Con un acento intergeneracional y planteando futuras concentraciones en las calles, se realizó la marcha por los Derechos Humanos y contra la Impunidad por la Alameda de Santiago, pese a la negativa en última hora del gobierno de no permitir transitar el tramo frente a La Moneda.
La manifestación albergó a diversas organizaciones reunidas en torno a la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y a la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna.
El marco de la marcha ocurre con el fin de visibilizar el desmantelamiento institucional de los derechos humanos que lleva a cabo el gobierno de José Antonio Kast, más el grave anuncio del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de que el ejecutivo estudia posibles indultos para criminales de lesa humanidad, violadores de derechos humanos durante el estallido social e incluso a condenados por abuso sexual a menores.
Alicia Lira, presidenta de la la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, rechazó categóricamente la revisión caso a caso:
La dirigenta también puntualizó que en este escenario no hay garantías de no repetición, enfatizando a su vez, en el retiro del proyecto legislativo del Congreso que daba al plan de búsqueda de desaparición forzada la posibilidad de ser ley, lo que muestra el real precedente del gobierno de Kast en la materia:
Maximiliano Montes Coordinador general de la secretaría de memoria y Derechos Humanos de la FECH apuntó a la gravedad de impulsar recortes en derechos humanos y las promesas de indultar a genocidas y violadores, reivindicando así el rol que juegan los estudiantes en la lucha por los derechos humanos:
Ante la presencia de jóvenes en la instancia, hizo un llamado a estar alerta frente a estos retrocesos indicando que el gobierno encontrará en la juventud una fiel barrera, dijo, “en contra de la ejecución forzada, la tortura y la represión frente a las movilizaciones”. Asimismo llamó a tener claridad y desde los jóvenes desplegar una conciencia democrática que haga retroceder el negacionismo y el relativismo a las violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la senadora Fabiola Campillay quien encabeza la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, planteó la importancia que se inicie una serie de manifestaciones en contra de las acciones validantes de impunidad que está implementando el ejecutivo. Además consideró el valor de la solidaridad en las diversas causas defendidas en la marcha y cómo eso debe trascender la denuncia hecha en las calles y que deben llegar al Parlamento:
Asimismo, banderas y lienzo recordaron a quienes fueron víctimas de la represión y la violencia institucional durante el estallido social; algunas de ellas, en nombre de Cristián Valdebenito quién falleció producto de un proyectil lacrimógeno lanzado por la policía en marzo de 2020 en las inmediaciones de Plaza Dignidad. Su hijo, Cristián Valdebenito, reivindicó a quienes fueron vulnerados durante la revuelta hace más de 6 años y para cuya inmensa mayoría que no ha habido justicia como tampoco para su padre:
Por su parte, Cecilia González, vocera de la histórica Comisión Funa, enfatizó la importancia de combatir el negacionismo: “Lo que tenemos que hacer es salir a educar a la población, salir a las universidades, dar a conocer lo que pasó a ayer, cómo se repite hoy porque la historia se repite lamentablemente y porque somos culpable de dejar abandonada la lucha por los derechos humanos. No bajar las banderas de nuestros caídos, nuestros asesinados, nuestros torturados es nuestra responsabilidad: volver a retomarla, volver a seguir en la lucha”.
Trabajo, salud, vivienda
En la marcha se hicieron presentes organizaciones de pobladores, sindicatos, artistas y trabajadores exponiendo una serie de situaciones que hoy impactan el acceso a los derechos sociales. Una de ellas fue la Confederación de Trabajadores del Cobre, cuyo dirigente a nivel nacional, Álvaro Roco, se refirió a la presencia de los contratistas de Codelco y su declaración en estado de alerta frente a la nueva administración de la cuprífera:
Un caso importante expuesto entre los manifestantes, fue el de la Cooperativa Casa de Artistas de Villa Alemana quienes señalaron el riesgo que embarga la continuidad de su proyecto habitacional con la nueva política gubernamental y el recorte del 10% a los subsidios:
Desde el área de salud, Roxana Guajardo dirigenta de la Fedepruss del Hospital Sótero del Río señaló que “no podemos retroceder en el tema de los derechos humanos, de justicia memoria y verdad y en avanzar y seguir buscando a quienes no están”, dijo recordando a Reinalda Pereira, dirigenta de la salud detenida desaparecida.
Así también, expresó el rechazo de la organización frente a los recortes que están afectando a los centros de salud pública del país, dentro de ellos, la descontinuación que se denunció respecto al programa PRAIS para las víctimas, sobrevivientes y familiares del terrorismo de Estado:
“Argentina tiene un desmantelamiento importante de salud”, agregó aludiendo a la realidad que vive el país trasandino bajo el mandato de Milei y con quien el Presidente Kast comparte una similar política hacia el Estado y el mundo privado: “ Ni siquiera llegan las vacunas del plan de inmunización nacional. No queremos que muera la población por no tener dinero para atenderse”, indicó.
