En el marco de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas SBAP, el Ministerio de Medio Ambiente realizó una consulta con autoridades y representantes de pueblos originarios para crear parte de los reglamentos que se dispondrán en la protección de los espacios de alto valor ecológico.
No obstante, si bien el Servicio debiese comenzar a funcionar desde los primeros días de febrero, integrantes y autoridades de pueblos originarios, alertan que no se ha respetado el debido proceso de consulta indígena para tales efectos:
Marisol Trureo, vocera del Trawun Pikunche Tapihue Koyagtun, indicó que los pueblos originarios han sido convocados a participar en la creación tan solo de dos normativas -sitios prioritarios y biodiversidad-, pese a que son cerca de 15 el total de los reglamentos.
En las etapas previas, como es el caso de la planificación, hubo poca coordinación desde la Seremía Metropolitana, afirma, donde se careció de información al igual como ocurrió en otras regiones:
“Todo el proceso terminó siendo impuesto con faltas graves de metodología, de respetar el Convenio 169 con el decreto N° 66 que establece el reglamento de las consultas”:
Respecto a las áreas protegidas planteó la complejidad que hay en torno a este pilar aspecto de la ley. Citando el caso de las áreas protegidas privadas, explicó que pudiese generarse un esquema favorable a la propuesta de la tenencia de la tierra de la Comisión de Paz y Entendimiento o bien, convertirse en un recurso para el privado frente a una demanda ancestral de devolución de tierras:
Debido a estos incumplimientos, indicó Trureo, un conjunto de organizaciones donde se incluye Trawun Picunche y la Alianza Territorial por la Biodiversidad y la Naturaleza, interpusieron recursos de reposición.
“Son las instancias que queremos seguir para avanzar judicialmente y que los Ministerios dejen de avasallarnos como pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos preexistentes a la creación de la República de Chile; que tomen respeto y respeten también los convenios y los derechos humanos que están establecidos y que Chile tiene ratificados”, puntualizó.
Los mismos y otros escenarios
En horas en que el proyecto de ley del diputado Republicano, Benjamín Moreno, que busca frenar temporalmente la Ley SBAP se ha comenzado a tramitar y que los gremios del gran empresariado demandan respeto a sus derechos adquiridos, son al menos, 99 áreas prioritarias (fueron identificadas más de 300) las que corren riesgos reales, por uno y otro lado.
Asimismo, la vocera del Trawun Tapihue Koyagtun, indica respecto a la gobernanza o a la mayor participación que busca establecer la ley 21.600, que se plantea la creación de comités público-privados de carácter consultivo amplios que incluyen a representantes del sector productivo.
“¿Quién es ese sector público privado que va a participar?”, interroga sobre esa instancia que se abre de igual manera para las empresas más demandadas por daño ambiental -entre ellas, mineras y forestales-:
“Además, querían crear subcomités consultivos donde a nosotros nos estaban poco menos que aportando porque incluirían gente de nuestros territorios en esos subcomités”, agregó Trureo, recordando y criticando la propuesta inicial de la instancia:
“Rechazamos rotundamente. El director nacional que se crea no tiene por qué elegir las representaciones de los pueblos originarios y agregamos a eso, el derecho de la libre autonomía y autodeterminación que tienen los pueblos para elegir sus propias institucionalidades”.
“Sabemos que este no es un reglamento que nos vaya a favorecer, pese a que algunos pueblos están de acuerdo con muchas de las propuestas”, explica la representante, señalando las diferencias que priman entre los pueblos ancestrales frente al progreso extractivista que “crea leyes sin procesos adecuados, sin la información necesaria y sin la vinculación efectiva de los pueblos originarios, haciendo que todos los procesos sean ilegales y de mala fe programada, porque solamente la alianza es para política empresarial”.
Asimismo, acotó que el gobierno electo del ultraderechista, José Antonio Kast, es probable que no valide la ley 21.600 “y ahí tenemos otro trabajo, incluso llegando a instancias internacionales de Derechos Humanos”, señaló respecto a otra arista del planteamiento defendido por el Trawun Picunche Tapihue Koyagtun y de la Alianza Territorial por la Biodiversidad y la Naturaleza.
