Tras el rechazo del proyecto de nueva constitución en el plebiscito constitucional, los derechos reproductivos de las mujeres han vuelto a entrar en el debate. En particular, por las barreras que existen para que las mujeres y las niñas puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de violación, tal como lo señala la tercera causal en la ley de despenalización del aborto.
El 45,8% de los médicos del sistema público de salud se declara “objetor de conciencia” de la interrupción en el caso de violación, mientras que en cinco hospitales del país el 100% de los profesionales adhieren a esta negativa.
Javiera Mardones, coordinadora del área legal Corporación Miles, organismo que trabaja en la promoción y protección de los derechos sexuales en Chile, plantea que estas cifras son de connotada gravedad, en tanto la objeción de conciencia no puede ser un impedimento en el acceso a la salud sexual y reproductiva:
Niñas y acceso efectivo a la IVE: una ruta en sombras
En este marco, más grave aún es la situación de las niñas donde cualquier embarazo en menores de 14 constituye una violación, señalala abogada.
La Corporación Humanas ha levantado una alerta respecto a estos casos, dado que en el año 2022 existieron cerca de 2 mil denuncias de violación y más de 300 egresos hospitalarios de embarazos, partos o pauperio en ese tramo de edad. Sin embargo, solo cerca de 20 casos constituyeron la causal de violación y un poco más de 10 accedió efectivamente a la IVE.
Pese a los números, no existe una información acabada que aborde el problema, aunque las brechas o barreras que impiden a las niñas acceder a la causal -señaló la especialista-, se pueden deber a la presión u obstrucción de terceros para intervenir en sus decisiones, o bien, por la no autorización de sus representantes legales.
Javiera Mardones de Miles observó que muchas de las niñas afectadas, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, donde varias tienen antecedentes en el sistema proteccional, viven en contextos de ruralidad, de precariedad e incluso de discapacidad.
Alertas por falta de fiscalización en la obstrucción del acceso
Acerca de los centros hospitalarios en las regiones de Aysén, La Araucanía, O’Higgins y El Maule, en los cuales ninguno de sus profesionales ofrece la prestación de la IVE por violación, la abogada indicó que tanto la ley, como el reglamento y el protocolo de objeción de conciencia, plantean indicaciones para actuar frente a una deficiencia técnica.
Por otro lado, respecto a la fiscalización a las entidades de salud, Miles ha detectado una escasa cantidad de tramitaciones que solo aumentaron luego de la entrada en vigencia del Manual de Fiscalización hace algunos meses atrás.
La abogada observó que el avance se ha focalizado principalmente en situaciones irregulares ocurridas después de constituida una causal por violación, a diferencia de las que pueden ocurrir previamente, como la indebida conformación de comités evaluadores o por la acción de profesionales que se atribuyen facultades investigadoras propias de un procedimiento judicial y no propiamente médico.
Mardones apuntó que claramente hay errores que ameritan la modificación legislativa, e incluso es posible perfeccionar el reglamento. Sin embargo, el camino a seguir, sostuvo, debe ser la despenalización del aborto porque genera diversos problemas de salud pública.
Respecto a los cambios legislativos, la abogada apuntó que en el caso de las niñas se debe abordar lo acotado de los plazos para la interrupción, siendo que son quienes más demoran en identificar un embarazo y donde la mayoría no denuncia.
Acerca de aplicar mejoras en el reglamento, indicó que es posible fortalecer aún más los protocolos, la coordinación intersectorial y los derechos de las niñas en estos procesos.
