Santiago, 28 de septiembre de 2026. El diputado Luis Cuello (PC) junto a Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Irací Hassler (PC) y Jaime Bassa (FA) presentaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos a la que el Gobierno adhirió el pasado 22 de septiembre.
Los parlamentarios acusan que el Gobierno presentó públicamente el Escudo de las Américas como un mecanismo de coordinación para combatir el crimen organizado, pese a que la declaración suscrita por Chile contempla compromisos económicos, de seguridad, inteligencia y coordinación multilateral. A juicio de los requirentes, estos antecedentes demostrarían que se está frente a un “tratado internacional encubierto”, cuyo verdadero alcance no habría sido transparentado al país y que amenaza la soberanía nacional.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran disposiciones destinadas a salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos —que podrían involucrar recursos estratégicos para Chile como el cobre y el litio— y la activación de mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para promover una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas. Sobre este último punto, el requerimiento sostiene que se podría generar una autorización amplia para el ingreso y operación de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional.
En ese sentido, el diputado Luis Cuello (PC) acusó al Gobierno de haber ocultado al país los verdaderos alcances del acuerdo. “El Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto. Desde ese punto de vista, el Gobierno ha engañado al país: quiere hacer pasar por un acuerdo de buenas intenciones un acuerdo que es político, que establece obligaciones para los Estados y que, además, significa un peligro, una amenaza para la soberanía de Chile en varias dimensiones”, afirmó.
“Acá está poniendo en peligro el cobre y el litio de Chile para ofrecerlo a Estados Unidos de una forma que daña nuestra soberanía. En segundo lugar, este acuerdo también es peligroso desde el punto de vista de eventuales operaciones militares en Chile de fuerzas extranjeras. ¿Qué significa eso? Que, en definitiva, se busca una autorización amplia para que fuerzas extranjeras, es decir, fuerzas norteamericanas, puedan operar en territorio nacional, digamos, contra la ley”, agregó.
Por su parte, la diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, expresó que “para nosotros es importante que exista un pronunciamiento por parte de la Contraloría, porque la interpretación, que no solo hacen las y los parlamentarios sino que también la opinión pública,¿Qué es la adhesión al Escudo de Las Américas si no es un tratado?. Un tratado internacional tiene que pasar por el Congreso Nacional, porque acá no solo se habla de cooperación sobre crimen organizado, que sin duda es una materia sensible, pero no pueden esconder que está detrás un tratado que es engañoso, porque acá se condiciona nuestra soberanía económica y sobre nuestros minerales críticos.
Lo que queremos hacer es dejar de manifiesto que no solo es una interpretación de las y los parlamentarios, sino que deben tomarse todas las diligencias por parte del Estado de Chile para defender su soberanía”.
En tanto, la diputada Irací Hassler (PC), comentó: “En estos seis meses, el Gobierno se ha caracterizado por no escuchar lo que han señalado distintos actores políticos, la evidencia o la ciudadanía. Pero es momento que cambie de rumbo y, por tanto, que esta vez sí escuche, que no podemos tener un acuerdo en que se pone en juego la soberanía de Chile, nuestros minerales críticos y nuestras decisiones económicas, al alero de los intereses de Estados Unidos. Por el bien de Chile, esperamos que el gobierno dé un paso atrás y rectifique”.
En ese sentido el diputado Juan Santana (PS) afirmó que “resulta bien paradójico que, casi 80 años después, el presidente José Antonio Kast quiera replicar la dinámica de los países satélites de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, sometiendo y subordinando a Chile a los intereses económicos de Norteamérica”.
“Más allá de que el Gobierno presente esto como una mera coordinación policial contra la lucha contra el crimen organizado, lo cierto es que lo que se está comprometiendo en este acuerdo tiene que ver con el control de la inversión, con el control de minerales críticos, que son además normas que están regidas por rangos legales que son necesariamente objeto de discusión en el Congreso Nacional”, agregó.
