Google, una de las 5 más grandes Big Tech a nivel mundial, busca nuevamente instalar un Data Center en la comuna de Cerrillos, proyecto cuya autorización fue parcialmente anulada por el tribunal ambiental el 2024.
“Hay que recordar que este mismo proyecto tuvo una situación de conflicto con la comunidad tanto de Cerrillos como de Maipú”, señala Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) en Chile, expresada en las reclamaciones levantadas y luego en el fallo del tribunal que determinó no haber “consideraciones de la cuestión hídrica ni que tampoco se evaluaba el proyecto desde la dimensión de la crisis climática”.
La empresa tras el fallo renunció al permiso ambiental. No obstante, luego de un cambio en la norma sobre criterios y umbrales en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, el proyecto ve en ese marco la oportunidad de ingresar nuevamente sin responder a los cambios sustantivos pronunciados por el tribunal:
“El proyecto tenía que retrotraerse y volverse a evaluar. Sostenemos que la empresa está actuando de manera ilegal. Lo que corresponde aquí es que el proyecto se evalúe ambientalmente dentro del sistema normativo que actualmente tenemos vigente”, puntualiza.
Si bien en este caso es posible observar vacíos y debilidades en la legislación, el director de OLCA también apunta a la limitación de derechos que genera esta flaqueza normativa:
A nivel del mundo y de Latinoamérica “se ha ido tomando conciencia de una serie de otros impactos que tiene esta infraestructura digital”: entre ellas, el alto consumo de agua para la refrigeraciones, o la generación de islas de calor y de alta radiación. A su vez, están presionando para el uso de otros recursos como es la minería de tierras raras y que afecta a varias regiones en el país, indica:
En Estados Unidos, país que concentra la mayor cantidad de Data Center con cerca de 4 mil instalaciones, existen diferentes conflictos con la comunidad y han motivado iniciativas para legislar sobre esa situación, agrega Cuenca:
Respecto al Plan Nacional de Centros de Datos que se levantó el 2024 con proyección hasta 2030, indica que “se hizo con muy poca información, con muy poco debate público y también con mucha tergiversación de las oportunidades que esto representa para el país”.
“No son infraestructuras que Chile necesita para el funcionamiento de todo su sistema digital”, plantea el director de OLCA sobre la exportación de servicios como actividad pilar de estas instalaciones que ve propicio para sus intereses un escenario normativo de baja intensidad.
“Están en manos 100% de trasnacionales que están buscando controlar no solo el mercado sino nuestros hábitos de consumo, qué cosa vemos en las redes qué cosas se manejan en el mundo digital ec, Se abre una serie de otra preocupaciones que no son solo los del impacto de la infraestructura”.
Por medio de una carta de pertinencia, a través de la cual las empresas consultan al SEA sobre si deben o no ingresar al sistema de evaluación, esta empresa busca eludir la revisión de la entidad, explica. Pero con los antecedentes mencionados, se hace distinta la lectura y eso ha motivado el levantamiento de un Téngase Presente:
Además, apunta, están en un proceso de denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. solicitando que se haga vigilancia y se le pida al Estado Chileno información si están cumpliendo los estándares respectivos.
La CIDH a través de uno de sus relatores ya ha manifestado preocupación por la masiva aparición de centros de datos en toda América, particularmente en Sudamérica, lo que preocupa “por profundizar las condiciones de vulnerabilidad, de desigualdad y de potencial vulneración de los derechos humanos en la región”, advierte el director de OLCA Chile.
