En entrevista, la abogada de Derechos Humanos del sitio de memoria Londres 38, indicó que el tiempo invertido en la investigación y la dedicación a estudiar los patrones de la violencia institucional que se ejerció contra manifestantes durante el estallido social, son suficientes como para haber formalizado a altos mandos de Carabineros, en particular, al general Ricardo Yañez, quien en ese tiempo lideraba la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.
Señaló que el origen de la querella que presentaron como entidad años atrás, responde a más de 2 mil denuncias que en ese entonces levantó la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y que merecían ser investigadas con la debida diligencia, expresó.
El ex director y actualmente General de Carabineros, quien ya se le sindica en calidad de imputado, ha eludido colaborar con la justicia al menos en 6 ocasiones desde el 2022, situación que pone en entredicho el mensaje de colaborar que anunció al gobierno, señaló la abogada.
“Esas series de entramados de la causa justifican una formalización hace meses, desde que se le comenzó a investigar como imputado. La interrogante es por qué no se formaliza si los antecedentes están en carpeta”
Por otro lado, Karinna Fernández, lamentó la situación de Nicolás Piña, preso de la revuelta quien ha sido sentenciado a cumplir una condena de 10 años, y cuya medida cautelar de arresto domiciliario fue cambiada recientemente a prisión preventiva.
“Durante el actual gobierno se ha desplegado la persecución más dura en contra de Nicolás, donde las únicas pruebas en su contra son dichos de carabineros intramarchas, además de haber sido secuestrado y torturado en un furgón sin ninguna característica de pertenecer a la institución policial”.
“En un contexto de protesta los funcionarios no buscan acciones preventivas sino generar pruebas que llamamos ilícitas, dado que no cumplen con establecer comunicación con un juez o un fiscal, siendo sólo sus afirmaciones ante los tribunales las que dicen que fue él quien lanzó una molotov en contra de un vehículo policial”.
Al igual que en el caso de Alex Núñez, trabajador golpeado por carabineros con resultado de muerte, “no hay ningún imputado y los responsables siguen ejerciendo en las fuerzas de orden del país”, expresó aludiendo al sesgo de justicia de clase que rodearía a estos casos.
La abogada también deploró los dichos del fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a indicar que no existe sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido “porque no corresponde a la figura opinar sobre investigaciones en curso, lo que se considera desde la perspectiva del derecho internacional, como una afectación a la independencia de los propios funcionarios que realizar la investigación”, precisó.
