La organización que reúne a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país advirtió que la iniciativa podría traducirse en recortes presupuestarios, desvinculaciones y debilitamiento de programas esenciales del Estado, afectando directamente a millones de personas y a los sectores más vulnerables del país.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, debido a los posibles efectos que podría generar sobre la función pública.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización que agrupa a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país señaló que, si bien comprende la importancia de promover el crecimiento y el desarrollo económico, observa con inquietud la posibilidad de que la iniciativa “contemple recortes presupuestarios en distintos servicios y organismos del Estado”.
Según advirtió la presidenta de la Federación, Victoria Escalante, estas medidas podrían afectar directamente a millones de personas que diariamente dependen del apoyo y la protección que brindan las instituciones públicas, especialmente en áreas sensibles como el acceso a la justicia, la asistencia social y la protección de derechos.
“Las y los trabajadores del sector público cumplimos un rol fundamental en la garantía de derechos y en el acompañamiento de las personas más vulnerables. Por ello, cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral, la continuidad de los programas esenciales y la calidad de los servicios”, señaló la dirigenta.
Desde FENADAJ también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la tramitación del proyecto, destacando que diversos gremios y actores sociales “han denunciado la falta de diálogo y participación efectiva de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado”.
En ese sentido, recalcaron que la institucionalidad pública no puede ser abordada únicamente desde una lógica de eficiencia administrativa o reducción de costos, ya que ello podría debilitar programas fundamentales y perjudicar a los sectores que más requieren apoyo del Estado.
Cabe recordar que la polémica propuesta del Ejecutivo en materia económica ya fue revisada por las comisiones técnicas, incluida la Comisión de Hacienda, que aprobó la mayor parte de su articulado. Durante los próximos días, el proyecto deberá ser votado en la Sala de la Cámara y, en caso de ser aprobado en general y en particular, pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado.
