- Los videos rescatan los testimonios de los evaluadores del proyecto, quienes denunciaron una intervención sin precedentes desde el nivel central al momento de redactar el informe final en 2017.
- La denuncia suma un nuevo capítulo a la historia de controversias que rodean a Andes Iron, empresa vinculada a conflictos de interés, investigaciones por corrupción y al caso Muñeca Bielorrusa.
Un sumario de más de 600 páginas y una carta de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que evaluaron el proyecto minero portuario Dominga son el testimonio de las presiones que se produjeron durante la evaluación ambiental de la iniciativa de la empresa Andes Iron.
La serie de dos capítulos “El juego de Dominga”, cuya primera parte ya está disponible en las redes sociales de Oceana en Chile, detalla algunos pasajes en donde el personal técnico encargado de evaluar Dominga manifiesta que el proyecto tenía tantas falencias que debía ser rechazado. Sin embargo, una orden desde Santiago silenció todas las críticas y se recomendó su aprobación.
“Desde un inicio el proyecto Dominga ha estado involucrado a distintos casos de conflictos de interés y cohecho, a lo que se suma esta intervención en el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo para obtener un informe favorable, pese a que el personal técnico concluyó que el proyecto debía rechazarse”, afirmó Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana. “Este informe ha sido utilizado por la empresa en su estrategia judicial, sin embargo, sabemos que se trató de un informe hecho a la medida de Andes Iron”, agregó.
En el sumario, los funcionarios del SEA de Coquimbo afirman que el proyecto Dominga tenía tantas falencias técnicas que se le debió dar término anticipado, es decir, que ni siquiera entrara a evaluación ambiental. Algunos testimonios denuncian que les “quitaron la evaluación del proyecto”, además de recibir una orden de calificar favorablemente a Dominga “sin conocer los fundamentos y la conclusión”. Lo mismo ocurrió en la redacción del informe final, donde “se dispuso que no se podía editar de ninguna forma”, “no dieron razones de por qué no podíamos hacer observación”, cuando la recomendación del personal técnico que evaluó el proyecto era de rechazo. “No hay informes de nadie que justifiquen recomendación. Si hay algún fundamento no es nuestro” señalaron los funcionarios en el sumario que fue llevado adelante por el Servicio y que hoy es recogido por este especial lanzado por Oceana en Chile
Lo que viene
Hace unos días se dio a conocer que el Comité de Ministros resolvió reanudar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones favorables a Dominga, con el objetivo de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental desfavorable que pesa sobre la iniciativa. El próximo 30 de octubre vence el plazo para que la ciudadanía y las partes interesadas presenten observaciones, pero a partir del 31 de octubre el Comité de Ministros podría juntarse a votar el proyecto, pese a que existen aristas judiciales aún pendientes y un fuerte rechazo ciudadano a la controvertida iniciativa.
“Todo indica que si el Comité de Ministros sesiona, será para aprobar Dominga por secretaría”, afirmó Rheinen. “Sin embargo, nadie puede obviar que darle el vamos a un proyecto con este historial de conflictos de interés, corrupción e irregularidades no le hace bien a nuestro país, no le hace bien a la pesca de Chile, a los emprendedores del turismo y de la agricultura que hoy desarrollan sus actividades en armonía con el medio ambiente en un lugar que, además, es invaluable para el mundo científico”, añadió.
Los millones de Andes Iron
La semana pasada una nueva investigación periodística reveló pagos a operadores judiciales, dirigentes políticos y lobbistas vinculados a gestiones destinadas a favorecer los intereses de Andes Iron. Los antecedentes surgen en el contexto de las investigaciones derivadas del denominado caso Hermosilla, y muestran presuntas intervenciones para influir en decisiones judiciales relacionadas con Dominga, incluyendo gestiones ante jueces y nombramientos en tribunales superiores.
La publicación también identifica dentro de los asesores a al menos cinco exparlamentarios: Aldo Cornejo, Patricio Walker, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber y Eduardo Lagos. Además, se consignan pagos a Alejandro Ruiz, exministro del Tribunal Ambiental de Santiago, quien ha dado entrevistas en los medios en calidad de experto para opinar sobre Dominga, pero sin transparentar que recibe remuneración desde Andes Iron.
A ello se suman los pagos acreditados por parte de Andes Iron a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes están imputados por cohecho, y acusados de “comprar” fallos judiciales a ministros de la Corte Suprema en el contexto del caso conocido como Muñeca Bielorrusa.
