Durante la semana, el Ejecutivo explicó en detalle a la Comisión de Seguridad Pública del Senado el veto presentado al proyecto de ley para modificar las sanciones al delito de usurpación. La Diputada por el Distrito 10 e integrante de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Lorena Fries, indicó que los cambios buscan transformarlo en un proyecto razonable.
Se requiere actualizar ese delito, expresó la parlamentaria, dado el aumento de bandas criminales especializadas en este tipo de estafas, y también por la necesidad de dar garantía a las personas que de buena fe tienen títulos de propiedad en zonas que son reclamadas por comunidades mapuches en el sur.
“Hay una desproporción y se abre la puerta al aumento de la violencia y de la conflictividad saliéndose del marco institucional y de la justicia”, señaló la Diputada respecto al proyecto original y que motivó el veto del gobierno.
Indicó que desde el oficialismo buscan dar gradualidad a la ley, descartando la autotutela y la legítima defensa privilegiada.
Lorena Fries, explicó que los 14 vetos que componen el documento, tanto supresivos como aditivos, requieren una técnica legislativa bien compleja. El veto ingresará al Senado, va a la comisión de seguridad que califica el veto y luego va a la sala y el Presidente del Senado lo puede recalificar, nominando si es aditivo o supresivo, lo que cambia la forma de votar.
“Hemos avanzado y estamos en una media bastante satisfactoria y donde es importante salvar el veto. expresó.
“Hubiésemos podido llegar a una nueva ley si la oposición hubiese sido responsable y no lo fue, y fueron por votar la de legítima defensa y hoy se entrampan si es multa o prisión , y ellos insisten en la prisión”, indicó respecto al comportamiento de la oposición con el proyecto, aduciendo que existen usurpaciones legitimadas por el estado de necesidad de las personas y para lo cual lo que se requiere es una reingeniería, y a futuro, pensar en un nuevo proyecto de garantías.
