- Las advertencias meteorológicas reabren el debate sobre cuánto ha aprendido el país de las grandes emergencias registradas hasta la fecha.
El sistema frontal pronosticado para los próximos días por la Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), no solo pondrá a prueba la capacidad operativa de los organismos de emergencia frente a alertas por precipitaciones, viento y bajas temperaturas. También permitirá evaluar si las lecciones que dejaron décadas de inundaciones y otros eventos extremos se tradujeron en una mejor preparación del país frente a una amenaza ampliamente anticipada.
Para el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Ricardo Fuentealba, las mayores grietas podrían quedar en evidencia en la capacidad de respuesta que logren desplegar los distintos territorios. A su juicio, el principal desafío no estará únicamente en contener los efectos del fenómeno, sino en cómo reaccionará cada comunidad ante una emergencia que podría dejar al descubierto las debilidades que aún persisten en la gestión del riesgo.
“El sistema frontal que amenaza en los próximos días puede mostrar, lamentablemente, las grietas que persisten en la gestión del riesgo en nuestro país. Por supuesto, hay una serie de protocolos que ya están en marcha y que deben mantenerse para mitigar sus efectos y favorecer una respuesta oportuna. Si bien la labor de SENAPRED y de la Ley 21.364 ha sido clave para promover una cultura de preparación e involucrar a distintos actores en la respuesta ante emergencias, estos instrumentos, por sí solos, siguen siendo insuficientes. Se necesita una articulación efectiva entre las instituciones, la sociedad civil y los planes orientados a proteger a las personas”, señala el experto.
Capacidades desiguales
Por otro lado, Fuentealba sostiene que esta preparación no depende exclusivamente de la existencia de planes de emergencia, igualmente importantes. Se construye, según explica, mucho antes de que ocurra un evento extremo, mediante liderazgos locales, organizaciones comunitarias y acciones permanentes orientadas a reducir la vulnerabilidad. Aclara que esa diferencia permite que algunos territorios enfrenten estas amenazas con mejores herramientas que otros.
“Como todo en Chile, hay mucha desigualdad social y territorial respecto de cómo afrontar este tipo de amenazas. No basta con promover planes de emergencia y de reducción del riesgo de desastres. Es necesario instalar capacidades y fortalecer liderazgos que organicen a los grupos más expuestos. Hay territorios que podrían estar sumamente preparados porque cuentan con organizaciones o comités locales con arraigo territorial. Lamentablemente, el sistema frontal dejará en evidencia los efectos de un modelo de desarrollo que genera precariedad, sobre todo en territorios históricamente excluidos. Como se dice en los estudios de desastres, siempre llueve más a quienes ya están mojados”, subraya el sociólogo a manera de comparación.
Aprendizajes pendientes
En cuanto a la experiencia chilena, Fuentealba advierte que, si bien las lluvias de las décadas de 1980 y 1990, los aluviones registrados en Atacama durante 2015 y las inundaciones ocurridas en el centro-sur en 2023, constituyen una experiencia acumulada que debe seguir orientando la preparación del país, ya no bastan como antecedentes para proyectar con precisión el comportamiento de fenómenos como este sistema frontal. Asegura que el cambio climático ha modificado su dinámica, por lo que resulta cada vez más difícil anticipar su intensidad y sus efectos a partir de eventos históricos.
“Es importante recordar esas experiencias y sacar lecciones para los hogares, las instituciones públicas y las organizaciones privadas. El problema es que hoy resulta difícil trazar exactamente el comportamiento del sistema frontal que se avecina, porque está vinculado con la emergencia climática. Aunque se utilicen modelos y pronósticos basados en eventos anteriores, estamos ante una nueva normalidad en la que los efectos de estas amenazas se vuelven más impredecibles”, añade el investigador a modo de explicar la complejidad del momento actual.
Responsabilidad compartida
Respecto a la reducción del riesgo de desastres, Fuentealba aclara que esta no recae únicamente en la institucionalidad pública. Resalta que, aunque el Estado dispone de organismos y mecanismos para enfrentar este tipo de emergencias, su efectividad también requiere una ciudadanía informada, preparada y consciente de su papel antes, durante y después de un evento extremo.
“Las instituciones hacen lo que pueden, dentro de sus capacidades y del marco presupuestario del país. Así como el objetivo último de la institucionalidad de desastres es hacer todo lo posible para disminuir la mortalidad y los impactos negativos, la sociedad civil debería evitar comportamientos que pongan vidas en riesgo. La principal consideración es la cautela, la confianza en las instituciones, contar con un plan familiar y revisar constantemente las alertas de SENAPRED; y si ocurre algo, pues, promover la solidaridad con quienes la estén pasando mal. Esa es la responsabilidad compartida que debemos fomentar en momentos de emergencia”, concluye el también docente de la Escuela de Ciencias Sociales UOH.
