· Aproximadamente, 170 mil niñas, niños y adolescentes han sido beneficiados.
A un año de la entrada en vigencia de la Ley 21.484, que regula la responsabilidad parental y el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, aproximadamente 170 mil niños, niñas y adolescentes han sido beneficiados. En este periodo, los juzgados de familia han ordenado el pago de $830 mil millones, equivalentes a más de US$ 920 millones. De este monto, poco más de US$ 350 millones ya han sido pagados efectivamente, mientras que los restantes US$ 570 millones están en proceso.
Conforme a esta ley, el cobro de las deudas de pensiones de alimentos se realiza a través de dos vías: una “especial” y otra “extraordinaria”. La vía especial permite a los juzgados, previa solicitud del acreedor, despachar oficios a entidades bancarias, financieras y de inversión para retener los recursos del deudor y asegurar el pago de la deuda. Según datos del Poder Judicial, mediante este procedimiento, se ha entregado un total de $48 mil millones (aproximadamente US$ 53 millones) y se ha ordenado el pago de $293 mil millones (alrededor de US$ 322 millones), beneficiando a 104 mil niños.
“Un Estado que necesita usar medios coercitivos para asegurar el cumplimiento de una obligación básica no está logrando un cambio cultural significativo. Aunque la ley ha abordado aspectos sociales y económicos novedosos, como darle mayor importancia al derecho de alimentos y permitir que se usen fondos de seguridad social y se limite la capacidad crediticia del deudor para el pago de estas deudas, esto solo resuelve el problema de forma temporal”, apunta la docente de la carrera de Derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH), Paola Lagos.
La vía extraordinaria autoriza a los tribunales a dirigirse a la AFP en la que el deudor mantiene sus fondos de capitalización individual, ordenando su retención para efectuar los pagos. A través de este mecanismo, se ha pagado $269 mil millones (cerca de US$ 299 millones), beneficiando a más de 63 mil niños, niñas y adolescentes Hasta el 15 de mayo de este año, se encuentran con orden de pago $537 mil millones (alrededor de US$ 591 millones).
Pese a la eficacia del mecanismo, “a largo plazo, esta solución podría afectar al Estado, ya que los deudores que usaron sus fondos de AFP para pagar sus deudas no tendrán dinero para su jubilación y dependerán de recursos públicos para recibir una pensión básica solidaria”, agregó Paola Lagos.
Según la abogada, el verdadero cambio cultural implica asumir responsabilidades de manera integral, desde políticas de control de natalidad hasta cambiar la falta de empatía de los padres no custodios. “Estos padres a menudo delegan su responsabilidad en el padre o madre cuidador y en su red de apoyo, sin reconocer que las necesidades de su hijo deben ser cubiertas por ellos mismos. El cambio cultural requiere que los padres entiendan que no están ‘cooperando’ con sus hijos, sino cumpliendo con su responsabilidad”, apuntó la abogada.
Sobre la automatización en los cobros, Paola Lagos fue tajante. “Todo lo automatizado, carece de la corrección necesaria y está no es la excepción. Los errores constantes en las liquidaciones de pensiones, solicitudes realizadas por la web del Poder Judicial, mal tramitadas hace que lo que se pensó sea rápido, resulte engorroso y lento debido a la necesidad de solicitar la corrección”.
Con todo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para lograr un cambio cultural profundo en la sociedad, esta ley representa un paso significativo en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la promoción de la responsabilidad parental.
