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Cientos de pobladores marchan por terrenos para viviendas sociales en Huechuraba

Cerca de 500 personas agrupadas en el Movimiento Solidario Vida Digna marcharon por Av. Recoleta cuestionando el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno, exigiendo compra de suelo para vivienda social y veto presidencial a la Ley de Usurpaciones conocida popularmente como ley Anti-tomas.

Más de 500 personas agrupadas en el Movimiento Solidario Vida Digna realizaron una masiva marcha por la vivienda en la comuna de Huechuraba durante la tarde de este sábado 2 de septiembre.

El movimiento criticó la política habitacional del actual gobierno, señalando que “se habla de un Plan de Emergencia Habitacional, y a pesar que en Huechuraba hay muchos terrenos sin uso, seguimos sin acceder a ellos. Nuestra comuna está creciendo en beneficio del sector más privilegiado del país, destinándose grandes porciones de suelo para proyectos de vivienda ABC1 para el arriendo y no para dar solución a las familias sin casa”.

Simón González, vocero del Movimiento Solidario Vida Digna, nos más detalles sobre la movilización, a la que adhirieron diferentes comités de viviendas y allegados de la comuna de Huechuraba.

De acuerdo al comunicado, demandan cuatro puntos al gobierno:

  1. Que se compren terrenos dentro de nuestra comuna para construir vivienda social para no desarraigarnos.
  2. Que la compra de terrenos se haga sin exigir a las familias un aumento en el ahorro, ya que no es posible por el aumento del costo de la vida, y tampoco es justo, porque ese dinero solo financia la especulación del precio del suelo.
  3. Que se agilicen los procesos de postulación y construcción de viviendas que se encuentran en curso.
  4. Que se ponga un veto presidencial a la Ley Anti-tomas que acaba de ser aprobada porque lejos de resolver el problema, solo criminaliza la pobreza.

En relación a este último punto, la Ley de Usurpaciones, recientemente aprobada por el Congreso, ha sido cuestionada, entre otros aspectos, por el hecho de crear la figura de legítima defensa privilegiada, que permitirá a propietarios restituir directamente, o a través de intermediarios privados, el control de la propiedad, además de extender el periodo de flagrancia y condenar con penas de cárcel la toma de un predio, aún para casos de familias que no tienen un lugar dónde vivir.

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