En la tarde del jueves, en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, concluyó el juicio en contra del sargento de carabineros, acusado de disparar a un joven trabajador de 29 años, causándole daño ocular irreparable.
Según la acusación, la tarde del 22 de octubre de 2019, en la Plaza Dagoberto Godoy de la comuna de Temuco. El sargento primero Juan Felipe Gonzáles Ganga efectuó un tiro de escopeta desde el interior de un carro lanza gases, sin justificación, ni proporcionalidad, de forma antirreglamentaria y contraria a la doctrina institucional.
Desde el Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos regional, se solicitaron 15 años de cárcel de comprobarse su participación, mientras que el Ministerio Público optó por solicitar 12 años.
Sebastián Saavedra, abogado querellante, esclareció detalles sobre el juicio, calificando las pruebas que acreditan la participación del acusado Gonzáles Ganga como “contundentes”. Razón por la que esperan un “veredicto condenatorio” para el día martes 1 de agosto, día en que se leerá la sentencia.
Funcionarios policiales indicaron “no presenciar los hechos”
Durante el juicio, la defensa llamó a declarar a los demás funcionarios que acompañaban al acusado el día 22 de octubre, mientras reprimían las protestas en el centro de la ciudad.
Los policías confirmaron que Gonzáles Ganga, era el encargado de disparar la escopeta, no obstante, señala Saavedra, “ninguno de ellos indicó haber presenciado los hechos”, sin embargo, sugirieron que cualquiera de los disparos efectuados ese día, pudo haber dañado al joven de iniciales C.O.M. Versión que se contrasta con el vídeo presentado como prueba por el Ministerio Público.
De encontrarse culpable al acusado, las penas que arriesga son variables, nos comenta el abogado. Dependiendo de la calificación jurídica del delito, las penas se reducirían desde los 10 a 15 años, hasta, incluso, 3 a 5 años.
Los ojos cegados en la Araucanía
Según cifras del INDH, solo en el contexto del estallido en la región existieron al menos 10 casos de trauma ocular registrados durante el 2019.
Saavedra comenta que Cidsur, ha representado al menos a 4 personas que han sido víctimas de trauma ocular en la región, de las cuales solo dos causas han avanzado a juicio oral. El abogado de derechos humanos, asegura que “lamentablemente, de parte de la fiscalía no ha existido una inversión suficiente en recursos tanto humanos como materiales, para la importancia que revisten estos hechos”. Además, agrega que “solo dos fiscales deben investigar todas las violaciones a los derechos humanos, tanto dentro del estallido como fuera de él”.
Este martes se conocerá el veredicto del primer caso que busca encontrar justicia para un joven mutilado ocular durante la revuelta popular en la región de La Araucanía. El primero de 10 casos de trauma ocular acreditados por el INDH en la región.
