- El parlamentario presentó un documento ante la Contraloría General de la República solicitando la reconsideración de su Dictamen No E561358/2024, el cual establece que el órgano contralor no tiene competencias para pronunciarse sobre las solicitudes de los funcionarios públicos por legítima confianza, exponiendo a miles de trabajadores públicos a despidos arbitrarios y obligándolos a recurrir a tribunales para proteger sus derechos.
Ante el dictamen de la Contraloría General de la República, que establece que la “confianza legítima” de los trabajadores del sector público debe ser determinada por los tribunales de justicia, el diputado Andrés Giordano presentó una solicitud formal para que el organismo reconsidere su pronunciamiento. Este dictamen marca un giro drástico en la jurisprudencia administrativa sobre estabilidad laboral de los funcionarios públicos, que la Contraloría estableció durante años.
En su documento, el parlamentario destaca que, bajo la administración del excontralor Jorge Bermúdez, la Contraloría estableció que la renovación ininterrumpida de contratas por más de dos años genera una expectativa legítima de continuidad para los funcionarios, salvo que existan razones fundadas para su desvinculación. Esto estaba basado en dictámenes como el Nº 37.990/2017, que garantizaba estabilidad laboral y protegía a los trabajadores de decisiones arbitrarias por parte de las administraciones públicas.
El diputado Giordano expresó que el reciente dictamen emitido por la contralora Dorothy Pérez “representa un retroceso que precariza las condiciones laborales en el sector público, al obligar a los funcionarios a recurrir a instancias judiciales más costosas y lentas para proteger su continuidad laboral”.
El parlamentario indicó que no es permisible que decisiones administrativas vayan en contra de la estabilidad laboral de quienes trabajan al servicio del Estado:
“Insto a la Contralora a reconsiderar esta medida y a respetar el legado de protección laboral que su institución ha sostenido durante años”, agregó el diputado Giordano.
Cabe destacar que este dictamen ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones como la CUT y la ANEF, que se presentaron este lunes 18 de noviembre ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer sus reparos. Se acusa que la nueva disposición otorga carta blanca a las autoridades para desvincular a funcionarios sin justificación, eliminando una herramienta administrativa clave para garantizar el derecho a la estabilidad laboral.
