El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reportó hoy que desde el 2002 a la fecha un total de 2.904 mujeres lesbianas, bisexuales y trans han denunciado abusos en razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, de los cuales 33 corresponden a crímenes de odio
La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que solo en 2025 se conoció de 316 atropellos lesbofóbicos contra mujeres lesbianas y bisexuales, sin que el “Estado hubiese cumplido los compromisos nacionales e internacionales para prevenir y hacer frente de manera coordinada y sistemática a este problema”.
Entre otros, Zúñiga recordó que en 2016 el Estado firmó un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), donde explícitamente se comprometió a “incluir dentro de las políticas orientadas a la mujer a las personas lesbianas, bisexuales y transexuales con el fin de responder a las necesidades de estos grupos. En este contexto se rediseñará el Programa de Salud Sexual y Reproductiva a fin de que integre a todas las personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género, a lo largo del ciclo de vida”
Además, Chile se comprometió a “promover, en el marco de las atribuciones de las atribuciones del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, políticas y programas que reconozcan la diversidad de mujeres que habitan el país. La orientación sexual y la identidad de género de éstas serán consideradas como criterios relevantes para la formulación de reformas normativas y de las políticas públicas definidas por el Ministerio y ejecutadas por el Servicio de la Mujer y la Equidad de Género”.
Zúñiga enfatizó que “todas estas políticas debieron haber sido implementadas en coordinación con el Movilh y en el marco de mesas de trabajos con todas las organizaciones LGBTBQ+ interesadas en la materia, pero ello no ha ocurrido”
En virtud de ello, el Movilh informó que en el transcurso de este mes la “Comisión Interamericana de DDHH, CIDH, formuló consultas al Estado sobre sus deudas en torno al mencionado ASA. Todo indica, que ante la diferencia del Estado de Chile, elevaremos el tema ante la Corte Interamericana de DDHH”.
