara Muñoz –integrante del comando “26 de abril” organizado por la multigremial en apoyo al cambio constitucional, detalló que solo el despliegue territorial y la conversación directa con la ciudadana, puede contrarrestar la campaña mediática y de desinformación que intenta imponer la Derecha.
El vicepresidente del Magisterio Jaime Gajardo aclaró que sin una nueva Carta Magna es imposible resolver la crisis actual, pues la lógica del Estado subsidiario impide avanzar en la profundidad de los cambios que el país demanda.
Jaime Gajardo detalló que la Constitución pinochetista obedece a los intereses del gran empresariado y la elite política, lejos de beneficiar a los trabajadores en derechos tan elementales como es la negociación colectiva.
Todos los personeros además condenaron la resolución del Consejo Nacional de Televisión que impide que las organizaciones sociales pudieran optar tener un segmento propio en la franja plebiscitaria, sin dependencia de los partidos políticos, señalando que no corresponde que entidades de la sociedad civil e independientes, que son autónomas, tengan necesariamente que identificarse con un partido político, para contar con espacio para la participación en el proceso constituyente.
