Comunicado de prensa_Prensa Presidencia
Subsecretario Monsalve sobre la renuncia del director de la PDI:
“Como ha sido informado a través de un comunicado de prensa de la Presidencia de la República, se ha producido la renuncia del prefecto general Sergio Muñoz, Director de la Policía de Investigaciones. Esto se ha producido en el marco de las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público por el eventual delito de revelación de secreto en el marco de la Ley de Lavado de Activos. Para estos efectos, el ex director tuvo una reunión con el Presidente de la República, ha presentado su renuncia y el Presidente de la República ha decidido aceptarla, operando de manera automática. Las renuncias se pueden aceptar cuando se presentan y ha sido el Director General de la Policía de Investigaciones quien ha decidido presentar su renuncia.
La subrogancia opera regulada por la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones. A partir de este momento, ocupa de manera subrogante la Dirección de la Policía de Investigaciones, la segunda antigüedad de la institución, que corresponde al prefecto general Claudio González, que actualmente desarrolla la función de inspector general de la Policía de Investigaciones.
Quiero también informar que en los próximos días el Presidente de la República, Gabriel Boric, procederá al nombramiento del nuevo director de la Policía de Investigaciones, procedimiento que también está regulado por la ley, que estipula que el nombramiento que debe recaer en una de las primeras ocho antigüedades de la institución.
La investigación del Ministerio Público tiene que ver con la regulación que hace de la Ley de Lavado de Activos. La Ley de Lavado de Activos establece, en el artículo 31, que esas investigaciones tienen el carácter de reservadas o de secretas. Por lo tanto, la vulneración de ese secreto constituye un delito. Será materia de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público determinar la característica de esa revelación de información, que era de carácter secreto, y el eventual efecto que ella tiene sobre las investigaciones que llevaba adelante.
Por otra parte, la investigación del Consejo Defensa al Estado es una obligación del Consejo. Está regulado en su Ley Orgánica, particularmente en el artículo tercero, que el CDE tiene el deber de querellarse en todos aquellos eventuales delitos cometidos por funcionarios públicos. Entiendo que en este caso, el Consejo de Estado actuó de acuerdo a lo que establece su Ley Orgánica”.
