A la luz del estudio realizado por varias organizaciones que integran la Alianza, se evaluó que aún queda por dictar un 35,9% de los reglamentos, donde algunos artículos estarían fuera del plazo planteado para su implementación, a más de un año de la publicación de la ley.
Josefina Correa, abogada y encargada de incidencia de Ciudadanía Inteligente -fundación que integra la Alianza-, indicó que uno de los reglamentos que más retraso presenta es el relacionado con norma de participación ciudadana marcando solo un 50% de avance en las modificaciones para establecer un nuevo estándar de participación en materia ambiental.
Tal porcentaje no sería coherente con la importancia que lleva la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con los distintos actores, siendo además la presencia activa de las comunidades un derecho que se ha venido reforzando desde hace décadas en acuerdos como la Convención de Río de 1992 y el Acuerdo de Escazú. “Se ha llegado al consenso que la mejor manera de manejar estos temas ambientales que afectan a las personas en su vida diaria es con la participación de esas personas”.
“A un año de dictados los reglamentos relativos a la participación nos pone en alerta por la necesidad de sentir que las decisiones de los Estados se toman de manera justa y transparente. Necesitamos acceso a mecanismos de participación con estándares suficientes para que permitan a las personas entender lo que está detrás de una decisión pública”.
Josefina Correa indicó que las organizaciones adscritas al estudio buscan evidenciar la necesidad de avance también, frente a la mayor potencia y mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos críticos que se manifiestan a pequeña escala: “Lo ven en los desplazamientos, en la escasez de agua de manera determinante, y lo vemos en cómo estamos pensado habitar nuestro territorio para tener el mejor tipo de defensa o poder adaptarnos de una mejor manera”, expresó.
“Los efectos se dejan sentir a nivel local y en el territorio de las personas y eso es parte de reglamentos que tiene que ver cómo vamos a ordenar nuestro modo de habitar, dónde se emplazan las personas para que estén libres de riesgos y amenazas”.
