Un grupo de organizaciones exigió la renuncia del General Yáñez frente a la Dirección General de Carabineros, quien junto a otros altos mandos y ex altos mandos de Carabineros, será formalizado en el mes de mayo por su responsabilidad en casos violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
Diversas organizaciones como Mujeres en la Calle, Cascos Azules Observadores de Derechos Humanos, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y familiares de las víctimas del estallido social, entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric para que el ejecutivo se pronuncie sobre la permanencia del actual Director de Carabineros, tal como lo explicó la vocera de la Coordinadora, Marta Valdés:
Alejandra Arriaza, abogada del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos Cintras, indicó que es éticamente impresentable que el alto mando hoy se encuentre dirigiendo la institución, mientras hay responsabilidad de sus funciones comprometida en graves violaciones a los derechos humanos.
Una de las causas que enfrenta el general Yáñez dice relación con su rol de director de Orden y Seguridad en los meses de la revuelta social, que lo cursaba a mantener un vínculo diario con el subsecretario del Interior -que en ese momento era asumido por Andrés Chadwick y luego por Gonzalo Blumer- y también a bajar las órdenes al personal que se desplegaba en las calles.
De acuerdo a lo consignado por Amnistía Internacional, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público constató que entre el día 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se iniciaron 8.508 casos por delitos de violencia institucional generados en el contexto de manifestaciones sociales y resguardo del orden público, identificando 10.568 víctimas. Sin embargo, el número de condenas representa menos del 1%.
En la manifestación se recordó a Jorge Salvo, joven víctima de trauma ocular quien terminó con su vida el año pasado frente al abandono del Estado; a Cristián Valdebenito, herido de muerte por una lacrimógena que impactó en su cabeza; y a Abel Acuña, joven que sufrió insuficiencia cardíaca durante una manifestación en Plaza Baquedano, donde Carabineros bloqueó el paso del personal de salud y cuya causa no continuó por decisión que la Fiscalía Oriente tomó año pasado.
Su padre, Anselmo Acuña, indicó que los antecedentes que la institución aportó en las investigaciones solicitadas por el Servicio Médico Legal y por los abogados, fueron desvirtuadas, de manera que terminaron constituyendo pruebas incompletas y cerrándose la causa, donde solo queda actualmente vigente la instancia internacional.
Ivonne Peralta integrante de la organización de Observadores y Defensores de DDHH Cascos Azules, señaló que la mantención del General Yañez en el cargo, es un signo de impunidad para las víctimas que no han contado con el debido apoyo del Estado en términos de reparación y menos de justicia. Además, indicó que su continuidad en el mando crea un manto de negacionismo respecto a los hechos que ocasionaron la revuelta social.
La imputación del General Director Ricardo Yáñez; la de Mario Rozas, ex General Director de la institución policial; y la de Diego Olate, general en retiro y ex subdirector, se efectuará en el mes de mayo. El gobierno por su parte ha llamado a separar la causa judicial que pesa sobre los uniformados y las labores de la institución, mientras que personeros de la política tanto del oficialismo como de la oposición se han pronunciado en no solicitar la renuncia antes de la formalización.
