Frente al anuncio del ministro Jorge Quiroz sobre la creación de una instancia encabezada por un economista independiente para la reforma al Estatuto Administrativo, la asociación de trabajadores/as del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia instó a que el debate no se reduzca a criterios económicos ni al reordenamiento fiscal, exigiendo una mesa participativa que aborde la precarización laboral y el resguardo de la salud mental de los equipos.
En el marco de la agenda de consolidación fiscal impulsada por el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la convocatoria a una comisión transversal dirigida por un economista independiente para revisar el Estatuto Administrativo del Gobierno. La instancia, que buscará ajustar la normativa a las exigencias actuales mediante conversaciones con especialistas académicos y técnicos de diversos sectores, iniciará sus labores durante las próximas semanas.
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia emitió un pronunciamiento público manifestando su preocupación y fijando postura sobre los ejes que deben orientar esta discusión institucional.
Superación del marco normativo heredado
Desde la organización reconocieron la urgencia de modernizar un marco normativo normativo heredado de la dictadura para responder a las necesidades del Estado contemporáneo. Sin embargo, advirtieron que «una revisión técnica centrada en la economía y la academia no puede dejar fuera la experiencia de los funcionarios que atienden directamente a la niñez, la adolescencia y a sus familias en todo el país». Por esta razón, sostuvieron que resulta indispensable que la comisión opere en un espacio de diálogo amplio, transparente e incluyente con las asociaciones del sector público.
El gremio profundizó en la especificidad del trabajo en el sistema de protección especializada, remarcando que «intervenir ante situaciones de vulneración de derechos expone a las y los profesionales a contextos de alta exigencia técnica, emocional y social». En ese sentido, plantearon que los derechos de los trabajadores y los derechos de la niñez son principios estrictamente interdependientes, por lo que asegurar condiciones laborales dignas no representa una demanda corporativa, sino una garantía directa para entregar intervenciones de calidad y dar continuidad al cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
Para evitar que la precarización afecte las capacidades de respuesta del Estado, la asociación fundamentó la necesidad de un estatuto fortalecido que resguarde a «equipos sobrecargados, sin estabilidad laboral o sin condiciones laborales adecuadas» donde se ve afectada la continuidad y calidad de la atención que reciben quienes más necesitan del Estado. También que se vele por reducir la rotación, aumentar la protección efectiva de la salud física y mental en espacios de autocuidado y la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, los representantes del personal señalaron que la modernización del Estado debe articularse de forma armónica con la protección de quienes ejecutan las políticas públicas, evitando que los ajustes o reordenamientos presupuestarios impacten en la seguridad y la atención de los usuarios. Frente a la pronta constitución de la comisión en el Ministerio de Hacienda, expresaron su disposición a participar activamente desde una mirada técnica y social, reafirmando que resguardar las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores de protección constituye una forma concreta de defender los derechos y la dignidad de la infancia vulnerable: «defender condiciones laborales dignas, estabilidad, salud funcionaria y recursos suficientes no es defender privilegios. Es también defender servicios públicos que funcionen y una mejor protección para la niñez y adolescencia», aclara el comunicado.
