Tras la votación en rechazo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) sobre la petición de crear una ECMPO en el sector de isla Huichas en la comuna de Aysén y otro en el sector de los Chonos en la comuna de las Guaitecas, sus demandantes han declarado seguir encaminando acciones para su defensa en diversas instancias.
El 29 de febrero, la Comisión rechazó los requerimientos -ambos amparados en la Ley Lafkenche- de la comunidad Pu Wapi para una superficie de 227.272 hectáreas en dicho archipiélago; y de la comunidad Antuen Rain, para 393.945 hectáreas en el sector de isla Huichas, ubicada en el sur oeste de la comuna de Aysén.
Daniel Caniullan Huentel, lonco de la comunidad Pu Wapi, señaló que se trató de una votación política influenciada por la industria salmonera:
La autoridad ancestral precisó que la decisión de proteger el territorio se intensificó luego que en año 2016 fueron arrojados 9 mil toneladas de salmones en descomposición y con pesticidas en el territorio. La decisión contó con la autorización del gobierno de turno, y causó un grave deterioro en la biodiversidad de la zona austral de la isla de Chiloé, sostuvo Caniullán.
Frente a la actual decisión de la Comisión Regional, Daniel Caniullán lamentó que en el gobierno de gabriel Boric primara el poder lucrativo por sobre las necesidades de las comunidades, pese a que la CONADI acreditó a través de un estudio la petición de constituir en la zona las dos áreas de Espacios Marítimo Costero de Pueblos Originarios:
El lonco de la comunidad Pu Wapi indicó que existe un profundo abandono de los gobiernos y del Estado para quienes habitan estos territorios insulares y bajo condiciones climáticas extremas, donde además, no existe control de la producción salmonera.
Al respecto, Daniel Caniullán indicó que la decisión de la Comisión no se condice con el alcance económico de las empresas, las cuales poseen 700 concesiones con derecho de propiedad y que no están afectas respecto a lo que regula la ley lafquenche o N° 20.249.
“La ley se ha cumplido al pie de la letra y es el gobierno el que no ha cumplido”, expresó Caniullán respecto al proceso que han llevado en estos 8 años como integrantes de pueblos originarios y habitantes de áreas costeras y marítimas ancestrales.
Agregó que incluso la ley propone tres alternativas, entre ellas, aprobar, rechazar o modificar. Siendo esta última la más prudente, aseguró el lonco de la comunidad Pu Wapi, no tuvieron el entendimiento ni la voluntad de dialogar”, Por tal motivo recurrirán a los tribunales.
La autoridad ancestral sentenció que no abandonarán sus territorios, pese a que “el gobierno central y las políticas centralistas buscan hacernos desaparecer a los pescadores artesanales y a las comunidades, pero es algo que no se aceptará, pues tenemos la convicción que ese es el camino y tenemos para rato”, sostuvo.
