Por Carolina Millalen
El Informe Anual sobre la Situación del Derecho a la Manifestación en Chile 2025 de Casa Memoria José Domingo Cañas, fue dado a conocer al público el miércoles 4 de marzo.
Junto a personalidades dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, Marta Cisterna, directora de Casa Memoria José Domingo Cañas y coordinadora de la Comisión de Observadoras/es de DDHH indicó: “Queremos contribuir a la memoria pero también a la rendición de cuentas y a la exigibilidad de derechos desde un sitio de memoria”.
Gabriel Marín, periodista e integrante de la Comisión de Observadoras/es de DDHH del sitio de memoria, se refirió a principales hallazgos que constatan la continuidad estructural de prácticas de control frente al pleno ejercicio del derecho a la protesta y a la reunión pacífica en el país.
Si bien el año 2025 no se registró uso de escopeta antidisturbios en las manifestaciones observadas, hubo un 100% de presencia de agentes de la COP y 0% agentes de diálogo:
En esa línea, el Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH, Jean Jarab, expresó que es preocupante que el cambio de foco respecto al derecho a la manifestación no se haya logrado, pese a existir la observación general N”37 al Estado de Chile:
A su vez, resaltó el valor de la manifestación en la defensa y demanda de otros derechos humanos:
El académico y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, destacó el profesionalismo y la metodología que sustenta al informe y por tanto, a sus conclusiones respecto al rol del Estado y a la voluntad política que es necesaria para dar otro foco a la manifestación:
Por su parte, la abogada Pamela Meléndez y Directora Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez valoró la importancia del registro y apuntó a las vulneraciones de cientos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de protesta social que aún están impunes en nuestro país: “No solo afecta al derecho a la manifestación en sí, sino que tiene repercusiones en sus vidas, en sus trayectorias, en su derecho a la salud”, precisó.
Otros temas abordados fueron la ley Nain Retamal que contempla la legítima defensa privilegiada de los funcionarios del orden, la permanencia del decreto N° 1086 promulgado en dictadura y los riesgos de que los organismos públicos se resten del necesario monitoreo en el contexto de la protesta social.
El documento en formato digital está a disposición del público en las redes y plataformas del sitio de memoria.
