Por Jean Flores Quintana. Cientista Político.
El día viernes 15 de marzo se abrió la caja de Pandora. Posiblemente estemos frente al caso de corrupción más grande de la historia de Chile. Efectivos de Carabineros allanaron tanto la casa como las oficinas del director general de Investigaciones, Sergio Muñoz, para requisar medios de prueba en el marco de las indagaciones por el caso Hermosilla o caso Audios.
El Ministerio Público acusa a Muñoz de filtrar información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla. Si nada extraordinario ocurre mañana martes 19 de marzo, el que fuera mandamás de la PDI, será formalizado por delitos de violación de secreto. Esto está lejos de ser el final de la historia, sin embargo, es interesante analizar su comienzo.
El 10 de junio de 2021, Sebastián Piñera, en el ejercicio de sus funciones, nombra como Director General de la Policía de Investigaciones a Sergio Muñoz. El Mercurio calificó al nuevo director como un hombre “mesurado, muy prudente y medido”. Desde ese mismo día iniciaron las operaciones de Hermosilla y los partidos de derecha para socavar el Estado de Derecho, traficando información y corrompiendo las instituciones.
En noviembre pasado, luego de que se filtrara el audio que expuso ante la opinión pública los tentáculos de Hermosilla, Fiscalía pesquisó el teléfono del abogado y con esta información abrió una carpeta que supera las 700 mil páginas. Tan solo 510 mensajes enviados entre agosto de 2020 y octubre de 2023 fueron suficientes para terminar con la carrera del director general de una de las dos instituciones que resguardan la seguridad en Chile.
Por supuesto, la cobertura que han dado a este caso las grandes cadenas de medios está muy lejos de aproximarse a una versión sensata del problema. Lo que han hecho desde el mismo viernes 15 de marzo es cuestionar a las fuerzas de gobierno por solicitar que se revise la continuidad en primera instancia del jefe de Investigaciones y luego del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien también será formalizado por responsabilidad de mando en las causas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el estallido social y posterior revuelta popular.
Es más, llama la atención que en las cuatro editoriales publicadas en la edición del domingo, El Mercurio no menciona ni a Sergio Muñoz ni a Luis Hermosilla. Tampoco mencionan, por cierto, el corazón del asunto: que las filtraciones del director de la PDI al abogado Hermosilla eran sobre casos relacionados con Sebastián Piñera, Raúl Torrealba, Felipe Guevara y otros representantes de los carteles de derecha.
Así lo constata el medio Centro de Investigación Periodística:
–Caso Minera Dominga: Sergio Muñoz filtró información sobre la investigación de la compraventa de la Minera Dominga que implicaba a Sebastián Piñera. La operación financiera de esta venta se realizó en jurisdicciones offshore o paraísos fiscales y el pago final a la familia Piñera Morel dependía de no implementar medidas de protección ambiental que afectaran el proyecto minero-portuario.
Muñoz le envió a Hermosilla un requerimiento de información que la PDI había recibido de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía.
“Buenas tardes señor Director General. Le confirmó que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde solo se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades, la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta. Se pide contactar a las sociedades Andes Iron Limitada, Larraín Vial, Sociedad Minera Activa Uno Spa, Inmobiliaria Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo, para que de forma voluntaria entreguen información contractual, contable y extracontable, que dé cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga del año 2010, y también, memorias, organigrama, actas de directorio, listado de accionistas y controladores entre los años 2010-2021, como también, la posterior compra y venta de acciones”.
El mismo Muñoz advierte a Hermosilla que solicitarán la entrega voluntaria de las escrituras de sociedades involucradas con Dominga. Una de ellas es el fondo de inversión privado Mediterraneo, propiedad de Sebastián Piñera.
Caso Enjoy: Se filtraron datos sobre la investigación de la posible intervención del gobierno de Piñera para beneficiar al Casino Enjoy. Específicamente, se filtró la citación a declarar de José Francisco Moreno Guzmán, relacionada con la promulgación del decreto supremo que facilitó un alivio financiero a Enjoy.
Caso Raúl Torrealba: Se investiga la corrupción asociada al exalcalde de Vitacura con filtraciones que sugieren un esquema para desviar fondos municipales. Las revelaciones apuntan a que Felipe Guevara habría sido el cerebro detrás de este mecanismo, ideando formas para redirigir recursos hacia cuentas personales, incluidas las de Torrealba.
Caso Felipe Guevara: Investigación por negociación incompatible, implicando a Guevara en favoritismos hacia su hermano en la adjudicación de un proyecto con fondos públicos. Este caso destaca no solo por el conflicto de interés evidente, sino también por la filtración de movimientos investigativos a Hermosilla, complicando la integridad de la investigación y revelando un nivel de protección entre ciertas redes de poder.
Estamos frente a uno de los casos más graves de corrupción en nuestra breve historia republicana. Nuevamente los protagonistas son los mismos de siempre: es la clase patronal que usa las instituciones para beneficio propio.
RN y la UDI han dado portonazos a las instituciones, han saqueado Chile a vista y paciencia de todos. Sin embargo, lo hacen porque pueden y porque utilizan los medios de comunicación como cortinas de humo para sus retorcidas operaciones.
Es vergonzoso que las portadas sobre el mecanismo de corrupción de la derecha sean las diferencias al interior del gobierno, particularmente entre el PC y el PS respecto del general Yáñez. Y no sea tema el desmantelamiento del Estado como práctica política de los partidos de derecha.
