La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía abrió una investigación que involucra al actual Gobernador Regional GORE, Luciano Rivas (RN), por negociaciones incompatibles, tráfico de influencia y fraude al fisco, luego que se denunciara sobre un traspaso de $2 mil millones a Héctor Troncoso, presidente de Fundación Local y quien figura como amigo personal de la autoridad regional.
Mencionando una serie de irregularidades en esta adjudicación, Alfredo Seguel, periodista de El Ciudadano dio a conocer en entrevista, otros antecedentes en la gestión del GORE de La Araucanía, involucrado en traspasos a organizaciones con intereses políticos en común.
El gobernador y ex vocero del Apra -multigremial que aglutina a principales sectores industriales del sur de Chile: forestales, latifundios agroindustrial, camioneros, entre otros- también adjudicó $400 millones a Fundación Coihue, entidad presidida por la ex candidata de la UDI, Claudia Lillo, y en cuyo directorio participan Sebastián Naveillán, sobrino de la diputada Gloria Naveillán, ambos integrantes de la misma multigremial.
El periodista también indicó que existen otra series de montos destinados de forma desprolija, arbitraria y abusiva, orientadas a beneficiar intereses privados, donde también aparecen algunas universidades de la región en las asignaciones a fines del año 2022, entre ellas: la Universidad Santo Tomás con $330 millones; la Universidad Mayor con $3736 millones; $3150 millones para la universidad de La Frontera y $3150 Millones para la Universidad Autónoma.
Frente a un problema que calificó como generalizado y extensivo a diversos sectores políticos, Alfredo Seguel indicó que estamos frente a una decadencia institucional: “Todo está siendo subsidiado y (las organizaciones) son satélite a ciertos sectores vinculados al poder político y económico que crean fundaciones y corporaciones para intermediar con estos recursos y cumplir ciertas funciones sociales, donde a veces ni siquiera se realizan los trabajos, como pensamos que ocurre con Luciano Rivas”, señaló.
Respecto a la acusación que ha anunciado la diputada por el Distrito N° 23, Ericka Ñanco, en contra del gobernador Rivas, Seguel indicó que es esperable que se genere algún tipo de regulación.
Por otro lado, valoró la iniciativa del ejecutivo de sancionar con cárcel los delitos económicos y ambientales, y señaló las repercusiones negativas para el gobierno por el caso Convenios, pese a ocupar un milésimo lugar en la escala de montos de recursos asignados.
“Es una oportunidad para generar una instancia de mayor probidad y supervigilancia por organismos autónomos. Esto también deja en manifiesto que la Contraloría está superada o es incompetente, por lo que debe ser transformada o reformada”, precisó.
