En un comunicado público, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia mostró su molestia por esta polémica compra de lujosos autos para los ministros de la Corte Suprema.
Respecto a la información referida a la decisión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), de aprobar la adquisición de 22 vehículos Lexus modelo ES300h, por un monto que supera los $ 1.200 millones, como Federación Nacional de Acceso a la Justicia declaramos los siguiente:
Nos sumamos fuertemente a los reproches surgidos ante una voluntad del máximo Tribunal del país que creemos, trasgrede los principios mininos de austeridad fiscal que el país requiere especialmente en este momento.
Estamos sumidos aun en los efectos de una lamentable catástrofe como han sido los graves incendios que han generado muertes y pérdidas materiales en el centro y sur de Chile, cuya cuantía aún no se ha podido determinar y pese a que los recursos para la reconstrucción no son suficientes, rechazamos que instituciones abusen de su condición autónoma para efectuar una renovación de su flota que resulta sobre todo ahora, “inapropiada y ajena a la realidad que vive hoy Chile.”
Como trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial muchas veces vemos con impotencia como la falta de recursos y un déficit presupuestario permanente hacen dificultosa nuestra obligación primaria cual es garantizar el derecho a la justicia , especialmente de la población más vulnerable, y por lo tanto no podemos mantenernos pasivos ante una situación que más allá de las intríngulis administrativas y la explicaciones insuficientes , acreciente la idea de un poder judicial que alimenta profundas brechas sociales.
La vicepresidenta de Fenadaj, Zulema Díaz declaró; “Nos parece que la sola pretensión de adquirir vehículos de alto costo para los ministros y ministras de la Corte Suprema es una ofensa a los funcionarios y funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial, y también a nuestros usuarios y usuarias”.
La sola intención acceder a estos autos de lujos nos duele como país pues acentúa un peligro social como es el debilitamiento y desprestigio de las instituciones, y como funcionarios públicos no seremos cómplices pasivos de una acción grosera e indigna, la cual no representa la vocación y austeridad que nos marca como Federación en nuestro actuar permanente.
