Por Javier Albornoz Rebolledo, integrante de la Comisión Política de PC de Chile.
Las revelaciones de Reportea.cl sobre los chats entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik no pueden leerse como una copucha más del poder. Tampoco como un simple intercambio privado entre abogados. Lo que aparece ahí es mucho más grave: una forma de operar, de defenderse, de influir y de entender el Estado.
Durante años nos dijeron que Chile era un país serio. Que las instituciones funcionaban. Que la justicia era igual para todos. Que aquí mandaban las reglas y no los favores. Pero estos chats muestran otra cosa: un país donde ciertos personajes parecían moverse con línea directa a tribunales, ministerios, policías, empresas públicas y autoridades políticas.
La primera gravedad está en el contexto. No hablamos de cualquier momento. Hablamos del estallido social, cuando miles de personas estaban en las calles, cuando había denuncias de violaciones a los derechos humanos, cuando familias enteras buscaban respuestas por mutilaciones, golpes, detenciones y abusos. Mientras las víctimas pedían verdad y justicia, en otro lado se hablaba de blindar autoridades, armar ofensivas políticas y buscar fórmulas para enfrentar judicialmente a quienes denunciaban.
Ahí está el corazón del problema.
Las víctimas eran los jóvenes heridos, las familias golpeadas por la represión, quienes perdieron la vista, quienes fueron perseguidos, quienes vivieron el miedo en carne propia. Los victimarios no son solo quienes ejecutaron abusos en la calle. También deben responder políticamente quienes desde oficinas, estudios jurídicos y redes de poder trabajaron para proteger responsabilidades, cerrar filas y tratar el reclamo social como una amenaza que debía ser aplastada.
Según el reportaje, Zaliasnik llegó a plantear ideas como cortar internet, pedir información sobre dirigentes de izquierda, buscar seguimientos e interceptaciones telefónicas y levantar “dossiers” contra adversarios políticos. Eso no es defensa de la democracia. Eso se parece demasiado a una mentalidad autoritaria: identificar enemigos internos, perseguirlos y usar el aparato estatal o sus contactos para neutralizarlos.
También aparecen gestiones vinculadas a la defensa de Mario Rozas, exgeneral director de Carabineros, imputado en causas por violaciones a los derechos humanos. Y aparece el nombre de Andrés Chadwick, exministro del Interior, como parte del mundo político que rodeaba esas gestiones. El punto no es solo quién pagó o quién llamó. El punto es que, mientras las víctimas golpeaban puertas, los defensores del poder parecían tener varias abiertas.
Esa es la desigualdad más brutal: no solo la desigualdad de ingresos, sino la desigualdad frente a la justicia.
Para algunos, tribunales lentos, burocracia y años de espera.
Para otros, contactos, mensajes, ministros conocidos y operadores disponibles.
Por eso estos chats no hablan solo de Hermosilla o de Zaliasnik. Hablan de una red. De una cultura. De una derecha que durante años se presentó como defensora del orden, pero que en la práctica parece haber confundido el orden con la protección de los suyos.
Y esto conecta directamente con el momento actual.
Porque Gabriel Zaliasnik no es hoy un personaje retirado ni un abogado mirando desde lejos. Fue nombrado embajador de Chile en Israel por el actual gobierno. Eso obliga a preguntarse qué tipo de señal política se está dando. ¿Se premia a quienes aparecen vinculados a esta forma de operar? ¿Se normaliza que personas mencionadas en redes de influencia terminen representando al país? ¿Se gobierna para limpiar las instituciones o para reciclar a los mismos círculos de siempre?
Quienes hoy gobiernan hablan de orden, autoridad y mano dura. Pero muchos de ellos vienen del mismo mundo que aparece en estos chats: el mundo de los favores, de los estudios jurídicos poderosos, de las defensas cruzadas, de los contactos en tribunales, de la política hecha entre pocos y a espaldas de la mayoría.
Por eso la llamada “República del WhatsApp” no es una metáfora exagerada. Es la imagen de un Chile donde algunos resolvían asuntos sensibles por mensaje, mientras el resto hacía fila.
Un país donde los poderosos pedían gestiones.
Donde se conversaban nombramientos.
Donde se buscaban favores.
Donde se hablaba de usar herramientas del Estado contra adversarios políticos.
Donde las víctimas quedaban abajo y los responsables buscaban protección arriba.
La derecha chilena debe dar explicaciones políticas. No basta con decir que la justicia investigue. Por supuesto que debe investigar. Pero también hay una responsabilidad pública. Porque cuando quienes hoy gobiernan fueron parte, cercanos o beneficiarios de esa cultura de poder, no pueden presentarse como si vinieran de afuera a ordenar la casa.
La casa la desordenaron ellos.
La ensuciaron quienes confundieron democracia con control, justicia con influencia y Estado con red de amigos.
Chile necesita verdad completa. Necesita investigación sin privilegios. Necesita saber quiénes operaron, quiénes financiaron, quiénes protegieron y quiénes se beneficiaron. Pero también necesita algo más básico: que nunca más se trate al pueblo como amenaza y a los poderosos como intocables.
Porque al final estos chats dejan una pregunta simple:
¿En qué país vivimos?
¿En el país de las instituciones o en el país de los contactos?
¿En el país de la justicia o en el país de los favores?
¿En la República de todos o en la República del WhatsApp?
