El 30 de agosto se dio inicio oficial al Plan Nacional de Búsqueda, programa impulsado por el gobierno que contempla la aplicación de estándares internacionales y políticas públicas que garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición en los casos aún pendientes de desaparición forzada en Chile perpetradas durante la dictadura civil y militar.
En el año que se cumplieron los 50 años del Golpe y a dos meses de su anuncio público, Gabi Rivera, Presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que este conjunto de acciones tienen que representar una nueva etapa, superando las rotundas dificultades que durante décadas han impedido el esclarecimiento de la verdad.
“Han pasado 60 años para los asesinos y para los familiares.No tenemos más tiempo para esperar y no queremos seguir esperando”, indicó. “Este plan tiene un objetivo principal que es saber qué pasó con cada unos de nuestros familiares, lo que significa encontrar la verdad y lo que significó la desaparición forzada en nuestro país”.
La presidenta de la AFDD, recalcó que es el primer gobierno que ha presentado una propuesta de esta envergadura que reúne a diversas entidades como Tribunales, Servicio Médico Legal, Ministerio de Justicia y a organizaciones.
Señaló que han estado en conversaciones con el Parlamento, en particular con la Comisión de DDHH del Senado, instancia donde se plantea otorgar todos los recursos necesarios, porque sin los recursos esta búsqueda no se puede hacer, expresó.
“El Estado hizo desaparecer a nuestros familiares, y por ende, debe entregar y reforzar todos los recursos para que este Plan de Búsqueda se lleve a cabo”.
También indicó que el logro del objetivo principal de saber qué pasó con cada unos de sus familiares y en el menor tiempo posible, debe haber una concordancia entre todas las entidades involucradas. “Debe ser así por el bien de los familiares y por el Estado de Chile que tiene que comenzar esta nueva etapa de saber qué pasó con ellos y para que las nuevas generaciones no vuelvan a sufrir lo que sufrimos”, indicó.
Gabi Rivera también apuntó a la posición de la organización respecto al nuevo texto constitucional que se vota en el Consejo, refiriéndose a la enmienda que busca otorgar penas sustitutivas a condenados con cárcel, y que beneficiaría particularmente a sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
La dirigenta, señaló que esta nueva propuesta es una de las más nefastas y representa un retraso absoluto de lo que es para los familiares la verdad y la justicia.
“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no se amnistían”, sentenció. “Así como nuestros familiares, nuestras madres murieron esperando; familiares que que murieron sin verdad y sin justicia. Los poco y nada que están en cárceles de cinco estrellas no han hablado, no ha entregado información, no se han arrepentido y la sociedad no los puede premiar con una salida y que vayan a morir en sus casas”, precisó.
