Por Sergio Campusano, dirigente de la comunidad de Huascoaltinos.
No estamos tan bien como quisiéramos y les comparto a manera de reflexión lo concluido con palabras no enteramente mías, pero sí de un gran número de líderes del sector rural.
Cuando ocurre una catástrofe, el Estado se convierte en un arrendatario de emergencia. Termina pagando fortunas por maquinaria y servicios que, con mínima planificación, podrían formar parte de una institución pública permanente.
El resultado del libre mercado en la emergencia es el peor de los mundos: más gasto fiscal y menos velocidad de reacción.
En un temporal, aluvión, incendio o un terremoto, las primeras horas lo son todo. Si los municipios y los gobiernos regionales no tienen equipos, maquinaria y personal propio para actuar de inmediato, perdemos un tiempo irrecuperable mientras la burocracia busca, licita y contrata a una empresa privada que esté disponible.
Hoy, cuando llega un temporal, aluvión, un incendio forestal o un terremoto, el Estado se ve obligado a subcontratar todo:
-Diversos transportes de emergencia.
-Diversos equipos de remoción.
-Diversos servicios de utilidad pública.
Pareciera un negocio redondo.
Causas y consecuencias de un Estado débil y poco organizado en las emergencias:
1.- Falta de Consulta Indígena asertiva y apropiada del MOP, principalmente de la Dirección de Vialidad. Aquí conocemos bien nuestro territorio y sabemos donde construir y modernizar y donde no, pero los expertos externos son ellos.
2.- Falta el uso de brigadas locales del Pueblo (Vecinos Voluntarios) que en coordinación con los Servicios públicos solucionen con mayor asertividad las emergencias catastróficas.
3. Tiempo perdido: Las primeras 48 horas son clave. Cuando no tienes maquinaria propia estacionada en el territorio, pierdes la capacidad de reacción inmediata.
4. Oportunismo: La emergencia se convierte en un negocio. La respuesta no debería depender de un contrato de licitación que se firma cuando el agua ya se llevó las casas.
5. Falta de prevención: Si el Estado no tiene recursos propios para operar, mucho menos tiene capacidad para hacer prevención de quebradas, mantención de cauces o cortafuegos.
La seguridad de nuestras comunidades no puede estar supeditada al margen de ganancia de una empresa. Es, y debe ser, una capacidad estratégica irrenunciable del Estado.
6. Es hora de establecer geográficamente zonas de mayor seguridad y zonas de mayor peligro y no estar a ultima hora abriendo sedes comunitarias como albergues temporales como si fuéramos principiantes en estos temas catastróficos.
Hoy se habla de recursos extraordinarios para reconstruir, pero la pregunta clave sigue siendo otra: ¿Por qué seguimos llegando siempre tarde? ¿Cuánto invertimos realmente en prevención, en mantención de quebradas y en infraestructura pública resistente al clima extremo?
Reconstruir es urgente y necesario. Pero prevenir es inaplazable. Un Estado fuerte y preparado no es un gasto superfluo: es la inversión más rentable que podemos hacer para proteger vidas, salvar territorios y asegurar el futuro de Chile.
La resiliencia territorial no se construye con subcontrataciones. Se construye con los Pueblos Originarios, con las Comunidades Agrícolas, con las Juntas de Vecinos, los municipios y gobiernos regionales con capacidades operativas propias, presupuestos robustos y equipos humanos y técnicos estables.
Chile es un país altamente expuesto a desastres climáticos y geológicos. Pretender que la seguridad de nuestras comunidades dependa de la disponibilidad de maquinaria privada o de la agilidad burocrática para licitar en medio del caos es una apuesta que siempre perdemos.
La emergencia es una necesidad pública, no una oportunidad de negocio. Exigir un Estado fuerte, con maquinaria, equipos y personal propio, debería ser una prioridad transversal si queremos estar preparados para la próxima catástrofe.
¿Creen que el Estado debería recuperar su capacidad operativa o crees que la subcontratación privada es la solución?
