La mañana de este martes, el Movimiento Salud en Resistencia presentó a la opinión pública un informe sobre los pacientes afectados por violencia de Estado en el contexto del Estallido Social de 2019, esto en las vísperas de una conmemoración que ha estado marcada por una operación política-mediática para criminalizar y desprestigiar la revuelta social.
El informe mantiene al menos 4 ejes centrales de violencia estatal: Lesiones provocadas por balines, perdigones, lacrimógenas o apremios ilegítimos. Acompañamiento jurídico a sobrevivientes de violencia de Estado. Prisión política y salud mental, en contexto de protesta y prisión. Cabe destacar que las cifras que entrega el MSR no incluye a las y los sobrevivientes de la violencia estatal en regiones, lo mismo ocurre con la prisión política.
Las heridas que provocó el Estado
El documento elaborado por el MSR señala: “Según el análisis de fichas clínicas, entre octubre y enero de 2020, se contabilizaron 1698 registros de atención a lesionados/as en contexto de manifestaciones, de los cuales 1491 fueron catalogados como una consecuencia directa de agresiones por agentes del Estado. De ellos, un total de 821 personas presentaron lesiones por impacto de perdigones”, Carla Pellegrin, miembro de la MSR, detalló, además, que hubo más de 20 diferentes brigadas en la calle atendiendo a los heridos que se contaban por centenares.
Es importante consignar que según las cifras oficiales 34 personas fallecieron por causa de la violencia estatal o por civiles que atacaron focos de protesta.
La distribución de los perdigones recibidos por las víctimas es; 16,7% en cabeza y cuello. 20,3% en el tronco, abdomen o pelvis. 41% en las extremidades inferiores y 21,8% en las extremidades superiores.
El informe detalla, “295 lesionados evolucionaron con heridas complicadas o con perdigones en sitios muy profundos, los cuales se manejaron a través de un policlínico de seguimiento integral”, que funciono entre noviembre de 2019 y enero de 2020. Si embargo, en septiembre de 2021, tras la presión social, este volvió a funcionar.
Tras los problemas relacionados con los programas estatales como el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), el cual fue levantado por el gobierno del ex presidente Piñera ante la presión nacional e internacional por el número de heridos oculares. Fueron, en gran parte, las brigadas de salud, quienes se comprometieron con el seguimiento de atención médica a las víctimas de violencia estatal.
Diversas agrupaciones denunciaron en su momento los retrasos, y problemas de revictimización que vivieron en los primeros años del PIRO, el cual incluso se mantuvo en tomado por algunos meses. Este programa, ha sido reemplazado por el Plan de Acompañamiento y Cuidado a personas víctimas de Trauma Ocular (PACTO), que recién ha sido implementado en agosto de este año.
Impunidad una práctica de Estado
Felipe Salazar, otro miembro del MSR, comento sobre los aspectos legales y el acompañamiento jurídico de las víctimas. En primera instancia preciso “Según datos entregados por Carabineros se dispararon alrededor de 151.258 cartuchos, calibre 12, eso da un total de 1.815.456 perdigones.
El informe incluye también los análisis de la Universidad de Chile, La Universidad Austral y la Universidad de Valparaíso, que indican que los supuestos balines de goma, estarían compuestos de metales pesados como plomo en un 30%.
Respecto a la atención jurídica a personas afectadas en su integridad física y psicológica, el MSR ha tratado alrededor de 100, las cuales Felipe Salazar señala: “El ministerio público tiene problemas para poder desarrollar las investigaciones, principalmente porque quien tiene la mayor cantidad de evidencias es el mismo agresor, en este caso Carabineros”.
Cerca del 80% de los casos recibieron un cierre prematuro del proceso y en el 90% de los casos las personas no pueden identificar quién es el agresor.
Otro de los temas importantes sobre los disparos con escopetas antidisturbios es que el mismo protocolo de Carabineros, indica que se debe disparar a 30 metros o más. Sin embargo, los relatos jurídicos resaltan que los disparos fueron en su mayoría a 2, a 3 y a 5 metros. Todo esto dentro de la muestra del MSR.
La impunidad, también es un hecho latente, debido a que este año prescriben la mayoría de causas civiles, al cumplirse 4 años de los hechos, mientras que las causas penales, apunta Salazar “prescribe en 5 años”.
Prisión Política
En el eje de la prisión política, el informe estima que 1130 personas fueron judicializadas y encarceladas por delitos relacionados con el Estallido Social. El equipo técnico del MSR trató a los presos políticos de la cárcel concesionada Santiago 1, atendiendo a 75 personas encarceladas.
Roberto Bermúdez, parte del equipo judicial del MSR explicó “cualquier persona que haya sido detenida y encarcelada en ese periodo (presuntamente por delitos relacionados con el estallido social) fue sometida a un régimen mayor de prisión preventiva mayor al que debería haber sido establecido”. Agregando, “en la inmensa mayoría de los casos que nos tocó atender, las personas eran liberadas luego de 10 meses, 11 meses o un año, eran liberadas o absueltas, o que la condena del delito que se le imputaba es menor a la condena ya cumplida”.
Salud Mental: “La violencia se inscribió en los cuerpos y en su emocionalidad”
Cecilia Jiménez, miembro del equipo psicológico del MSR, detallo las problemáticas de salud mental de las personas que fueron mutiladas, golpeadas, torturadas o encarceladas durante la revuelta social.
“Las personas que están con perdigones hoy en día, también sienten que hay un cuerpo extraño, que no saben qué secuelas va a tener o está teniendo en su futuro y eso naturalmente provoca un estrés”, apunta Cecilia Jiménez. Dentro de las diversas problemáticas que se señalan en el informe están, las pesadillas, síntomas de insomnio mixto, alteración del apetito, y fenómenos de flashback. Es importante consignar que a raíz de la violencia estatal y la revictimización provocada ya han ocurrido 4 suicidios de víctimas de trauma ocular.
A 4 años del estallido social, el Movimiento Salud en Resistencia entrega las cifras de un informe propio, las principales conclusiones que se expresan son: La existencia de la prisión política en Chile, la impunidad latente para los perpetradores de la violencia estatal y la falta de voluntad del Estado en su conjunto para solucionar esta herida abierta en el pueblo chileno.
