El reciente caso de colusión en casinos de juegos recuerda prácticas anticompetitivas en sectores clave de la economía nacional.
Cuando dos o más empresas, que compiten en un mismo mercado, acuerdan aumentar o fijar los precios de sus productos, o –inclusive- reducir la producción, fragmentar su mercado o impedir el ingreso de nuevos competidores, con el único fin de incrementar sus beneficios, dicho fenómeno es conocido como colusión.
Hace unos días, el acuerdo colusivo de tres empresas en el mercado de los casinos de juegos, retornó el tema a la palestra y recordó que no han sido pocos los casos en que la sociedad chilena se ha visto afectada por este tipo de fenómenos económicos.
“Estos acuerdos colusivos tienden a prosperar bajo ciertas condiciones específicas”, explica la académica y directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Andrea Canales. “Una de las más importantes es la existencia de un número reducido de empresas en el mercado, es decir, en situaciones de oligopolio. En Chile, muchos mercados tienen esta característica, con pocas empresas dominando la oferta de productos o servicios. Sin embargo, es relevante aclarar que no todos los mercados oligopólicos incurren en colusión, ya que ésta depende de la cooperación deliberada entre los actores”, añade la académica.
Detalla que otro factor que facilita la colusión es la “inelasticidad de la demanda de los bienes o servicios involucrados”. Ejemplos de colusión como la de pollos, supermercados, gas, farmacias, papel higiénico y oxígeno, entre otros, es porque se trata de productos o servicios esenciales, cuya demanda tiende a disminuir muy poco o nada ante un alza de precios, lo cual incentiva a las empresas a coordinarse para aumentar sus márgenes de ganancia.
“Aun así, no es fácil afirmar con certeza si estos fenómenos colusivos han aumentado en frecuencia o si la percepción de su prevalencia ha crecido debido a una mayor fiscalización y cobertura mediática. Sin embargo, sí es claro que varios mercados en Chile reúnen condiciones que facilitan este tipo de conductas anticompetitivas”, explica la experta.
Respecto a la fiscalización, la académica puntualiza que el desafío, frente a este tipo de conductas anticompetitivas, radica en que son difíciles de probar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sin contar con la evidencia adecuada. “La evidencia económica, si bien es valiosa, muchas veces resulta insuficiente para satisfacer los estándares probatorios exigidos por el tribunal. En este contexto, el mecanismo de la delación compensada ha demostrado ser una herramienta fundamental en la lucha contra la colusión”.
Dicho programa incentiva a las empresas o individuos involucrados a proporcionar pruebas contundentes a cambio de inmunidad o reducción de sanciones, “lo que permite sancionar estas conductas que, de otro modo, serían difíciles de detectar y probar”, destaca.
“Sin embargo, es evidente que aún queda trabajo por hacer en cuanto a fiscalización preventiva. Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo de mercado, así como desarrollar capacidades técnicas que permitan anticipar y detectar señales de posibles colusiones antes de que estas generen un daño significativo a los consumidores”, explica la investigadora UOH.
También destaca que la educación financiera es importante, ya que su objetivo es formar consumidores más informados y conscientes de sus derechos y responsabilidades en el mercado. “Juega un rol esencial en la promoción de la competencia justa y en el empoderamiento de los ciudadanos. Un consumidor educado es capaz de exigir mayor transparencia y responsabilidad a las empresas, lo que contribuye a prevenir prácticas anticompetitivas como la colusión o la corrupción”, finaliza.
